El próximo reto de los patinetes: integrarse en la red de transporte público

La irrupción en las ciudades españolas de los denominados vehículos de movilidad personal (VMP), especialmente el patinete eléctrico, está suponiendo una verdadera revolución en la movilidad de los ciudadanos, pero resulta incuestionable que también genera algunos quebraderos de cabeza para las administraciones públicas. Su encaje no siempre es sencillo.

A la evidente contribución a la sostenibilidad medioambiental que suponen hay que sumar los problemas originados en la búsqueda de su espacio urbano. La solución pasa inevitablemente por el trabajo conjunto y coordinado de los diferentes agentes implicados. Por este motivo, El Confidencial y Reby —plataforma de 'sharing' implantada en Barcelona y Zaragoza— organizaron un encuentro en el que participaron Cristina Castillo, cofundadora de la compañía; Teresa Riesgo, directora general de Investigación, Desarrollo e Innovación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades; José Santiago Lorenzo, director general de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla; Anna Merino, directora de Strategy & Economics en PwC España; Germán Bautista, director de Clientes y Negocio de grandes cuentas de Caser, y Jorge Ordás, subdirector de Movilidad y Tecnología de la DGT.

Cada vez es más habitual que peatones y coches compartan calzada o acera con bicis a motor, 'segways', monociclos, 'hoverboads' y un sinfín de nuevos medios de transporte, cuyas características comunes suelen ser un funcionamiento con electricidad y su carácter individual. Entre ellos, destaca el monopatín autónomo, por ser ampliamente el más utilizado, aunque todos contribuyen a ahorrar tiempo a los usuarios y evitar la emisión de gases contaminantes. Por eso, la plataforma de 'sharing' Reby reclama que las ciudades deben ser “compartidas” y “eléctricas”. La operadora, que alquila desde principios de año sus patinetes eléctricos en algunas urbes españolas, reclama “un cambio en la movilidad de los municipios”, y para ello considera necesario “sacar a los coches de las calles y ceder el espacio a los peatones y a los VMP”. Para su cofundadora, Cristina Castillo, el principal problema es que todavía “la Administración va muy por detrás de la tecnología”.

Concretamente, este desfase entre normativa y avances tecnológicos fue uno de los ejes centrales de la mesa redonda. En este sentido, Anna Merino, desde PwC, explicó que “la ausencia de una transición hacia este nuevo tipo de formas de movilidad ha desbordado a muchas administraciones locales, que finalmente han legislado de una forma perjudicial para los patinetes”. La representante de PwC reclamó “la esperada publicación del Real Decreto sobre Vehículos de Movilidad Personal del Ministerio del Interior, que previsiblemente unificará toda la normativa en esta materia”, pero también puso el foco de atención en los ayuntamientos: “No se puede prohibir sin antes hacer el esfuerzo de reconstruir y adaptar la ciudad”.

"Se está legislando con ordenanzas basadas en prohibiciones y moratorias o con soluciones improvisadas que fracasan rápidamente"

Por ejemplo, un modelo reconocido internacionalmente de convivencia entre peatones y VMP es Sevilla, con más de 200 kilómetros de carril-bici y donde “se han reducido un 27% los accidentes”, según detalló su director general de Movilidad. Este descenso en la siniestralidad se debe a “la segregación de los espacios y la limitación de velocidad”. Para José Santiago Lorenzo, es necesario desplazar el patinete “porque es un vehículo a motor”. “Sus recorridos y estacionamientos deben estar en la calzada, ya que la acera debe permanecer limpia y estar a disposición exclusiva de los peatones, tengan o no movilidad reducida”, sentenció. Idea que también apoyó la cofundadora de Reby, que afirmó que cuanto más comparta la gente, menos ocupación del espacio público tendremos. "Es una oportunidad que las ciudades tienen que aprovechar", concluyó.

Desde la propia capital andaluza, se está trabajando para implantar puntos de alquiler de monopatines autónomos cerca de las paradas de transporte público. De hecho, no se trata de la única entidad que recapacita sobre ello. Tanto las operadoras privadas de 'sharing' como los propios ayuntamientos han detectado que el uso de los VMP se basa en el concepto de primera y última milla, es decir, el usuario se desplaza en la red pública tradicional pero necesita otro vehículo para llegar con rapidez hasta y desde las paradas de autobús, tren o metro. Esta es la base de la 'micromovilidad', ya que, según un estudio de McKinsey Center for Future Mobility, alrededor del 60% de los viajes en coche que se realizan en el mundo cubre una distancia inferior a ocho kilómetros y, por lo tanto, en muchos casos pueden realizarse a través de medios no contaminantes.

