Cabify devuelve la bofetada al Govern con su vuelta a BCN: "Han utilizado una trampa"

Nuevo giro inesperado en la enconada guerra del taxi. No ha sido ni en Andalucia, ni en Valencia ni en Madrid. La pelota vuelve a Barcelona. Cuando el conflicto en ese territorio parecía anestesiado y abocado a una larga travesía por el desierto judicial, Cabify sorprendía a todos. Apenas cuatro semanas después de emprender la vía de salida junto a Uber de la Ciudad Condal por el decretazo que les imponía, entre otras cosas, un tiempo previo de 15 minutos, la plataforma ha dado un volantazo y ha desandado el camino recorrido. Empezará a operar este mismo jueves. Y lo hace gracias a un resquicio legal que les ha dejado la redacción de la norma autonómica. Un movimiento que ha pillado con el pie cambiado a muchos, que tienen claro que será carne de tribunales próximamente.

"Todos los que estábamos un poco informados sabíamos que tarde o temprano iban a volver. No sabíamos si en un año, en seis meses o en uno, pero esto no nos pilla por sorpresa", explicaba Tito Álvarez, líder de Élite Taxi y principal impulsor de la norma anti Uber y Cabify que aprobó Damià Calvet, 'conseller' de Territorio. "Consideramos que esto es un fraude de ley, si trabajan así, vamos a denunciarles desde el minuto uno", explica este representante, que ha anunciado que, "en caso de que no se cumpla la ley", el sector se volverá "a movilizar", como ha demostrado "en anteriores ocasiones".

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M. A. Méndez

Contrato anual: ¿truco o trampa?

El gremio de las VTC se cerró prácticamente en bloque cuando se conocieron los planes de la Generalitat: ese cuarto de hora de antelación ls condenaba y hacía inviable su modelo de negocio. Entonces, ¿qué ha cambiado en un mes? Nada. No ha cambiado nada. El decreto habla de 15 minutos (ampliables por entidades locales como la AMB, que lo ha elevado a una hora) entre la contratación y la "prestación efectiva del servicio".

La diferencia es que Cabify, a través de su empresa Prestige & Limousine (que compró a Jose Antonio Parrondo, uno de los grandes señores de las VTC en España, hace unos meses), establecerá un 'contrato' que se renovará año a año con el usuario. Es decir, entiende que el 'servicio' que se menciona en el decreto no finaliza cuando termina el trayecto (aunque se cobre como hasta ahora) sino que se prolonga en el tiempo. La prerreserva, por tanto, solo se aplicaría en el primer viaje.

Nada ha cambiado en Cataluña desde el 'decretazo'. Es Cabify el que ha dado con una fórmula diferente

Cabe remarcar el detalle de que Cabify dejará de ser intermediario para ser una simple marca y que todo el servicio lo prestará la mencionada Prestige & Limousine, con quien el usuario firma el acuerdo al aceptar los términos y condiciones de uso.

Esta filial tiene en propiedad, entre Madrid y Barcelona, unas 500 VTC. La flota con la que se volverán a lanzar a las calles será de 300 coches. El cambio hace que en caso de querer aumentar la flota haya que adquirir nuevas licencias. La gestión de los coches y los garajes los puede hacer un tercero, como ocurrirá en esta primera fase.

Un debate de gramática legal

Toda la discusión legal parece pivotar alrededor de eso. Si un servicio se puede entender como una especie de 'suscripción' anual o si se tiene que entender como un único trayecto. "Esto es todo una trampa", aseguran fuentes jurídicas del sector, que remiten al derecho administrativo y a la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. "Un contrato de servicio tiene un principio y un final. Y eso no se puede aplicar a todo un curso".

Sea como sea, que la lectura que hace Cabify del decreto sea legal o no, parece que va a ser una cuestión de matices mínimos. Incluso una cuestión de singular o plural. A eso se aferraba el jurista José Elpidio Silva (ahora inhabilitado como juez), que está asesorando a los taxistas e incluso viajó con Tito Álvarez a Bruselas para reunirse con europarlamentarios el pasado 30 de enero. Tras un par de tuits celebrando que la compañía volvía a Barcelona "cumpliendo la ley", aseguraba que "Cabify volvía para ser sancionada". Silva aseguraba que en el artículo que regulaba la reserva se habla en singular, "para cada trayecto o servicio". "No cabe fraude de un contrato para múltiples servicios".

