Cuidado con 'hackear' un vibrador: puede ser un delito tan grave como el abuso sexual

El abanico de juguetes sexuales disponibles ha ganado en cantidad y variedad gracias a la tecnología. No es solo que los haya de todos los tipos y tamaños o que vibren a ritmos 'sandungueros' incluso bajo el agua, sino que, desde hace unos años, los fabricantes han contribuido al nacimiento de lo que podría llamarse un internet de los dildos: cada vez existen más versiones de estos aparatitos conectadas a un mando o una aplicación desde la que puede controlarse su funcionamiento.

Aunque la funcionalidad abre la puerta a nuevas posibilidades de uso, también ha despertado ciertos recelos sobre su seguridad. Sobre todo, teniendo en cuenta que no son pocos los investigadores que han logrado acceder a alguno de estos dispositivos de forma remota, aprovechando desde agujeros en las comunicaciones Bluetooth o en las propias ‘apps’ a problemas en las bases de datos almacenadas en la nube.

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C. Otto

Pero la idea de que alguien pueda ‘hackear’ un juguete erótico conectado introduce un nuevo escenario no solo en el plano tecnológico, sino también en el jurídico. Según advierten desde la consultora de ciberseguridad alemana SEC Consult, responsable del reciente descubrimiento de múltiples vulnerabilidades en los masturbadores de la firma Vibratissimo, un atacante podría controlar remotamente uno de estos aparatos sin el consentimiento de su portador. De ser así, ¿estaría incurriendo el ciberintruso en algún tipo de infracción de carácter sexual?

Para Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), “no es tan difícil trasladar los delitos del mundo analógico al digital”. El manejo de un dildo introducido en el cuerpo de otra persona sin el permiso de ésta “puede cuadrar con la definición de distintos delitos sexuales, dependiendo de la situación concreta”, explica a Teknautas.

A diferencia de un robo de datos o del acceso a un sistema ajeno, no hablaríamos de un delito informático. Estos “son los que tienen que ver con la información en sí misma, pero hay otros muchos delitos de toda la vida, como las estafas, que pueden cometerse a través de la informática”, aclara Cancio. La activación y control remoto de un vibrador entraría dentro del marco de las infracciones sexuales porque “cualquier conducta sexual sin consentimiento constituye alguna infracción sexual”.

Así, el mero hecho de que un individuo genere alguna actividad en el aparato sin el permiso de la persona que lo lleva constituye un abuso, “exactamente igual que si la tocara directamente, no hace falta que haya contacto sexual para que estemos ante un delito de este tipo”, indica el catedrático de la UAM.

En el caso de que el sujeto ejerciera algún tipo de violencia o intimidación para obligar a la víctima “a introducirse el dispositivo o a tolerar determinadas actividades”, la conducta podría considerarse, además, una violación. Ahora bien, “no va a poder ser una de las hipótesis más graves, aquellas en las que existe penetración”, subraya Cancio.

Pero si es la propia persona quien instala el juguete erótico dentro de sus genitales, ¿no podría alguien sugerir que daba así su permiso al control ajeno y remoto del aparato? El experto en Derecho Penal responde con una rotunda negativa: “El consentimiento se produce para una conducta y un sujeto determinados y tiene que darse en cada uno de los actos sexuales”.

Datos, fotos y vídeos muy íntimos

Como indicaban los investigadores de SEC Consult, y otros lo hicieron anteriormente, uno de los problemas más habituales es que los dispositivos se conectan con las aplicaciones utilizando el protocolo de comunicación Bluetooth Low Energy, una tecnología relativamente vulnerable a los ataques, pero ampliamente utilizada en el internet de las cosas por su rapidez y su bajo consumo de energía.

La consultora alemana comprobó, además de la posibilidad de controlar el juguete, que la información de los usuarios de la aplicación Vibratissimo —que guardaba desde fotos explícitas hasta pistas sobre la orientación sexual de los individuos— era accesible a través de internet. En el caso de que alguien lograra entrar en esta controvertida base de datos, “violaría la intimidad de la persona y es un supuesto agravado porque se refiere a informaciones que tienen que ver con su sexualidad”, dice Cancio.

También se consideraría un delito contra la intimidad en el caso de que un ‘hacker’ accediese a las imágenes de una cámara incorporada en uno de estos aparatos, como ocurre con uno de los modelos de la firma Svakom. No se trata de una situación tan inverosímil como pudiera parecer: investigadores de la empresa británica Pen Test Partners demostraron que era posible ver los vídeos captados por el objetivo endoscópico de otro de los dispositivos de Svakom a través de su conexión wifi. “Sería exactamente igual que acceder a una cámara para espiar o grabar cómo alguien realiza alguna práctica sexual”, señala el experto en derecho de la UAM.

En el caso de los fabricantes, estarán exentos de responsabilidades siempre que sus productos cumplan con los estándares de seguridad y no sean ellos mismos los que espíen a los usuarios sin su consentimiento. De no ser así, “podría tener alguna responsabilidad civil”, indica Cancio.

Si bien es cierto que, de momento, este tipo de prácticas y sus posibles consecuencias continúan restringidas al terreno de los laboratorios e investigaciones de expertos en seguridad, puede que en el futuro alguno de los supuestos se haga realidad y la jurisprudencia tenga que decidir sobre su tratamiento. “No es ninguna tontería: puede dejar de ser ciencia ficción y convertirse en una cuestión que alguien tendrá que resolver”, concluye el profesor de la universidad madrileña.