El gran problema de la justicia española: "Muchos jueces no tienen idea de tecnología"

26 de febrero de 2019. En pleno juicio por el 'procés', el fiscal Jaime Moreno interroga al empresario y activista catalán Jordi Cuixart. Le pregunta por qué el dominio de la web 'cridaporlademocracia.cat' fue registrado a través de Blacknight Internet Solutions, una empresa irlandesa. "¿Era para impedir su posible cierre como medida cautelar?", pregunta el fiscal. La pregunta, desde el punto de vista tecnológico, es totalmente incomprensible: la información del registro se puede encontrar en un minuto en Google. Blacknight Internet Solutions es una de las empresas de dominios más conocidas del mundo y registrar el dominio fuera de España en absoluto impediría el cierre de una web. De hecho, Cuixart no da crédito a la pregunta y niega la mayor: "Fuera inscrita en Irlanda o donde fuera, no fue impedimento para clausurarla y ponerle el escudito de la Guardia Civil".

Es cierto que esta pregunta no representa un asunto ni mucho esencial en toda la discusión jurídica en torno al 'procés', pero resulta significativo que un fiscal tenga tal desconocimiento del funcionamiento de una tecnología tan básica como es el registro de un dominio web. Y lo peor es que, en ocasiones, este tipo de ignorancia tecnológica sí acaba desembocando en un perjuicio grave para los que la sufren. Este es un recorrido a través de historias en las que las negligencias tecnológicas han sido protagonistas en un juicio o investigación criminal.

TE PUEDE INTERESAR

"Mamá, están los Mossos en casa: me robaron fotos y me acusan de sextorsión 'online'"

C. Otto

El (falso) pedófilo detenido en su casa

Hace años, una empresa española interpuso una denuncia en un juzgado: acababan de encontrar pornografía infantil en el ordenador de un empleado al que habían despedido dos meses antes por asuntos que nada tenían que ver con eso. En el juzgado deciden consultar a los cuerpos policiales si la denuncia tiene sentido, la Policía dice que sí y el juzgado ordena la detención inmediata del sujeto.

Ese mismo día, el exempleado ve cómo la Policía se planta en su casa y, delante de su mujer y con los vecinos mirando la escena, se lo llevan detenido por una supuesta tenencia de pornografía infantil y registran su casa de arriba a abajo. De un segundo para otro, el hombre se encuenta con una posible acusación que podría acarrearle entre uno y cinco años de cárcel.

"Mi cliente fue absuelto, pero le detuvieron con su mujer delante, los vecinos al lado... Algo así te destroza la vida, y todo por una negligencia"

En realidad se trataba de una tremenda negligencia: "La empresa se basaba en que había encontrado unos archivos 'torrents' que conducían a material de pornografía infantil", nos cuenta David Maeztu, el abogado que representó al detenido. "En realidad lo que pasaba es que en ese ordenador estaba instalado Tribler, un programa de descargas que, para no tener que acudir a webs de 'torrents' como The Pirate Bay, lo que hace es almacenar en su plataforma todos los archivos 'torrents', pero eso no implica que una persona tenga pornografía infantil en su ordenador".

Al final se aclaró todo, pero las consecuencias fueron evidentes: "El caso se sobreseyó, ni siquiera llegó a juicio, y mi cliente fue absuelto, pero claro, le detuvieron con su mujer delante, los vecinos al lado... Algo así te destroza la vida, y todo por una negligencia", asegura Maeztu.

Ignorancia que influye en la sentencia

Al abogado David Bravo le pasó algo similar cuando representó a Rubén Sánchez (Facua) en su causa contra Luis Pineda, condenado por el caso Ausbanc y por intromisión ilegítima en el honor de Sánchez. En una sentencia, el juez aminoró la pena asumiendo como válido un criterio expuesto por el fiscal: que si Rubén Sánchez hubiese bloqueado en Twitter a Luis Pineda, sus insultos no habrían tenido tanta difusión.

Las conclusiones del fiscal y el juez no se correspondían en absoluto con la realidad: el bloqueo a un usuario de Twitter en ningún caso perjudica la expansión de unos insultos. De hecho, en un posterior recurso, este hecho, avalado por un juez y un fiscal, fue totalmente desmentido y sacado de la argumentación de la sentencia.

Por desgracia, los juicios en España están llenos de circunstancias similares. David Maeztu también fue el abogado encargado de la defensa en el famoso caso Anonymous, en el que se pedía hasta cinco años de prisión a tres personas por el ataque a la web de la Junta Electoral Central. Maeztu recuerda un sinfín de errores y chapuzas de este estilo.

"La Policía precintó los ordenadores de los acusados, pero los puertos USB y la fuente de alimentación estaban totalmente al aire, así que se anuló esa prueba". Además, "el secretario judicial no entendía la diferencia entre el servidor de un chat y un servidor de servicios, una máquina". Y para rematar, "la Policía adjuntó una supuesta captura de las operaciones, pero en realidad era una captura que había sacado otra persona en un blog". El caso, evidentemente, acabó en absolución.

Las anécdotas de este tipo son eternas. El abogado Carlos Sánchez-Almeida también las ha sufrido y se acuerda de "aquel comisario de Policía que, en un caso de piratería lleno de gente con nicks, ordenó detener a un tal Traxdata, porque los detenidos lo mencionaban mucho... Traxdata eran los CD's que fabricaba la empresa Traxdata", recuerda. "Hace poco me intentaron procesar a un nombre de dominio, 'paginadeenlaces.com', como si fuese una persona jurídica. Obviamente, a quien había que procesar en su caso era al webmaster y su empresa, pero no al nombre de dominio. Estamos pendientes del recurso".