Eso es algo en lo que también se apoyaba el líder de Élite Taxi, que mencionaba las hojas de ruta que la ley impone a las VTC antes de cada viaje. "Cada servicio necesita de una hoja de ruta, con unos datos de trayecto... Y eso hay que hacerlo cada vez. Esto de firmar por un año no tiene ni pies ni cabeza".

Otras fuentes jurídicas consultadas conocedoras del asunto señalan que "tal y como está redactado el artículo 4.2 da pie a la interpretación de Cabify". "Esto es lo que ocurre cuando se prepara una ley deprisa, corriendo y se convalida sin posibilidad de presentar enmiendas". Estas voces critican la fórmula escogida para la redacción, que califican como "deficiente". "En vez de la prestación efectiva del servicio tenían que haber incluido una fórmula como la recogida efectiva del pasajero. El problema es ese, que la redacción de la norma en un punto clave es demasiado abierta". "Yo como empresa puedo firmar con Cabify para tener un servicio de transporte para mis empleados en cualquier momento", decía una de las personas consultadas a modo de ejemplo. La clave es esa: "No está claro a qué se refieren con servicio".

El otro caballo de batalla parece el de la geolocalización. "Los nuevos términos de uso dan a entender que la geolocalización, una vez se hace ese primer viaje, queda abierta hasta la renovación del contrato. Y la norma deja menos cabida a las interpretaciones porque habla del vehículo, en singular. Sea por una historia o por otra, esto va a acabar rápidamente en los tribunales". La opción que le queda al Govern, indican estos expertos, es dictar una instrucción interpretativa para matizar y ampliar esa redacción, pero eso es algo que tiene "las mismas posibilidades de ser recurrido ante la Justicia".

No está claro a qué se refieren con servicio. Es una redacción muy abierta

Algunas de estas fuentes no ven descabellado que esto sea una "maniobra" para acelerar la vía de que el Constitucional entre a valorar si la normativa del Govern es inconstitucional o no. "Ahora mismo no tienen la posibilidad de acudir a este órgano", explican. Si son sancionados administrativamente, podrían interponer un recurso, pedir la suspensión de la sanción pero también "pedir que se eleve una cuestión sobre la naturaleza de la norma al TC". "Pero, ojo, que eso puede durar hasta dos o tres años".

"Un modelo transitorio"

Este extremo fue negado durante la jornada de ayer en declaraciones a diferentes medios por Mariano Silveyra, presidente de Cabify para Europa y Asia. Contactados por este periódico para pedir una valoración de este y otros aspectos, la compañía nos remitió al comunicado oficial así como a la posición de la Autoridad Catalana de la Competencia o el Consell de Garantías Estatutarias de la Generalitat, que han mostrado dudas sobre la normativa.

"Nosotros seguimos esperando que este decreto sea declarado inconstitucional", sostiene la empresa en el texto remitido este miércoles para anunciar su regreso a Barcelona. Un texto en el que hablan de "un modelo transitorio frente a una normativa cuestionada". Normativa que, sin embargo, aseguran cumplir con su nuevo modelo.

"Creo que hay que ser muy cautelosos y analizar bien los términos en los que quiere volver a operar Cabify", explica la letrada Montse Balagué, que ya actuó de asesora legal de Élite Taxi en el proceso contra UberPop ante la Justicia comunitaria. Balagué llama a la calma y reconoce que si no llega a ser este agujero, "hubiesen encontrado otro", porque "el pastel de Barcelona, una ciudad con necesidad manifiesta de opciones de movilidad, es muy goloso".

Aunque elude valorar directamente la redacción del decreto, sí reconoce que se hizo con cierta "precipitación". "Aquí hay dos cuestiones que valorar. Por una parte, que se ha politizado este asunto en vez de buscar una salida amplia ordenada. Y por otra, que aquí nadie está prohibiendo la entrada de nadie. Lo que se pide es que se compita en igualdad de condiciones".