Los ayuntamientos entran en la 'guerra del taxi': fin de la huelga a cambio de más poder

El juego de la soga consiste en que dos equipos tiran, cada uno desde un extremo, para intentar llevar a su terreno un pañuelo anudado justo en mitad de la cuerda.

La llamada 'guerra del taxi' funciona exactamente igual. El pañuelo de la competencia sobre las licencias VTC está ahora mismo en las comunidades autónomas, por delegación del Gobierno. Una parte (Uber y Cabify) tira de la cuerda para llevar la legislación a un nivel más estatal, la otra (taxistas), para llevarla a un ámbito exclusivamente local cediendo esa potestad a los ayuntamientos.

¿Por qué? Para los taxistas, el argumento oficial es que los consistorios ya son los encargados de expedir las licencias de taxi, por lo que tendría sentido que también se ocuparan de las VTC. La razón 'oficiosa' es que así los gremios de taxistas tendrían más control sobre el número de licencias VTC que se expiden.

El Ministerio de Fomento es partidario de desplazar hacia abajo estas competencias, es decir, que en lugar de delegar en las CCAA sean estas quienes ostenten la potestad y la cedan a los ayuntamientos. Como informaba hoy nuestro compañero Michael McLoughlin, salvo Cataluña, el resto de comunidades alberga "serias dudas" sobre la conveniencia de este movimiento.

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Aunque en la reunión de hoy con Fomento se darán cita todas las CCAA, toda esta guerra que está manteniendo la tensión informativa en agosto se restringe, en realidad, a las tres comunidades que dan cobijo a las seis ciudades donde Uber y Cabify operan actualmente: Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga y Sevilla.

Desbloquear la situación

El Ayuntamiento de Madrid, a través de su delegada de Ambiente y Movilidad, Inés Sabanés, ofreció ayer su propuesta para disolver la huelga en un momento crítico para la capital, el comienzo de la operación salida. Sabanés insistió en dos cosas: traspaso de competencias hasta el nivel local y una licencia urbana adicional para los VTC, es decir, que además de la pegatina roja de la Comunidad de Madrid, para circular necesitarían una doble validación otorgada por el ayuntamiento.

La receta de Madrid es idéntica a la que perseguía Ada Colau en Barcelona, anulada hace unas semanas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por invadir competencias del Estado y por los perjuicios que podría suponer para los intereses de los particulares, y que propició el origen de esta última 'guerra del taxi', que ha escalado hasta su situación actual. Es más, la licencia urbana es la misma fórmula que Fedetaxi (asociación que agrupa al 60% del sector) lanzó el pasado mes de mayo como propuesta a la Conferencia Nacional de Transportes.

En resumen, los dos ayuntamientos más grandes de los seis implicados en toda esta historia hablan con la misma voz de los taxistas. Una vez ganada esta plaza, la presión se ha trasladado a Valencia, también gobernada por un 'ayuntamiento del cambio', con Joan Ribó a la cabeza, pero que no se ha posicionado a favor de ninguna de las dos partes con especial fervor.

Esta mañana, coincidiendo con una visita del ministro José Luis Ábalos para firmar un convenio de vivienda con el presidente de la Generalitat, los taxistas le han recibido con gritos de "ni un paso atrás", "1/30" o "sí se puede". Tras la reunión con Ximo Puig, el ministro se ha reunido con los taxistas, informa EFE, y ha declarado que el taxi "tiene un carácter de servicio público" y los taxistas "tienen que ser coherentes con este papel y están llamados a ejercer una responsabilidad".

Las plazas más complicadas

El conflicto entre taxis y vehículos VTC ha tomado un cariz eminentemente político, con partidos como Podemos o Izquierda Unida alineándose con los intereses de los taxistas y otros como Cs más proclives a la liberalización de licencias y a la convivencia entre ambas partes.

Por ello, los dos ayuntamientos 'a priori' menos propensos a colaborar en el plan de la licencia municipal son Alicante y Málaga, ambos gobernados por el Partido Popular.

Principalmente, la capital de la Costa del Sol, que en los últimos años se ha convertido en el gran bastión del sur para los vehículos con licencia VTC. Fuera de Madrid y Barcelona, es la única metrópolis española donde Uber opera. De los aproximadamente 1.000 vehículos con esta licencia que operan en Andalucía, cerca del 70% está en Málaga.

A falta de concretar las posturas de los ayuntamientos, el conflicto podría empezar a desbloquearse esta tarde debido al control autonómico de los socialistas tanto en Andalucía como en Valencia. A partir de aquí, y si se aceptara el traspaso de competencias, comenzaría otra batalla legal, ya que, según el catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense Santiago Muñoz Machado, la imposición de una doble licencia para el ejercicio de la actividad sería contraria al ordenamiento jurídico europeo y español, agregando que una medida de efecto revocatorio —que en este caso no se haría por razones de legalidad sino de "mera oportunidad"— tendría que ir acompañada siempre de una indemnización.

Si quieren transferir competencias, lo que tienen que hacer es poner sobre la mesa la financiación para que podamos asumirlo

Ángel Garrido, el presidente madrileño, ya ha dejado claro que en ningún caso piensa afrontarla con sus propios Presupuestos. "Si quieren transferir competencias, que se haga alguna modificación en cualquier materia, sea educativa o de cualquier otro servicio público, lo que tienen que hacer es poner sobre la mesa la financiación para que podamos asumirlo", ha dicho el popular.

Una cosa sí está clara: los ayuntamientos han empezado a elevar la voz por encima de las CCAA y a convertirse en actores centrales de la contienda, y eso significa que los taxistas —probablemente y a falta de reunirse esta noche— ya han ganado esta batalla a las empresas de VTC.