"Estas negligencias retrasan a todos"

Como vemos, hay múltiples casos en que la ignorancia tecnológica de un juez, un fiscal o un policía acaba perjudicando a personas inocentes: "Muchos jueces no tienen ni idea de tecnología ni de internet", afirma Maeztu. "En la Policía ha habido un cambio relevante en los últimos años, ha subido mucho el nivel, pero a veces no entienden o trabajan en condiciones que les llevan a hacer chapuzas, como en el caso de Anonymous. Y a un juez puedes intentar sacarlo del error, pero si el abogado defensor tampoco entiende de tecnología puede haber sentencias con graves errores".

Estos errores pueden ser altamente perjudiciales incluso aunque se resuelvan antes y no lleguen a reflejarse en una sentencia: "Las malas praxis nos retrasan mucho a todos: yo perdí dos años esperando a que un juez me dejase acceder al disco duro de un cliente para hacer un informe pericial", cuenta Maeztu.

El fiscal delegado de Delitos Informáticos de Guipúzkoa, Jorge Bermúdez, también incide en este perjuicio: "Pedir un informe me puede puede llevar meses o incluso un año. También me ha pasado, por ejemplo, que para acreditar el contenido de una página web se adjunte un informe de un tercero de confianza que acredite ese contenido, pero que la jueza pare todo para pedirle a la Ertzaintza otro informe en el que le expliquen qué es eso del tercero de confianza, si eso es fiable. Este tipo de cosas nos perjudican a todos y ralentizan mucho el trabajo de la justicia", explica a Teknautas.

"Hay muchísimos jueces que no entienden, cuando la tecnología ya juega un papel clave en delitos como violencia de género o asesinatos"

Por suerte, "los jueces cada vez entienden más de tecnología. Rodríguez Laín, el juez que llevó el caso Bretón, es una de las mayores autoridades nacionales en materia de intervención de comunicaciones. O Eloy Velasco, de la Audiencia Nacional, tiene un doctorado en delincuencia informática. O Manuel Marchena, del Tribunal Supremo, también es una eminencia en esta materia. Pero todavía hay muchísimos que no tienen ese nivel de conocimiento, cuando la tecnología ya juega un papel muy importante en todo tipo de delitos, como violencia de género o incluso asesinatos".

Además, Maeztu considera que "este déficit de conocimiento a veces nos lleva a una justicia demasiado pericial, buena parte de las conclusiones acaban dependiendo de lo que el perito le diga al juez. Y no es lógico porque, igual que muchos jueces saben de derecho pero no de tecnología, un perito puede saber de tecnología pero no de derecho".

Bermúdez también apunta a las limitaciones de los peritos: "Si a uno le dan un disco duro para que busque pornografía infantil y tiene poco tiempo para hacerlo y miles de discos que analizar, a lo mejor hace una búsqueda ciega y la limita a los archivos de vídeo. Pero puede pasar que el archivo de vídeo haya sido escondido dentro de un documento que parezca de texto. Y si se hace con prisa, esto no se detecta, pero a muchos peritos no les dan ni tiempo ni medios. Ese es el gran problema", reclama.

"Los jueces no debemos saber de tecnología"

A este señalamiento hacia los jueces por su ignorancia tecnológica le surgen algunas voces discordantes. Es el caso de una jueza de Álcala de Henares que prefiere no dar su nombre: "Claro que la mayoría de jueces no tenemos ni idea de tecnología, pero es que nuestro trabajo no es ese. A todos nos gustaría saber mucho más de estas cosas, pero es que tampoco es esencial, porque a la hora de aumentar nuestra formación podemos aprender de tecnología o de mil cosas que son igual de importantes".

En su opinión, "los jueces no tenemos por qué ser expertos en tecnología, para eso nos apoyamos en los peritos y en la Policía o la Guardia Civil, que son quienes nos tienen que dar la información correcta y bien analizada. Si la Policía lo hace mal desde el principio, por ejemplo, la culpa no puede ser nuestra. Nuestra labor es analizar si el material que nos pasan incumple o no la ley; claro que sería deseable que supiésemos de tecnología o de muchas más cosas, pero esa no es nuestra labor principal".

"Nuestra labor es ver si el material que nos pasan incumple o no la ley; si la Policía lo hace mal desde el principio la culpa no puede ser nuestra"

A esta opinión le sale una nueva vuelta de tuerca, la de un exmiembro de la Guardia Civil y actual policía nacional que no está de acuerdo con la jueza: "Los cuerpos tenemos el tiempo que tenemos cuando empezamos a analizar un posible delito. Damos el material esencial para empezar, pero a partir de ahí es trabajo de los jueces y peritos volver a analizar todo eso y hacer los matices que haya que hacer".

El panorama, en definitiva, es un auténtico rompecabezas. En medio de un contexto en que la tecnología cada vez juega un papel mayor en delitos como la violencia de género, la sextorsión, los chantajes, las amenazas, las estafas o incluso los asesinatos, los responsables judiciales españoles van aumentando sus conocimientos sobre la materia, pero a una velocidad tal que se sigue incurriendo en errores de bulto. Y esos fallos pueden desembocar en sentencias erróneas o gravemente perjudiciales para las personas que pasen por un proceso judicial. Y mientras el déficit tecnológico siga existiendo, muchos inocentes se verán altamente perjudicados, los miembros de cadena judicial verán entorpecido su trabajo y la justicia seguirá siendo más lenta de lo que cabría esperar. Entre unos y otros, la casa seguirá sin barrrer.