tras la queja presentada por la APDHE

El Defensor del Pueblo recurrirá ante el TC la nueva LOPD por 'espionaje' ideológico

El Defensor del Pueblo recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva LOPD que permite el perfilado político de ciudadanos y contactar por WhatsApp con ciudadanos sin su consentimiento

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Problemas para una de las regulaciones estrella del gobierno y una de las más polémicas de los últimos años. El Defensor del Pueblo ha confirmado hoy que recurrirá ante el Tribunal Constitucional la nueva Ley de Protección de Datos (LOPD) aprobada el pasado noviembre en el Senado y que permite algo inédito en la democracia española: recopilar "datos personales relativos a las opiniones políticas de las personas" y enviar "propaganda electoral por medios electrónicos o sistemas de mensajería". Se trata del primer recurso confirmado ante el Constitucional, pero aún pueden llegar más.

Como adelantó este diario, la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE) presentó hace unas semanas una queja formal ante el Defensor del Pueblo pidiendo que recurriera al Constitucional la nueva LOPD por considerarla inconstitucional. Tras revisar la petición, el Defensor del Pueblo ha accedido y procederá a iniciar los trámites de impugnación. "El TC definió e instituyó en la sentencia 292/2000 que los ciudadanos tenemos derecho a controlar nuestros datos. La nueva LOPD hace justo lo contrario, nos despoja de ese derecho fundamental. Creemos que también es contraria a los artículos 18.4 y 16 de la Constitución y también al artículo 8 de la carta de derechos fundamentales de la UE", explica a Teknautas un portavoz de la Asociación Pro Derechos Humanos España (APDHE).

La "queja formal" presentada por la APDHE es una de las vías para iniciar un recurso de inconstitucionalidad ante una nueva ley. Solo el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 diputados, 50 senadores o los gobiernos regionales de las Comunidades Autónomas están capacitados para presentar recursos de inconstitucionalidad. De hecho Podemos aseguró que también presentaría un recurso, algo que puede hacer directamente al contar más de 50 diputados en el Congreso, pero finalmente dio marcha atrás. "Para nosotros, al ser una ONG, la única vía es a través del Defensor del Pueblo, y eso es justo lo que hicimos. Es una gran noticia que se haya estimado", explican desde la APDHE.

La nueva LOPD se aprobó a finales de noviembre con el apoyo del PP, PSOE y Ciudadanos y el resto de partidos salvo Podemos, que a última hora decidió votar en contra. Salió adelante sin ninguna enmienda, lo que significa que entró en vigor al día siguiente de publicarse en el BOE, el 7 de diciembre. A partir de ese día, se establecen 3 meses para presentar recursos de inconstitucionalidad. El plazo finaliza mañana 6 de marzo.

(Reuters)
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Múltiples juristas especializados en privacidad e internet han cargado contra la ley antes y después de su aprobación asegurando que es anticonstitucional. "Es un atropello telemático y una enorme torpeza. Los partidos políticos tienen ahora carta blanca para recopilar datos sobre tu ideología, algo prohibido en la Constitución y en el reglamento europeo de privacidad", explicaba a Teknautas el abogado especializado en internet Carlos Sánchez-Alemida, miembro de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), colectivo que ha calificado la normativa de "escandalosa".

El abogado David Bravo describió como "espeluznante" la posibilidad de crear perfiles ideológicos y el jurista Jorge Morell asegura a Teknautas que la LOPD "abre un melón muy peligroso al servicio de los partidos políticos". Desde Bruselas tampoco se ve con buenos ojos.

La ley española va "totalmente en contra de lo establecido en el Reglamento Europeo de Protección de Datos [GDPR, en sus siglas en inglés] aprobado en mayo", explica a Teknautas el eurodiputado de Equo Florent Marcellesi. Como él, varios europarlamentarios consultados creen que España se ha pasado de frenada. "Es muy difícil de entender que tras aprobarse el GDPR, que tiene rango superior, ahora salgan con esta ley. En Bruselas nos hemos quedado perplejos", añade Marcellesi.

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