Uber y Cabify, en la cuerda floja en toda España: ¿qué ocurrirá en otras CCAA?

Llegó la hora de la verdad para las VTC en España. El decreto de Cataluña, que ha expulsado a Uber, Cabify y a las empresas de gestión de flotas de coches, ha caído como una bomba en el sector. Ahora, los taxistas del resto de CCAA ya tienen su reivindicación: ¡Queremos lo mismo que Cataluña! ¡Si ellos lo tienen, nosotros también! Es justo lo que ha ocurrido en Madrid durante las dos últimas semanas, pero sin éxito para el taxi. El juego político es el factor decisivo en este conflicto y, de momento, la CAM no ha dado su brazo a torcer. Pero en otras dos regiones clave, Comunidad Valenciana y Andalucía, el resultado puede acabar sonriendo bastante más al taxi. De lo que ocurra allí y en Madrid depende el futuro de Uber y Cabify en toda España.

La 'guerra del taxi' puede parecer hoy en día un conflicto nacional dada la interminable cobertura mediática. Pero no lo es. La batalla ahora mismo se reduce a un puñado de comunidades donde se concentra el grueso del negocio actual y, sobre todo, futuro: Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía y Baleares. Las VTC han perdido el asalto en la primera pero parece que pueden acabar ganando al taxi en Madrid. ¿Qué ocurrirá en el resto de plazas?

Andalucía: "equilibrio" entre taxi y VTC

Después de Madrid y Cataluña, Andalucía es la tercera comunidad autónoma por número de licencias: casi 1.900, según datos de Fomento. Pero hay otras 1.100 en camino ya solicitadas desde hace años que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía irá aprobando durante los próximos meses. Algo que, según el taxi, llevaría a pérdidas irremediables por la competencia desleal de las VTC.

Representantes del taxi han mantenido esta semana una primera reunión con la consejera de Fomento del nuevo gobierno Andaluz, Marifrán Carazo (PP) para presentarles sus exigencias. La película se repite: piden imponer una precontratación de las VTC de entre 30 minutos y una hora, eliminar la geolocalización y obligar a regresar a base tras prestar un servicio. Además, hay una propuesta adicional: que las VTC cobren por viajero y no por recorrido. Casi calcado al decreto de Cataluña y a las exigencias en Madrid. De momento, Carazo no ha dejado clara la postura del Gobierno andaluz, pero sí da pistas: no parece que vaya a ceder al "chantaje" del taxi, como les gusta decir a los representantes de las VTC.

En un comunicado, Carazo ha abogado por la "coexistencia de ambos sistemas. Respetamos los intereses generales del taxi y de las VTC, pero velaremos, sobre todo, por los intereses de los consumidores. No consentiremos que se vulnere el derecho y la libertad de los usuarios, de ahí la necesidad de negociar". Traducido: igual que el PP en la Comunidad de Madrid, el PP andaluz no parece dispuesto a expulsar a Uber y Cabify como ha ocurrido en Cataluña. Y menos con un socio de gobierno como Ciudadanos, cuyo presidente a nivel nacional, Albert Rivera, no solo ha cargado duramente contra el decreto de Ábalos, también contra la decisión de la Generalitat de elaborar una ley anti-VTC.

Comunidad Valenciana: territorio taxi

"Lo que está pasando en Madrid nos está destrozando por dentro a nosotros. Dos semanas de huelga y sin avances. Pero mantenemos la esperanza. Entendemos que con un gobierno regional del PP siempre se podrá conseguir mucho menos que con un gobierno socialista", explica a Teknautas Fernando del Molino, presidente de la Confederación de Taxistas Autónomos, la asociación mayoritaria en Valencia y uno de los negociadores con el ejecutivo local. Del Molino se refiere así a la postura del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig (PSOE), que siempre se ha mostrado más cercano al taxi que a las VTC. Justo en la línea marcada desde Ferraz a nivel nacional.

El verano pasado Puig ya dejó claro su punto de vista: en Valencia existen 700 licencias VTC de más que están actuando de forma ilegal. La semana pasada, con motivo de Fitur, aseguró que debe "existir un marco regulatorio con igualdad de oportunidades y sin competencia desleal [ejercida actualmente por las VTC]". Difícil ser más claro. En la actualidad, según datos de Fomento, hay operativas en la Comunidad Valenciana 312 licencias VTC (por 4.681 taxis, es decir, una ratio de 1 VTC por cada 14 taxis). Sin embargo, se calcula que en Valencia se aprobarán en los próximos meses más de 1.000 licencias solicitadas durante los últimos años, lo cual, según el taxi, haría la situación insostenible.

"La propuesta que hemos hecho llegar a la Generalitat es de establecer por decreto una precontratación de las VTC de 12 horas mínimo, vuelta a la base tras un servicio y prohibición de aparcar en la vía pública. El martes día 5 nos reunimos con la consejería de transportes y esperemos que nos den una respuesta", adelanta Del Molino. "Tenemos confianza de que en Valencia ocurra lo mismo que ha ocurrido en Cataluña o en Baleares: establecer, al menos, una precontratación de 1 hora". Las negociaciones se producen justo después del estreno de Uber en Valencia el pasado 15 de enero, con planes de llegar muy pronto a Elche y Alicante.

Baleares cierra las puertas a Uber y Cabify

No es que Uber y Cabify hayan sido expulsados de Baleares, es que ni siquiera van a poder entrar. Así de tajante se ha mostrado el gobierno regional, que se encuentra en plena elaboración de una nueva ley que regulará a las VTC pero de la cual ya se conocen las líneas clave. De momento ni Uber ni Cabify operan allí pero, aunque quisieran, no lo podrían hacer.

El decreto que prepara el Govern Balear no solo establecerá un tiempo mínimo de precontratación de una hora, sino que además limitará las licencias VTC a la temporada alta vacacional, con solo 50 permisos extra en total y de forma temporal. "Estamos poniendo las primeras piedras para definir el modelo de transporte que evitará tensiones y dará respuesta a las demandas de la ciudadanía", declaró en rueda de prensa a finales del año pasado Marc Pons, consejero de Territorio, Energía y Movilidad y responsable de la elaboración de la nueva ley.

En Baleares no opera un número importante de VTC, solo 214, pero se esperaba que esa cifra se triplicara con la concesión de licencias solicitadas. Dada la situación regulatoria, Uber ni Cabify ni están ni se les espera. "Cataluña y Baleares están sirviendo de ejemplo para muchas otras comunidades que se plantean leyes similares, como Navarra, La Rioja o País Vasco. Nosotros habíamos solicitado hasta 700 VTC en Baleares como medida de protección pero hemos renunciado a ellas al ver que la ley se ocupará de la situación", explica a Teknautas Gabriel Moragues Rigo, presidente de la Asociación de autónomos del taxi de Mallorca, y de la Federación Independiente del taxi de Islas Baleares.

Para Uber y Cabify, operar sin problemas en Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla era fundamental para extender su negocio a largo plazo a otros puntos menos rentables de España, como Baleares, Castilla-León o Galicia. Pero con Cataluña y Baleares perdidas y Valencia pendiente de un hilo, la presencia de las VTC a nivel nacional se complica. De momento solo aguantará Madrid y, probablemente, Málaga y Sevilla. El pastel, que se prometía muy jugoso, ha quedado reducido a la mitad.