Lío jurídico en Fomento: aprobado el decretazo que no gusta al taxi, Uber ni Cabify

El Gobierno acaba de aprobar en Consejo de Ministros su polémico decreto ley para regular a las empresas VTC. Su medida clave: habilitar a las CCAA y a los ayuntamientos para que puedan regular (léase limitar) a las empresas que operan con las plataformas de Uber y Cabify. El texto llega tras meses de negociación y huelgas de un bando y otro, pero está por ver cuál será su aceptación. Y, de momento, los pronósticos no son buenos: ni el taxi ni las VTC están contentos con la solución de Fomento.

"Decreto lío". "Un texto que nos va a matar". Son dos de las frases usadas para definir el decreto que el Gobierno acaba de aprobar (lo puedes consultar al completo aquí). A falta de analizar juríicamente el texto, y en base a los detalles filtrados por Fomento, fuentes del sector de las VTC y del taxi no están convencidos con la fórmula ideada: habilitar a las CCAA y ayuntamientos para regular los coches de alquiler con conductor con un periodo de transición de por medio. Los primeros creen que, a la larga, el nuevo decreto supondrá la desaparición de su negocio; los segundos se quejan porque, tal y como han visto en los borradores hasta ahora, no es lo suficientemente duro con Uber y Cabify. Se abre un periodo de alta tensión en el que unos y otros analizarán el texto. Y todas las posibilidades están abiertas.

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El decreto-ley de hoy es probablemente uno de los más complejos y polémicos de la decena que ha aprobado el ejecutivo en sus poco más de 100 días de gobierno. Ha costado meses de negociación y varias huelgas y estaba diseñado desde el principio para contentar al taxi a través de su medida estrella: transferir las competencias de regulación de las VTC a las CCAA y ayuntamientos. Era una de las exigencias clave de los taxistas: realizar esta transferencia para seguir el modelo del 'reglamento Colau', pedir una licencia urbana extra a las VTC y limitar así la actividad de Uber y Cabify.

Eso es exactamente lo que hace la reforma de Fomento. "Los taxis solo pueden trabajar en el ámbtio urbano y requieren una licencia municipal. Las VTC pueden trabajar también en el ámbito urbano, pero tienen otra regulación, solo necesitaban una licencia estatal. Son dos servicios similares pero con distinta regulación. Esto es una contradicción. Tremenda. Por tanto, lo que pretende este decreto es que si las VTC son un transporte urbano, se regule como transporte urbano", ha dicho José Luis Ábalos en la rueda de prensa posterior al Consejor de Ministros.

Para solucionar esa "contradicción", las CCAA y ayuntamientos tendrán las compentencias para regular las VTC. La fórmula escogida por Fomento, sin embargo, no acaba de gustar a nadie. El Gobierno establece un "periodo de transición" de 4 años en el que los ayuntamientos solo podrán regular a las VTC siguiendo la normativa actual (por exigencias medioambientales, de tráfico etc). Es decir, nada cambia en ese periodo. El salto drástico llegará a la finalización de esa transición: las VTC tendrán prohibido circular en el ámbito urbano si no obtienen una licencia municipal.

Para el taxi el problema es el tiempo: consideran que esos 4 años son demasaidos. "Ese tiempo nos mata, nos han tendido una trampa", señalaba ayer Sergio Vega, uno de los portavoces de Élite Taxi, en plena ronda final de negociación para intentar reducir el periodo de transición de 4 años a 2 o uno. "Si a unos les parece que es demasiado tiempo y a otros poco, eso evidencia que hemos actuado con la mayor objetividad", ha rebatido Ábalos hoy en su comparecencia.

La Coordinadora Nacional del Taxi, que agrupa a las principales asociaciones del taxi de España (Fedetaxi, Antaxi, Élite Taxi y Plataforma Caracol) emitió anoche un comunicado en el que pedía cautela y explicaba que esperaría al análisis jurídico del texto para decidir los próximos pasos, pero dejaba caer una línea que sonaba a sentencia: "De momento todo parece indicar que esto es una promesa más que suena muy bien pero que finalmente no servirá para solucionar el problema en un plazo razonable".

Un audio previo a ese comunicado de Sergio Vega, uno de los portavoces de Élite Taxi que ha formado parte de las negociaciones, explica mucho mejor y sin tapujos el malestar del sector del taxi ante el decreto aprobado hoy. "Nos han tendido una trampa. Entre tres y cinco años de disposición transitoria [hoy se confirma que son 4 años] es una auténtica locura y la excusa para establecerla es para no indemnizar a las VTC [...] El ministro no ha querido articular una solución real. A muy largo plazo le ha dado un plazo larguísimo el cual nos asesina. Y explícitamente no se implica a los ayuntamientos. Por lo cual, este decreto ley, en estas condiciones, no nos vale". Puedes escuchar el audio completo debajo:

Fuentes de Fedetaxi son más comedidas pero se muestran igualmente en contra del documento. "Consideramos que el Gobierno tendría que haber sido ambicioso y haber establecido unos costes de transición a competencia para ambas partes, no solo indemnizaciones a las VTC, como llevamos pidiendo en solitario desde hace más de dos años. Con este decreto no se ataja el problema ni se atiende al interés general", señalan.

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Por su parte, el sector de las VTC rechaza también el documento actual. "Va a crear una inseguridad jurídica brutal. Cuando pase el periodo transitorio de 4 años los ayuntamientos podrán hacer con nosotros lo que quieran. Eliminar la mitad de las VTC, regularnos a lo bestia, dejarnos en paz. No se sabe. Dependerá del nivel de presión del taxi. ¿Quién va a invertir con ese nivel de incertidumbre? ¿Quién va a querer trabajar para un sector del que nadie saber qué pasará con él en 4 años? Nos mata por completo", aseguran fuentes del sector VTC que han formado parte de las negociaciones con Fomento.

"El ministro ha conseguido lo que parecía imposible. Aprobar un decreto que no beneficia ni contenta a nadie más que a él. Es lo que pasa cuando pones a un fontanero político a regular, presuntamente, por el interés general", asegura otra fuente del sector parte de las negociaciones. "Hasta dentro del taxi hay víctimas: hay un clarísimo perdedor, la gente de Élite Taxi y Plataforma Caracol. En julio dijeron que tenían atado y bien atado con el ministro que Uber y Cabify se fueran de España en cuanto se aprobara el decreto. Eso no va a ser así", zanja.