Polémica sobre el seguimiento del INE a los móviles de todos los españoles: "Es ilegal"

Nueva polémica sobre la privacidad de tus datos, y esta vez salpica a los operadores españoles y a tu propio móvil. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, comenzará en tres semanas una operación de seguimiento de los móviles de los españoles para conocer con más exactitud sus hábitos de movilidad y poder actuar conforme a cómo se mueven los ciudadanos. Aseguran que los datos recabados serán anónimos y conseguidos a través de las tres operadoras dueñas de las líneas de teléfono (Movistar, Orange y Vodafone) para cumplir con las leyes, pero abogados y expertos en protección de datos opinan lo contrario sobre su legitimidad.

El INE analizará durante cuatro días laborables consecutivos de noviembre, del 18 al 21, los movimientos de teléfonos móviles en España, según ha informado 'El País'. El organismo asegura que solo van a recopilar datos de recuentos de móviles en determinadas zonas y que se tratará en todo momento de datos anonimizados, es decir, no habrá vinculación al número móvil de los abonados. "Sabremos, por ejemplo, cuántos móviles hay a las 17:00 en una calle determinada en cualquier ciudad de más de 15.000 habitantes, pero nada más. Las operadoras no nos dan datos de posicionamiento de los clientes, son recuentos anónimos y este uso está sometido a la Ley de la Función Estadística Pública, como todo lo que hacemos", señala un portavoz del INE a Teknautas.

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El contrato entre el organismo público y los tres operadores, aún en fase de licitación, asciende a 500.000 euros. Los operadores analizarán la posición de los móviles anonimizados entre las 00:00 y las 6:00 de la mañana para establecer el lugar de residencia. Y entre las 9:00 y las 18:00 se examinarán los flujos de personas. Con esta metodología, el INE podrá saber cuáles son los flujos de personas del hogar al lugar de trabajo, dónde se encuentra el lugar de trabajo de forma agregada y establecer tendencias que se podrán usar para que los ayuntamientos tomen decisiones relativas al transporte y la movilidad.

Toda esta información la ha confirmado el propio organismo público a través de un comunicado publicado en la tarde de este martes. En el texto, asegura que "la metodología del estudio divide el territorio nacional en unas 3.200 celdas, cada una de ellas con al menos 5.000 residentes. Para cada celda, el INE recibirá información de los tres principales operadores de telefonía móvil de España sobre cuántos terminales se encuentran en dicha celda en varios momentos del día. Esta información se limitará a un recuento de terminales que será proporcionado al INE en forma de tablas agregadas de resultados".

Además, el instituto reitera que "los operadores no facilitarán datos individuales sobre números de teléfono, ni sobre los titulares de las líneas, por lo que en ningún caso el INE podrá rastrear la posición de ningún terminal. El INE quiere recalcar que se trata de una estadística sometida, como todas las que elabora, a la Ley de la Función Estadística Pública, que garantiza el secreto estadístico y que cumple con todos los requerimientos de la Ley de Protección de Datos".

Dudas legales

Según el abogado especializado en derecho y tecnología David Maeztu, el problema, sin embargo, no está en los datos anónimos y la LOPD a la que hacen referencia al hablar de este frente, sino en una ley que está un paso antes, la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas. "La ley pone una serie de supuestos en los que las operadoras pueden conservar distintos datos, como el tráfico o la localización del usuario, y entre esos supuestos no está el uso estadístico de los mismos. Es un uso ilegal", apunta este letrado en conversación con Teknautas.

Para Maeztu, la decisión del INE va contra esta ley y por tanto lo de cumplir con la LOPD no sirve de nada si no se cumple con este primer requisito. "Las operadoras no les pueden ceder estos datos con el objetivo que buscan, por tanto lo de que sean anónimos o no, no importa", apunta el abogado. Y el asunto no solo se queda en algo nacional, sino que esta operación puede saltar a la Justicia europea. "El TJUE ya anuló hace años una directiva de conservación de datos, que es a la que hace referencia nuestra ley, por los problemas con la recopilación de este tipo de datos para usos estadísticos. En Europa, se toman muy en serio este tema".

De momento, no hay más información oficial sobre el acuerdo entre el INE y las operadoras que aclare, por ejemplo, si se van a recabar más datos que los recuentos de móviles por zonas, aunque no se vayan a publicar. Este diario sí ha podido confirmar que el acuerdo económico de cesión de datos entre las tres operadoras y el INE asciende a medio millón de euros: 185.000 para Orange, 163.000 para Vodafone y 150.000 para Vodafone.

Para Maeztu, que haya una finalidad comercial por parte de las operadoras en la cesión de estos datos, aunque sean anónimos, es un incumplimiento aún más claro de la ley de conservación de datos. "La ley establece claramente que si existe una finalidad comercial, se debe pedir el consentimiento expreso de los clientes, y eso no ha ocurrido aquí. Los contratos que firmamos no son una petición de consentimiento expreso: ¿qué hay, por ejemplo, de la gente con móviles prepago?".

La granularidad del dato

Sin embargo, su opinión choca con la de otros expertos como el también abogado especialista en tecnología Sergio Carrasco, que defiende que si de verdad lo que se cede al INE son bases de datos anonimizadas y sin posibilidad de identificar a ningún usuario, estas leyes no afectarían en este caso. "Todo depende de la granularidad de los datos que se ofrezcan. Según el INE, van a dividir el territorio en celdas, aglutinando a un gran número de personas por celdas y viendo cómo se mueven todos esos usuarios. Si las celdas son amplias y no se trata con detalle la información de cada usuario, no harían nada ilegal", apunta este experto.

Según explica Carrasco, esta práctica es algo más que habitual en todo tipo de empresas, e incluso las telefónicas tienen sus propias divisiones para tratar toda esta información. "Son como esos estudios estadísticos que te dicen cómo ha votado tu barrio o qué nivel económico de media hay en tu distrito. Te ofrecen las zonas en celdas que muestran los datos, pero en ningún momento se da información con el detalle de uno u otro usuario. Ahí está la clave, en que la granularidad sea tan grande que impida cualquier identificación, además de que los datos sean, obviamente, anónimos".

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Por su parte, fuentes consultadas de las operadoras insisten en señalar que el acuerdo es legal, ya que se basa en la “venta de datos totalmente anónimos”. “Es un uso legítimo de los datos en función de nuestro negocio. Solo hay información anónima: por ejemplo, cuánta gente pasa por un sitio en un determinado momento, cuántos son hombres y cuántas mujeres, etc.”, explica un portavoz de Orange.

Sobre la Ley 25/2007, un portavoz de Telefónica asegura que no aplica en estos casos. "Esta norma establece la obligación de los operadores de telecomunicaciones a la conservación durante 12 meses de los datos generados o tratados en el marco de la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas a sus clientes, así como a la cesión de los mismos identificados y asociados a la persona física a la cual pertenecen a los agentes facultados (esto es, exclusivamente cuerpos policiales autorizados, personal del Centro Nacional de Inteligencia y de la Dirección de Vigilancia Aduanera) a través de la correspondiente autorización judicial, todo ello con fines de detección, investigación y enjuiciamiento de delitos graves previstos en el Código Penal o en las leyes penales especiales".

"En ningún caso se estaría vulnerando dicha norma, puesto que, de acuerdo con la Ley General de Telecomunicaciones, los operadores están obligados a anonimizar o cancelar estos datos cuando ya no sean necesarios a los efectos de la transmisión de una comunicación y/o de facturación o pago. Los datos que forman parte de este proyecto son anonimizados y por tanto no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello".