Por qué los drones de la DGT no pueden cazarte si vas corriendo más de la cuenta

Es posible que en uno de sus últimos desplazamientos, hacia su destino vacacional o ya de vuelta, se haya encontrado en la carretera con uno de los 11 drones que la Dirección General de Tráfico ha desplegado este verano para mejorar la vigilancia y detectar infracciones como nunca antes. Estos dispositivos llevaban probándose desde febrero de 2018, pero ha sido a partir del 1 de este mes cuando podrán empezar a multar a los conductores si observan a uno saltándose un Stop o tirando una colilla por la ventana, dado que el Centro Español de Metrología ha certificado tres de ellos otorgándoles esta capacidad.

Sin embargo, hay algo que estos drones aún no pueden hacer: sancionar a quienes cometan un exceso de velocidad. Existen motivos técnicos pero también legales para ello.

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Valentine Hilaire Agencias

El primer motivo es que estos drones difícilmente pueden cargar con un cinemómetro —el dispositivo que mide la velocidad de los coches— como los que equipan los radares fijos o móviles. De acuerdo con un operador de drones que prefiere no ser nombrado en este artículo, los de la DGT son dispositivos DJI serie Matrice 200, un modelo muy resistente (habitualmente empleados en seguridad e industria, por ejemplo, para la revisión de torres eléctricas o aerogeneradores) pero con solo dos kilos de capacidad de carga. El dron está equipado con una cámara z30 con un zoom 30x "capaz incluso de ver si el conductor está fumando", explica este operador.

Sin embargo, esta precisión no sirve de nada a la hora de medir excesos de velocidad. La alternativa al cinemómetro podría ser el GPS, y de hecho existen aplicaciones basadas en esta tecnología de posicionamiento que registran la velocidad de los objetos. Pero a efectos legales, no es suficiente. "Para poder medir excesos de velocidad, tienen que tener una estabilidad, el GPS no es válido para una medición así porque es un instrumento de navegación como el que llevan los móviles, su precisión es de +/- 1,50 metros", explica este operador de drones. "Tienen que hacerse cinco mediciones para que un registro sea válido, y si una de ellas no da exceso de velocidad, y eso puede ocurrir, se te fastidia la medida".

Para Jordi Sandalinas, abogado especializado en derecho de los drones y profesor de la Universitat Oberta de Catalunya, "el dron, a diferencia de los radares estáticos, tiene una capacidad de maniobrabilidad que hace que surjan algunas cuestiones jurídicas". En primer lugar, los fundamentos que sirven para recurrir las sanciones notificadas con el uso de un radar podrían ser aplicables a los drones.

Los drones son definidos como vehículos aéreos no tripulados, y hasta incluso esto podría generar litigios. "La automatización de los mismos puede ser discutible, así como también el hecho de que puedan considerarse aeronaves autónomas, cuyo régimen no está regulado por el RD 1036/2017", una normativa que reza textualmente: "En coherencia con la convención internacional en la materia y las normas de derecho comparado, no regula el uso de aeronaves civiles no tripuladas que no permiten la intervención del piloto en la gestión del vuelo, las denominadas aeronaves autónomas, cuyo uso en el espacio aéreo español y en el que España es responsable de la prestación de servicios de tránsito aéreo no está permitido".

En este caso, de momento los drones no están automatizados sino controlados por los agentes de la Guardia Civil.

¿Y si las otras multas tampoco valen?

No es el único tema relacionado con estos nuevos drones que sale a la palestra. Automovilistas Europeos Asociados, una organización de defensa de los conductores, advirtió la semana pasada que las multas puestas por un dron podrían no ser válidas al no ser directamente observadas por agentes de la Guardia Civil.

"Por otro lado, resulta un poco preocupante el tema de la privacidad y la intimidad de las personas", dice Sandalinas. "Si bien en el caso de los radares vemos cómo requieren la identificación del conductor, en el de los drones me pregunto si sería posible plantear cuestiones relativas a la intimidad y dignidad personal si un dron de la DGT captura imágenes o escenas relativas a la vida privada de una persona". Para el abogado, "habría base para la recurribilidad desde esta perspectiva quizás, aunque es muy prematuro poder afirmar esto con rotundidad, me preocupa que entremos en una sociedad 'orwelliana', aunque de momento estamos lejos de ello".

Por primera vez, la Agencia Española de Protección de Datos hizo públicas este mes de junio unas recomendaciones para no quebrantar sus leyes mientras se vuelan drones. Pero este caso tiene otra derivada interesante: las aplicaciones nativas del dron pertenecen a DJI, fabricante de origen chino, al igual que a su caja negra sólo se le puede meter mano con las aplicaciones forenses del fabricante. Los datos generados se suben a sus servidores en China, lo que hizo que el ejército de Estados Unidos dejara de comprar drones de esta marca en 2017 por precaución.

A este hándicap geoestratégico se añaden otras particularidades técnicas, como que estos drones no superan los 120 metros de altura, tienen un radio de acción de unos 500 metros y una velocidad máxima de entre 61 y 82 kilómetros por hora, por lo que no resultan prácticos para detectar excesos de velocidad. Además, están forzados a volver a la base cada 25 minutos como máximo.

En resumen, según los expertos, los drones desplegados por la DGT tienen una función más disuasoria que punitiva: están pensados para levantar el pie del acelerador al verlos. Serían un poco como los radares huecos que hay en muchas carreteras, pero en el aire.