cuenta atrás para otro decretazo

Llega el decretazo anti VTC: Fomento reúne a los jefes del taxi (e ignora a Uber y Cabify)

El Gobierno se prepara para aprobar el próximo 28 de septiembre un decreto ley que frenará el crecimiento de Uber y Cabify. Las VTC denuncian favoritismo hacia el taxi por intereses políticos

Foto: Un taxista durante las protestas en Madrid en 2017. (Reuters)
Un taxista durante las protestas en Madrid en 2017. (Reuters)

Cuenta atrás para un nuevo decretazo del Gobierno, y con este ya serían ocho en poco más de 100 días (más que Rajoy y Zapatero en el mismo periodo de tiempo y casi tanto como Aznar). El nuevo decreto ley que prepara el Ejecutivo servirá para solventar de un plumazo la guerra del taxi contra Uber y Cabify. Salvo imprevisto, ya hay fecha para su aprobación en Consejo de Ministros: el viernes 28 de septiembre. Hoy martes el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, se reunirá con los jefes del taxi para anunciarles lo que viene. El problema, según fuentes del sector VTC y múltiples juristas consultados, es que está a punto de crear un conflicto aún mayor del que intenta resolver.

Ábalos se reunirá hoy a las 17:00 horas en la sede de Fomento con dos representantes de cada una de las principales asociaciones del taxi en España: Fedetaxi y Antaxi. Pero no estarán solos. Asistirán también representantes de la asociación Élite Taxi (con Alberto 'Tito' Álvarez a la cabeza), y la Plataforma Caracol, asociaciones a las que muchos señalan como culpables de la radicalización de la huelga del pasado julio.

Fuentes de Fomento consultadas aseguran que la reunión servirá para actualizar a los jefes del taxi sobre las medidas que se dispone a tomar el Ejecutivo. La principal: aprobar un decreto ley el próximo 28 de septiembre para transferir a las CCAA (o habilitar, como matizan siempre) las competencias regulatorias de las VTC. En otras palabras: un decretazo para abrir la puerta a aprobar el 'reglamento Colau', que exigirá una liciencia urbana extra a las VTC y limitará su número de forma radical para cumplirse el polémico ratio 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). Sería el fin casi definitivo de Uber y Cabify en Barcelona y el comienzo del fin en el resto de grandes capitales.

"No esperamos ver hoy un borrador del decreto ley, pero no hay otro camino. Queremos un traspaso a las CCAA y a los Ayuntamientos de la regulación de las VTC y que se cumpla el 1/30", explica a Teknautas Julio Sanz, presidente de Antaxi, que estará esta tarde junto al ministro Ábalos. Fuentes del sector VTC no solo se lamentan por la solución por la que va a optar el Gobierno, que califican directamente de "ilegal", sino que denuncian un trato de favor desmedido hacia el taxi solo por motivos políticos: para seguir contando con el apoyo de Podemos en otros asuntos críticos de la legislatura.

El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)
El secretario de Organización del PSOE y ministro de Fomento, José Luis Ábalos. (EFE)

"No es que tengamos la sensación de que pasan de nosotros, es que es la realidad. Le hemos pedido decenas de veces al ministro una reunión. Cabify se lo ha pedido, la patronal Unauto, todas las empresas de flotas VTC... y nos ignora. Es muy fuerte. Es impresionante que, siendo el juez de un conflicto, no quiera ni escuchar a la parte que parece que va a salir más perjudicada", explica a este diario una fuente del sector VTC que formó parte de las negociaciones con Fomento el pasado julio.

El decreto ley no es la única medida que planea aprobar el Gobierno para plegarse al taxi, pero sí es la más drástica. Según varios juristas es, además, inconstitucional. "A este Gobierno le da igual todo, pero no se dan cuenta de que si tiran por un decreto ley este nacerá ya muerto. No se puede transferir competencias a CCAA sin una Ley Orgánica. Es inconstitucional", explica una fuente del sector.

"El decreto ley está pensado para situaciones de "urgente necesidad", y es obvio que eso no se cumple en este caso. Se lleva regulando el sector desde los 90, no hay necesidad inminente", señala el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado, autor del informe jurídico presentado en julio por Unauto a Fomento. Dicho de otra forma: nada más presentarse, el Gobierno se encontrará con una cascada de recursos de inconstitucionalidad que podrían convertir la guerra del taxi en una batalla jurídica casi eterna.

El presidente de Unauto, Eduardo Martín. (EFE)
El presidente de Unauto, Eduardo Martín. (EFE)

La decisión de José Luis Ábalos ha creado división no solo entre el taxi y las VTC, también dentro del propio Gobierno. "A los técnicos del ministerio de Economía no les gusta nada la idea de fragmentar todo en 17 legislaciones distintas. Lo ven inviable, inoperativo. Prefieren un mercado único y abierto", explica una fuente del sector cercana a Fomento. "Sí, me consta que Economía se opone rotundamente al decretazo. Si es que hasta la propia secretaria general de Transportes, María José Rallo, ha dicho en reuniones en privado que le parece una barbaridad... Pero es lo que tiene Ábalos, es el único ministro que va por libre", señala otra fuente que pide mantener igualmente el anonimato.

Se espera que hasta la semana que viene no se conozcan los detalles del borrador del decreto ley. Pero algo se da por hecho: no habrá financiación sobre la mesa para las CCAA que les permita indemnizar a los dueños de las licencias VTC y recuperar así el ratio 1/30 sin recursos judiciales de por medio. "Ábalos le pasa un problema político de primer nivel a sus principales enemigos: Quim Torra en Cataluña, Ximo Puig en la Comunidad Valenciana, Ángel Garrido en la Comunidad de Madrid, y Susana Díaz en Andalucía. Es una maniobra política perfecta", señala otra fuente consultada.

De momento, con su total rendición al taxi, el Gobierno ya se ha ahorrado algo que no podía volver a permitirse: otra huelga. Y dentro de poco el verdadero incendio estará en el tejado de las CCAA. ¿Hasta cuándo?

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