APLAZADA LA PROPUESTA PARA GRAVAR VEHÍCULOS

Cabify lanza patinetes en Valencia en pleno bloqueo del 'sharing' por el pulso Ribó-PSOE

Movo coloca sus aparatos con un sistema de puntos privados de movilidad. Lime, Zity y otras compañías de vehículos compartidos siguen a la cola. Ribó aplaza la tasa por ocupación de vía

Foto: Uno de los puntos de recogida y entrega de patinetes de Movo (Cabify) en Valencia. (Movo)
Uno de los puntos de recogida y entrega de patinetes de Movo (Cabify) en Valencia. (Movo)

Movo ha encontrado la forma de lanzar al mercado de la ciudad de Valencia sus patinetes eléctricos compartidos. El operador participado por Cabify inició este martes su operación en la capital valenciana con un sistema de puntos de movilidad ('mobility points') que le permite desplegar sus aparatos a la espera de que el ayuntamiento apruebe la ordenanza definitiva que regulará el uso de los nuevos vehículos personales y el sistema de tasas por ocupación de la vía pública para los vehículos compartidos, como patinetes, motos y coches eléctricos. Movo ha fijado cinco puntos de entrega y recogida de patinetes, tres de ellos propios y otros dos con colaboradores externos (tiendas de bicicletas), que servirán de plataforma de lanzamiento y ensayo del servicio de alquiler disponible a través de su aplicación para iOs y Android.

Por el momento, la plataforma digitial para el uso de estos aparatos no se ha integrado en la 'app' de Cabify, como sí ocurre en Madrid o en Málaga, aunque no se descarta que sea así en un futuro. Al contrario que Uber, que abandonó la ciudad tras las restricciones impuestas por la Generalitat a los VTC tras la presión del taxi, Cabify ha decidido quedarse y seguir operando en Valencia, una ciudad que por su tamaño y el de su área metropolitana, orografía y clima es idónea para el uso de formas de movilidad eléctrica compartida: bicis, motos, patinetes y también coches, todos ellos modos de transporte que entran en el radar de los planes de Movo.

La aprobación de la tasa para vehículos compartidos en la calle ha sido aplazada y los operadores temen un nuevo retraso

Los patinetes eléctricos tienen una autonomía de carga de 35 kilómetros. Movo ha contratado una nave en Valencia para recargar por la noche los aparatos con personal propio y no tiene en proyecto, por ahora, usar colaboradores al estilo de otros operadores como LimeBike y sus 'juicers'. La tarifa del servicio es de 1,70 euros con trayectos de hasta 15 minutos y un euro por cada cinco minutos adicionales.

Patinetes Movo, que ha desplegado Cabify en Valencia tras Madrid y Málaga.
Patinetes Movo, que ha desplegado Cabify en Valencia tras Madrid y Málaga.

Este modelo de puntos de recogida permite a Movo adelantarse a sus competidores en Valencia. Los responsables de la compañía, que tiene a Marta de Eusebio como directora general en España, han mantenido encuentros con los responsables municipales, y la Policía Local ha visitado sus espacios reservados para almacenar los patinetes. A excepción de las plataformas de motos eléctricas compartidas que ya operan bajo el régimen de la ordenanza de vehículos de motor, los operadores de 'sharing' llevan meses esperando que el consistorio monte la estructura reguladora para dar luz verde a la entrada de nuevos modelos 'free floating' como el patinete o los coches eléctricos. LimeBike, cuyos aparatos fueron retirados forzosamente, y empresas de 'carsharing' como CarGreen o Zity tienen sus flotas preparadas para funcionar, convencidos de que hay una demanda latente para su producto en una ciudad que está apostando claramente por la descarbonización mediante la construcción de carriles bici y la restricción del tráfico rodado en el centro histórico.

Un paso importante para clarificar el terreno de juego es la aprobación de la ordenanza de tasas para vehículos de movilidad personal (VMP), con la que se pretende que las empresas del 'sharing' paguen por la ocupación de la vía pública cuando sus vehículos quedan en las aceras o calles a la espera del siguiente cliente. El proyecto de tasa fue presentado la semana pasada por el concejal en funciones de Hacienda, el socialista Ramón Vilar. Tenía que haberse aprobado este martes en la Junta de Gobierno Local, pero se quedó suspendida encima de la mesa a petición del alcalde, Joan Ribó (Compromís). "Es importante, antes de su aprobación, tener una reunión entre los responsables de Policía Local, Hacienda y Movilidad Sostenible, ya que hemos observado que en algunas ciudades están apareciendo problemas que no queremos tener aquí", fue el argumento empleado por el primer edil.

Fuentes socialistas atribuyen al concejal de Movilidad, Giuseppe Grezzi, la decisión de paralizar la tasa. "El espacio público es un bien común de gran valor social. Ya está sometido a muchas 'presiones' que limitan su calidad, perjudicando la accesibilidad universal y el uso ciudadano. Cualquier nuevo uso tiene que ser meditado, para evitar problemas y que tenga un valor añadido", manifestaba el edil en su cuenta de Twitter tras conocerse el bloqueo. Su movimiento ha generado malestar en las empresas del sector, según ha podido saber El Confidencial, pues llevan meses negociando con Vila el modelo de contribución económica y siguen sin un calendario claro. "La que pierde es la ciudad, porque tiene muchas motos ya en calle y está dejando de ingresar miles de euros", señalan fuentes del sector. Pero Grezzi tiene otras ideas en la cabeza, como la posibilidad de restringir el número de operadores de vehículos compartidos.

La disputa entre socialistas y Compromís se produce en plena bronca por la negociación del reparto de competencias de gestión. Joan Ribó salió elegido alcalde con los votos de su coalición y los del PSPV-PSOE, pero desde la investidura las dos formaciones no han avanzada en nada más en su nueva legislatura de coalición. El PSPV-PSPE quiere que su candidata, Sandra Gómez, sea vicealcaldesa, mientras que Ribó se niega a reconocer esa figura y solo acepta designarla primera teniente de alcalde. Mientras se resuelve esto, siguen paralizados el reparto de áreas y la distribución de concejalías. La ausencia de normalidad en el Gobierno local provoca situaciones como la de la paralización de la tasa de vehículos eléctricos, que contempla el pago de 60 euros por patinete, unos 80 por motocicleta y entre 715 y algo más de 1.000 euros por coche.

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