Este es el decreto de la discordia de la Generalitat que expulsa a Uber y Cabify

El taxi de Barcelona vota este miércoles por la tarde si aceptar el decreto propuesto por la Generalitat que supondría la expulsión definitiva de Uber y Cabify de Cataluña. Es el texto más esperado por el sector del taxi y más temido por las VTC de los últimos años, y un documento que los taxistas de otras comunidades van a seguir al pie de la letra para exigir lo mismo en sus regiones. ¿Cómo lo ha redactado la Generalitat? Teknautas, a través de fuentes cercanas al Govern, ha tenido acceso a las secciones clave del documento, en el que se avala por ley que el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y otros entes locales (ayuntamientos) aumenten el plazo de precontratación de 15 minutos a otro intervalo que vean conveniente.

El nuevo decreto ley de la Generalitat, que puedes consultar debajo al completo, arranca con un artículo que habilita a entidades locales como el AMB a regular las VTC y otras formas de transporte urbano e interurbano. "Corresponderá a los ayuntamientos o a los entes metropolitanos legalmente constituidos la ordenación y gestión de las diferentes modalidades de servicios urbanos de transporte en vehículos con capacidad máxima de hasta nueve plazas, conductor incluido, siempre que tengan origen y destino en el ámbito municipal o metropolitano".

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El artículo que ha generado toda la polémica, y que ha sido la principal exigencia del taxi, es el tercero, en el que se detallan las condiciones de explotación del servicio. En su punto número 2, la Generalitat establece que "el Govern o los entes locales podrán determinar reglamentariamente lo que les resulte necesario en cada caso para mejorar la gestión de la movilidad interior de viajeros o para garantizar el control efectivo de las condiciones de prestación de los servicios, respetando los criterios de proporcionalidad que establece la normativa vigente". Este es un punto clave: ¿cómo se define proporcionalidad?, ¿es proporcional una hora? Eso queda en el aire.

Los dos siguientes párrafos son los que, de aprobarse el decreto, van a generar una tormenta jurídica sin precedentes en los próximos meses. "A estos efectos, para considerar que existe precontratación, ha de transcurrir un intervalo de tiempo mínimo de 15 minutos, entre la contratación y la prestación efectiva del servicio".

"Los entes locales pueden aumentar este intervalo de tiempo en el ejercicio de sus competencias sobre la utilización del dominio público viario, gestión del tránsito urbano, protección del medio ambiente y prevención de la contaminación atmosférica, en los términos previstos en este artículo".

Dicho en otras palabras: la Generalitat lleva a rango de ley que el AMB y los ayuntamientos puedan aumentar el tiempo de precontratación justificándolo por motivos medioambientales o de gestión urbana, pero no indica un intervalo concreto. Es decir, avala jurídicamente el aumento del tiempo, pero tampoco se compromete con una cifra exacta. Todo es una táctica jurídica para evitar tener que ser responsable del pago de indemnizaciones en caso de que se produzcan impugnaciones posteriores. Que se producirán.

Con este artículo, el AMB y cualquier ayuntamiento podrán pedir el tiempo de precontratación que quieran, aunque con toda probabilidad esos nuevos reglamentos locales serán impugnados ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, igual que ocurrió el año pasado con el 'reglamento Colau'. La promesa de la Generalitat y su departamento jurídico es que, con ese aval jurídico en el decreto, la Justicia no tumbará el aumento de tiempo de precontratación. Esa es la teoría. En realidad, al final dependerá de la interpretación del juez en cada caso.

El punto 3 del artículo 3 aborda otra de las grandes peticiones del taxi: que las VTC no puedan circular por carretera y que tengan que regresar a base o a un 'parking' tras la prestación de un servicio (no establece un tiempo máximo de retorno a base). El punto 4 se carga la geolocalización de las 'apps' de Uber y Cabify, ya que se considerará "captación".

El artículo 4 recoge la creación de un registro informático de VTC para el control de la prestación del servicio y el nombramiento de agentes locales para que esta normativa se cumpla en todos los ayuntamientos. El documento se cierra con la indicación de su entrada en vigor: al día siguiente de publicarse en el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña. Redactado el decreto, le toca al taxi decidir.