Tu CCAA (y el resto) se saltan la ley: por qué todas suspenden en adopción tecnológica

El concepto lo habrás escuchado una y mil veces en los últimos años. El término 'Transformación digital' se ha popularizado como el gran reto que toda empresa y administración pública debe afrontar para adaptarse al mundo actual. Mucha palabrería y supuestos compromisos, pero que al final tardan en convertirse en realidad. Así al menos lo demuestra un nuevo estudio que asegura que ninguna de las principales administraciones públicas españolas cumple correctamente con las actuales normativas de adopción tecnológica fallando en muchos de sus requerimientos.

La investigación, llevada a cabo por la consultora y auditora Ernst & Young (EY), es la primera que analiza el grado de madurez digital de las administraciones públicas desde la perspectiva del usuario, y viendo los resultados está claro que en el sector público aún hay mucho que hacer. Para el informe han estudiado la situación de 17 comunidades autónomas, 52 diputaciones y cabildos, y 21 de los ayuntamientos más grandes del país. Estas 90 instituciones suspenden a la hora de cumplir con los 132 requerimientos que les exigen las leyes de digitalización.

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Entre estos requerimientos, recogidos en las leyes 39 y 40/2015, hay algunos tan básicos como tener un portal web adaptado, una sede electrónica que permita la participación del usuario o un servicio de asistencia al ciudadano y a las empresas con ciertas garantías. Además, incluye ciertos añadidos como tener herramientas que soporten el uso de la identidad digital y la firma electrónica, la representación y el registro electrónico o que permitan

Es cierto que estas normativas cuentan con una moratoria que comenzó a finales de 2018 y termina en 2020, pero los resultados conseguidos destapan algunos problemas preocupantes y una diferencia bastante importante entre regiones. De nuevo vemos una brecha muy clara y acusada entre los distintos territorios.

En comunidades autónomas, por ejemplo, El País Vasco es la CCAA más avanzada en funcionamiento digital al cumplir el 94% de las exigencias, seguida por Galicia con un porcentaje muy similar, Cataluña (93,5%), Asturias (90,2%) y Madrid (89,5%). En el otro extremo encontramos, como se puede ver en el gráfico debajo, a Extremadura con un 47,9% de cumplimiento, Aragón (51,2%), Navarra (66,5%) y La Rioja (67,4%).

Por su parte, el ranking de los ayuntamientos lo lidera Valencia, que cumple con un 87% de los requerimientos, seguido por Hospitalet (82%), Madrid y Málaga (81%) y cierra el pódium Barcelona (79,1%). Por abajo se quedan Mérida, Elche, Sevilla, Córdoba y La Coruña. La más preocupante es la capital extremeña pues solo cumple con un 0,5%.

Desde la compañía dejan claro que todavía hay tiempo para que estas administraciones se adapten a la legislación vigente, pero apuntan a que "es de vital importancia que se evalúen los planes ya fijados, los presupuestos destinados y se marquen objetivos ambiciosos. De no ser así, no será posible cumplir con los plazos que marca la ley, además del negativo impacto que ello conlleva en la relación de ciudadanos y empresas con la administración, que afectan a múltiples ámbitos”.