Todos estos aspectos positivos fueron alabados por el representante de la DGT, quien hizo mención de la pionera Instrucción 16/V-124 que la organización publicó en 2016 en aras de una mayor seguridad. Jorge Ordás recordó que, “en 2018, un total de 489 personas perdieron la vida en vías urbanas, por lo que no se puede bajar la guardia”, ya que la realidad todavía es que “en España circulan 33 millones de coches”. Para la DGT, además de la bajada de velocidad en ciudad —programada ya por el Gobierno en 30 kilómetros por hora y que entrará en vigor con la aprobación del mencionado real decreto— y de la necesaria segregación por carriles, “deberían ser obligatorios para los VMP tanto el casco y los reflectores como la contratación de un seguro”.

No obstante, desde la DGT reconocen que todavía existe “mucha costumbre de utilizar el coche en España” y que fomentar los nuevos medios “saca al usuario de la zona de confort”. Esto implica, según indicó el director general de Movilidad del consistorio sevillano, que “no basta con poner una oferta amplia, sino que igualmente hay que forzar de alguna manera que el conductor pruebe esa alternativa”, y esto se puede lograr “con tasas por entrar al centro de las ciudades en coche, estacionamiento regulado o peajes”. En otra dirección, Germán Bautista centró algunas de sus intervenciones en matizar que “se apostará más por los VMP siempre que existan valores añadidos”. El representante de Caser detalló que “si se garantizan tiempos de desplazamientos más cortos, los ciudadanos cambiarán su comportamiento y se decantarán por los nuevos sistemas de transporte”.

IoT y 'big data' para mejorar el servicio

Además de los mencionados, también pueden existir otros valores agregados a los sistemas compartidos de desplazamiento. Desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, se apuntó la posibilidad de su utilización para realizar “labores adicionales” a través del internet de las cosas. Teresa Riesgo puso un ejemplo clarificador: “Los desplazamientos cotidianos pueden servir para medir la contaminación o el ruido ambiental mediante sensores en tiempo real y elaborar con estos datos un mapa de bajo coste y gran utilidad”. “Es evidente el efecto beneficioso que esta tecnología aporta a la ciudadanía —matizó— y cómo contribuye a alcanzar los objetivos que marca Europa sobre la emisión de carbono”.

Todos los participantes en el encuentro coincidieron, además, en que uno de los grandes retos consiste en integrar el funcionamiento, medios de pago, aplicaciones e información del servicio en la red de transporte público de cada ciudad. “Como residente en una gran capital, debo reconocer que en mi teléfono móvil hay demasiadas aplicaciones, una por cada empresa que gestiona un servicio relacionado con la movilidad”, admitió la propia Teresa Riesgo, y añadió que “sería ideal aunar todos estos servicios en una única plataforma”. En este sentido, Germán Bautista afirmó que “es contraproducente que el cliente tenga que descargar y utilizar tantas 'apps' distintas” y defendió la creación de “ecosistemas digitales que faciliten información actualizada y recomendaciones de itinerarios, aportando valor con el uso del 'big data'”. El guante fue recogido por Jorge Ordás, desde la DGT, que coincidió en este razonamiento y abundó en que, efectivamente, “las administraciones deberían ser facilitadoras de esta integración”. José Santiago Lorenzo se sumó a este postulado y evidenció que “ya existen modelos de este tipo de concentración de compañías y servicios”. Para ello, estableció una comparación con los consorcios de la red pública andaluza o madrileña, donde “ya se intenta integrar a los diferentes operadores de transportes en una única tarjeta y con un único pago”.

Colaboración público-privada

Otro de los aspectos donde confluyeron las posturas fue el relativo a la necesaria colaboración público-privada. Anna Merino razonó que “la Administración necesita a los operadores privados y estos requieren de una buena predisposición por parte de los ayuntamientos”. Profundizando en este tema, Cristina Castillo corroboró que actualmente las compañías como Reby se encuentran con “ordenanzas basadas en prohibiciones y moratorias” o con “soluciones improvisadas que fracasan rápidamente”. La representante de la operadora de patinetes explicó que “en vez de animar a la investigación y ponerlo fácil para las empresas pequeñas y de nueva creación, muchas de ellas se ven obligadas a cerrar porque no coinciden los tiempos de la Administración pública o por el miedo a la falta de seguridad”.

No fueron los únicos temas que se pusieron encima de la mesa. La necesidad de sensibilizar a la población, la obligación de segregar los espacios de las ciudades o el compromiso para conseguir una regulación que evite situaciones peligrosas fueron algunos de ellos. Precisamente sobre los riesgos que implica el uso de los VMP, Cristina Castillo aportó un dato importante: “Solo en Barcelona, se producen más de 400 muertes prematuras relacionadas con la contaminación al año, frente a los cuatro o cinco incidentes graves que los patinetes han provocado en toda España”. Aunque la cofundadora de Reby reconoció que “trabajan constantemente” para evitar percances y concienciar de la importancia de hacer un buen uso de estos medios, también subrayó como prioritario “terminar con la situación de emergencia medioambiental que tenemos actualmente y que requiere medidas drásticas”.