Denuncian a Uber y Cabify ante Inspección de Trabajo por supuestas irregularidades

Nuevo frente legal abierto para Uber y Cabify. Una agrupación de sindicatos de toda España, entre ellas la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) junto a la plataforma Taxi Project, presentará hoy múltiples denuncias ante las delegaciones provinciales de Inspección de Trabajo en todos los territorios donde operan ambas compañías por supuesto incumplimiento de la legislación laboral. Su acusación se centra en el tiempo que los conductores esperan a que les salte un servicio en las 'apps' y que puede ser de varias horas al día. Los sindicatos acusan a Uber y Cabify de remunerar de forma precaria a los empleados por este concepto, ahorrándose así millones de euros.

"Cabify obliga a los conductores a mantener activada la aplicación y dar respuesta a los servicios que puedan recibir durante 4 horas diarias que se suman a su jornada de 8 horas de trabajo. Es decir, tienen una jornada de 12 horas durante las que no pueden disponer de su tiempo, ya que deben responder de forma inmediata a las peticiones de Cabify a riesgo de ser penalizados o incluso de perder su trabajo. Y todo ello por una retribución adicional de 8 euros mensuales como supuesta contrapartida”, explica Nacho Parra, abogado del Colectivo Ronda, organización que ha elaborado y estudiado las denuncias en nombre de las organizaciones sindicales.

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Según las diferentes denuncias, a las que ha tenido acceso Teknautas (se puede consultar debajo la de Barcelona), esta situación es incompatible con el contenido de la Directiva 2003/88/CE que establece que los periodos de "guardia" o de "disponibilidad" sólo pueden tener la consideración de “periodo de descanso” o “tiempo de trabajo”, sin que quepan figuras intermedias como pretenden normalizar Cabify o Uber.

"La legislación europea contempla que pueda no computar como jornada un periodo de tiempo en el que el trabajador, a pesar de estar en situación de guardia, pueda realizar con normalidad sus actividades personales. Pero esto no ocurre con Uber y Cabify. Deben responder en el tiempo máximo establecido y permanecer vinculados a sus verdaderos centros de trabajo: el coche y, virtualmente, la aplicación móvil", señala Parra. "Supone una vulneración evidente de los límites establecidos para el tiempo máximo de trabajo. Ahora, además, también resultaría más que cuestionable que no se esté vulnerando también el derecho a la desconexión digital”.

En la denuncia, presentada ante las Inspecciones de Trabajo provinciales de la Comunidad de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Galicia y País Vasco, se han unido diferentes grupos sindicales, como la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), la Intersindical Valenciana (IV), la Central Unitaria de Treballadores (CUT) y el Frente de Obreros en Lucha (FOL), además de la plataforma Taxi Project, liderada por el portavoz de Élite Taxi Alberto 'Tito' Álvarez.

"Tenemos contratos firmados entre conductores y Prestige & Limousine, propiedad de Cabify, en los que se exige al trabajador una jornada de 12 horas, dividida entre 8 horas diarias efectivas y 4 de presencia. Es decir, 4 horas al día en las que tienen que estar pendientes de la 'app' sin poder hacer otra cosa y por las que remuneran 8 euros al mes. Pedimos a Inspección de Trabajo que investigue esto y que exija a Uber y Cabify que la jornada laboral empiece a contar desde que los concudctores encienden la 'app''", explica Álvarez. Consultados por este diario, Uber y Cabify han evitado valorar esta nueva denuncia.

No es la primera demanda a Uber y Cabify ante Inspección de Trabajo. La Federación Española del Taxi, Fedetaxi, tiene lista una por lo que considera cesión ilegal de trabajadores entre ambas plataformas y las compañías de gestión de flotas de coches VTC. Estas últimas, firmas como Vector Ronda (ahora propiedad de Cabify y antes del empresario Rosauro Varo) o Moove Cars, son las que, a través de agencias de trabajo temporal, contratan y pagan a los conductores. Sin embargo, el taxi argumenta que la forma en que se realiza esa cesión incumple el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores.

El presidente de la patronal de empresas VTC, Eduardo Martín, ya se pronunció recientemente sobre estas denuncias. "Otra cosa no, pero inspecciones tenemos de sobra. De hecho, me he reunido recientemente con Trabajo para intentar entender por qué tienen que hacernos hasta cuatro visitas al año. Si no han abierto ningún expediente hasta ahora, por algo es. Estamos supertranquilos".