El triunfo del taxi nos puede costar hasta 4.000 millones (pero nadie quiere pagar)

Seguro que algún taxista que otro descorchó una botella la noche del pasado martes para regar lo que les estaba sirviendo el Govern catalán en bandeja: la cabeza de Uber y Cabify. Lejos de retirar los 15 minutos de prerreserva que habían causado la discordia, Damià Calvet, consejero de Territorio de la Generalitat, estiraba ese cuarto de hora hasta multiplicarlo por cuatro con una receta peculiar. "Solo con eso ya nos hacía un roto", confesaban diversas fuentes del sector de las VTC al conocer la noticia el pasado viernes. La norma modelada por el Govern, que casi con toda seguridad entrará en vigor el próximo martes, sobre todo después de la desconvocatoria de la huelga del taxi en Barcelona esta madrugada, supone el desahucio 'de facto' de las plataformas de alquiler de coche con conductor de la Ciudad Condal, ya que no podrán seguir prestando allí el servicio con normalidad.

Desde septiembre, cuando Fomento hizo costura fina para pasar la patata caliente a las comunidades autónomas, el gremio de las VTC, liderado por la patronal Unauto, llevaba avisando de que no dudarían en pedir indemnizaciones millonarias a aquellas instituciones que regulasen contra este sector vulnerando su actividad y la libre competencia. No hay que olvidar que el Supremo confirmó la legalidad de miles de estas licencias. A eso y a la postura favorable de la CNMC se agarran las empresas del sector para seguir defendiendo su postura.

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Pero la fiesta de los taxistas, que suma ya seis días de protesta en Barcelona y otros tres en Madrid, puede dejar una factura de muchos ceros tras de sí por estas compensaciones. "Solo en Cataluña, teniendo en cuenta los gastos e intereses, estaríamos hablando de entre 1.100 y 1.200 millones de euros", reconocía este miércoles una reputada voz dentro del sector de las VTC.

Una horquilla económica que está en línea con lo que ya expresó Eduardo Martín, presidente de Unauto, cuando hace dos semanas puso sobre aviso al Ejecutivo de Quim Torra sobre la millonaria partida que le podría suponer cambiar a estas alturas las reglas del juego, sin tener en cuenta los cuatro años de moratoria que contempla el decreto impulsado por Ábalos a la vuelta del pasado verano.

Y es que no solo está en juego la cantidad total a la que asciende la cuenta, sino también quién la paga. Algo que ha generado fricciones, según cuentan fuentes cercanas a la negociación, en el seno del Govern a la hora de afrontar las promesas a los taxistas.

Una factura de muchos ceros

El estudio, fechado en septiembre y elaborado por E&Y, sigue "plenamente vigente" y ha sido una de las bazas de las VTC en diversas reuniones institucionales recientes. Se trata de un informe que pone cifras a lo que reclamarían las diferentes empresas del sector en caso de una expropiación o de la aprobación de una legislación que limitase en gran medida su libertad de actividad.

Los cálculos que manejan se han hecho en base a lo que se conoce como 'método de descuento de flujos de caja' (más conocido por sus siglas, DFC), una fórmula muy extendida y probablemente la más popular a la hora de hacer valoraciones de empresa. En resumen, consiste en calcular la capacidad de las licencias VTC de generar ingresos en el futuro y traerlos a valor presente para fijar lo que se considera "una compensación justa y adecuada" en caso de que salgan adelante la normativa catalana y otras similares.

El informe desgrana las indemnizaciones por expropiación en el conjunto del Estado, pero también por territorios autonómicos. En cada caso, se indica un rango máximo de DFC (en caso de las mejores expectativas de generar ingresos) y un rango mínimo. Hay que tener aquí en cuenta dos supuestos: el primero, que las cifras del informe no incluyen intereses y otros gastos atribuibles. El otro, que la cifra de licencias que recoge son las avaladas por el TS, no las que están en funcionamiento, ya que muchas están a la espera de ser expedidas por las autoridades regionales, una vez el alto tribunal dio luz verde.

