En total, 50.000 euros

La Generalitat impone 50 sanciones a Cabify por su truco para saltarse la ley anti-VTC

El Govern ha impuesto 50 sanciones de 1.000€ cada una a la compañía Prestige and Limousine, propiedad de Cabify, por su truco para no tener que esperar 15 minutos para un VTC

Foto: (EFE)
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La Generalitat ha impuesto hoy 50 sanciones de 1.000 euros cada una (50.000 euros en total) a la compañía Prestige & Limousine, propiedad de Cabify, por su truco legal para saltarse la ley anti-VTC aprobada en Cataluña y que exige al menos 15 minutos de precontratación a la hora de reservar un coche VTC. Además de las sanciones, el Govern insta a la compañía a adecuarse a la normativa o enfrentarse a nuevas multas.

La medida de hoy es el resultado de la apertura de un expediente sancionador a la 'startup' española el pasado marzo. En ese expediente, el Govern analizó los viajes realizados por coches de Cabify entre el 7 y el 10 de marzo. "Hemos comprobado que en al menos 50 de esos viajes se incumplió la normativa", confirma a Teknautas un portavoz del Departamento de Territorio y Sostenibilidad, encargado de impulsar la ley anti-VTC aprobada recientemente en el Parlament. "A partir de ahora seguiremos vigilando para ver si efectivamente cumplen o no la normativa, que obliga a un tiempo de precontratación de 15 minutos en cada viaje, en cada servicio, y no solo en el primero", explica este portavoz.

Esta fue precisamente la treta legal que empleó Cabify para regresar a Barcelona tras aprobarse la nueva normativa anti-VTC. Cabify, a través de su empresa Prestige & Limousine (que compró a Jose Antonio Parrondo, uno de los grandes señores de las VTC en España), estableció un 'contrato' que se renueva año a año con el usuario, en lugar de viaje a viaje. Es decir, entiende que el 'servicio' que se menciona en el decreto no finaliza cuando termina el trayecto (aunque se cobre como hasta ahora) sino que se prolonga en el tiempo. La prerreserva, por tanto, solo se aplica en el primer viaje.

(EFE)
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La polémica estuvo servida desde el primer minuto. Tanto el Govern como el sector del taxi consideraba la treta de Cabify un "fraude de ley". "Esto es una trampa", aseguraban en su día a este diario fuentes jurídicas del sector, que se remitían al derecho administrativo y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. "Un contrato de servicio tiene un principio y un final. Y eso no se puede aplicar a todo un curso".

La primera medida que tomó la Generalitat fue imponer a Prestige & Limousine el pasado 4 de abril sanciones de 600 euros cada una (2.400 euros en total) por incumplir la ley. Ahora llega la segunda oleada: 50.000 euros. Aunque pueden llegar muchas más. Si la Generalitat aplica la misma multa de 1.000 euros por viaje y cumple su amenaza de inspeccionar cientos de viajes por mes, la cuantía económica a pagar por Cabify comenzará a ser un problema.

Un portavoz de Cabify ha asegurado a este diario que "sigue operando en Barcelona con normalidad y cumple el compromiso adquirido con los más de 250.000 usuarios que confían en la aplicación para moverse por la ciudad. Nuestro modelo de negocio como empresa de transporte se ajusta a la normativa autonómica y recurriremos cualquier sanción relacionada con la naturaleza del mismo". Además, tras conocerse hoy la salida de Uber de Valencia, Cabify ha asegurado también que seguirán operando en la ciudad "pese a la nueva normativa. Lo haremos con el mismo modelo de Barcelona, no es el mejor pero ponemos por delante los cientos de miles de usuarios".

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