El documento refleja las estimaciones de ingresos de las VTC y las indemnizaciones en base a ello

Con esta metodología, la cuenta en Barcelona podría alcanzar los 1.200 millones de euros. Esto si se valora el rango máximo que aparece en el informe (888 millones), la cifra base a la que hay que añadir esos "intereses y otros gastos". En el peor escenario que contemplan, hablan de 580 millones de euros. Pero vayamos a otros puntos calientes de la geografía española. En Madrid, la otra gran zona de tensión, hay 7.947 licencias autorizadas y el documento asegura que la horquilla base va desde los 1.054 millones hasta los 1.654, por tanto, el monto total podría superar los 2.000 millones fácilmente.

La tercera en discordia, por número, es Andalucía. Allí los taxistas están esperando a que el nuevo responsable de la Junta se asiente en el cargo para trasladarle sus peticiones. En ese territorio se maneja un cifra base que oscila entre 325 y 407 millones en base al método DFC, por los 2.300 permisos de este tipo autorizados.

A nivel nacional, donde se cuenta con más de 17.000 VTC, el informe de E&Y habla de más de 3.700 millones de euros si se tuviese en cuenta la perspectiva de negocio más optimista. Es decir, expropiar todas las VTC en toda España saldría al final por más de 4.000 'kilos'.

Aquí nadie quiere pagar

"¿Por qué Tito quería meter a no sé cuántos mil taxistas en la sede de Economía del Govern? ¿Por qué estaban enfrentados Territorio y Economía? Por un simple motivo: Calvet buscaba quitarse el marrón de las concentraciones y los que manejan la pasta no quieren cargar con un eventual pago de indemnizaciones", afirman fuentes cercanas a las negociaciones entre los taxistas y el Ejecutivo autónomico. "Eso es lo que hizo exactamente José Luis Ábalos con el decreto 13/2018".

Ábalos se quitó de en medio y ahora Calvet trata de trasladar la responsabilidad a la AMB

Con este excusa ("una jugada de 10 de política fina", dicen fuentes del sector), el tablero para esta particular partida de ajedrez se ha traslado completamente a las comunidades autónomas, que hacen encaje de bolillos con las diferentes voluntades de los ayuntamientos. El caso catalán es el más significativo, quizá porque haya sido el primero en utilizar el nuevo decreto de Ábalos para intentar pacificar el sector. Algo que a la vista de los resultados está muy lejos de conseguirse.

Los dos contendientes que juegan ahora esta partida son el Govern y el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la AMB, que es el órgano que gobierna el transporte del área metropolitana de la ciudad. Los ataques cruzados entre el consistorio barcelonés y Territorio han sido recurrentes en las últimas jornadas. Desde el equipo de Calvet dejan entrever su 'descontento' con Colau, que no hay que olvidar que fue la que desató toda esta tormenta el pasado verano con la aprobación de una licencia municipal 'extra' para Cabify y Uber, algo que fue automáticamente suspendido por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que aún sigue en el congelador legal.

Calvet ha intentado cubrirse la espalda. Aunque el decreto les autorizaba a fijar restricciones por criterios de circulación o medioambientales, el texto que el consejero pretende sacar adelante no recoje la hora de prerreserva sino que incluye un aval jurídico para que la AMB lo pueda ejecutar. Esto trae varias consecuencias: la primera de ellas es que no tendrá rango de ley sino de reglamento. Esto hace que los posibles recursos se presenten ante el TSJC, una vía mucho más rápida que el Constitucional para dejar en suspenso la norma. El consejero Calvet, que está tomando posiciones en la carrera por la sucesión en el soberanismo, se quita de en medio trasladando la decisión final al ámbito municipal. Algo que puede ser fundamental de cara a una hipotética victoria de las VTC en la arena judicial. Y cargar con la responsabilidad también conlleva pagar la cuenta.