'Rescate' al taxi y golpe al Supremo: el Gobierno aprueba su ley anti Uber y Cabify

Victoria del taxi. Y por goleada. El Gobierno acaba de aprobar hoy en el Consejo de Ministros su proyecto de real decreto-ley para salvarlo de Uber y Cabify. La noticia, adelantada por Teknautas este miércoles y confirmada ahora por Fomento, supone un movimiento muy delicado por la forma en la que se produce: pocos días antes de que el Supremo presente una sentencia que podía liberalizar el sector al completo. Para evitarlo, satisfacer al taxi y proteger los intereses de millonarios inversores en licencias VTC, el Gobierno ha creado una ley 'in extremis' a medida, en una decisión que fuentes consultadas califican de "rescate encubierto al taxi" y "atentado contra la separación de poderes". Y no solo eso: la ley va a generar una nueva batalla judicial que puede alargarse durante años y lastrar, una vez más, a todo el sector.

"El objeto de la ley es equilibrar la actividad del taxi y de las empresas de alquiler de coches con conductor. Queremos garantizar una buena convivencia entre ambos sectores, sobre todo porque el ratio 1/30 ya se ha roto. Ahora mismo hay 64.217 licencias de taxi y y 7.058 de VTC, por lo que el ratio actual es de 1/9 y debe ser regulado", ha explicado esta mañana el Ministro de Fomento Íñigo de la Serna en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

De la Serna ha pasado de puntillas por el asunto más polémico: "Existe un contencioso-administrativo ahora mismo en el Supremo, pero yo no puedo saber cuál va a ser el resultado del mismo. Hemos decidido aprobar este decreto-ley para solucionar el conflicto que está creando la adjudicación de nuevas licencias VTC en las últimas semanas y meses".

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Manuel Ángel Méndez

"Agradecemos el apoyo del Gobierno y a todos los partidos políticos. Una sentencia liberalizadora del Supremo habría supuesto la ruina de más de 100.000 familias", ha dicho Miguel Ángel Leal, presidente de Fedetaxi, la asociación de taxistas clave que ha negociado con el Ejecutivo. Para desactivar el fallo del Supremo, Fomento ha decidido lanzarse a la piscina y aprobar una normativa que eleva a rango de ley dos de las barreras fundamentales a las empresas que operan con Uber y Cabify: el polémico ratio 1/30 (no puede haber más de una licencia VTC por cada 30 taxis) y la territorialidad (los coches VTC no pueden realizar más del 20% de su actividad fuera de su CCAA).

Eran dos de las exigencias irrenunciables del taxi al Gobierno, y este ha dado su brazo a torcer. Elevándolas a rango de ley respecto al reglamento que las regulaba desde noviembre de 2015 (el Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres, o ROTT), quedan blindadas a la sentencia del Supremo, que ya no tendría competencias sobre las mismas. El Gobierno justifica semejante actuación por una cuestión de "urgente necesidad" debido, según el documento final de la ley, al "incremento exponencial del número de licencias de arrendamiento de vehículos con conductor" que ponen en peligro al taxi, un "servicio de interés público fundamental". Diversas fuentes jurídicas consultadas, sin embargo, echan por tierra el argumento.

"Dicen todo esto solo para dar la imagen de cumplir con el artículo 86 de la Constitución, pero si fuera de urgente necesidad podrían haberlo aprobado hace años. ¿Quién se va a creer que, pudiendo haberlo anunciado desde el 2011, lo hagan ahora a solo unos días de una sentencia que, casi seguro, liberalizará la actividad?", comenta una fuente jurídica.

"Chirría por todos los lados. Es comprensible que aprueben esto para defender al pequeño empresario. Pero estamos hablando de que los grandes beneficiados son por un lado un monopolio, el del taxi, y por otro inversores que han puesto millones para forrarse especulando con las licencias VTC. Entre todos han presionado al gobierno para sacar esto adelante. Solo pierde Uber y la CNMC", explica otra fuente consultada.

La amenaza de una sentencia del Supremo ha descubierto todas las cartas. Y sucede algo difícil de explicar: el taxi y el mundo de las VTC, hasta hace unos días enemigos a muerte, ahora comparten objetivos y palmadas en la espalda. "Este decreto-ley beneficia al sector, al ciudadano y al tejido empresarial. Nosotros siempre hemos defendido el ratio de 1/30 y la territorialidad. Siempre". La frase podría ser de cualquier representante del taxi, pero es de Eduardo Martín, presidente de Unauto, la patronal de empresas VTC que aglutina a decenas de socios, entre ellos a Uber.

Nos parece una postura hipócrita. Han estado provocándonos, nos han llamado de todo, y ahora resulta que defienden nuestra postura

El mensaje no cuela en el taxi. "Nos parece una postura hipócrita. Han estado provocándonos de forma indebida, nos han llamado de todo, y ahora resulta que defienden nuestra postura. Seguiremos luchando", dice Leal. El giro de discurso de las empresas de VTC y su patronal tiene dos explicaciones. Por un lado, la necesidad de proteger sus inversiones millonarias en licencias. Una liberalización completa inundaría el mercado de permisos VTC y eso desplomaría el valor de los mismos. Por otro, y menos conocido, el temor a que una liberalización crease un monstruo inmanejable: Uber.

Entre las compañías de gestión de coches VTC hay un malestar creciente con la multinacional estadounidense. "Uber ha usado a la CNMC para intentar liberalizar el sector y, en lugar de ser la administración quien lo regule con el 1/30, ser ellos quienes lo hagan. Ya tienen casi 6.000 licencias en toda España, Cabify ronda las 2.000. En un mercado liberalizado ellos ganarían mucho más peso, se llevarían casi todas las licencias y empezarían a subir su comisión. Ya ocurre en EEUU. En España cobran un 27,2%, impuestos incluidos. Pero a los siguientes que quieran entran, les cobrarían, por ejemplo, un 35%. Y a los siguientes un 40%. Echa cuentas. Se convertirían en un monopolio brutal. Por eso están levantando ampollas entre las empresas de VTC, porque tienen el poder con su tecnología", explican compañías de gestión de VTC.

Según varias estimaciones del sector, un coche VTC puede facturar de media hasta 6.000 euros al mes. Si Uber se llevara el 35% de comisión, serían 2.100 euros al mes. Multiplicado por las 6.000 licencias que ya tiene en España, eso sube a 12,6 millones al mes. "Ahora multiplica por 40.000, que son las licencias que Uber podría amasar tranquilamente en España si se liberalizase la actividad. Estaríamos hablando de 84 millones al mes. Es una barbaridad", rematan las fuentes consultadas.

El Gobierno ha aprovechado esta confluencia cósmica del temor del taxi a desaparecer y el de las VTC a Uber y a perder su inversión para sacar de la chistera un decreto-ley que, más o menos, satisface a todas las partes. Incluso parece haber logrado los apoyos políticos suficientes para aprobarlo en el Congreso de los Diputados en un plazo de 30 días. Sobre el papel es una jugada redonda. En realidad, se puede acabar convirtiendo en una pesadilla jurídica. Y todo por saltarse al Supremo.

Varias fuentes jurídicas consultadas coinciden en señalar la alta probabilidad de que el Supremo acabe llevando de oficio o instado por alguna de las partes el nuevo decreto-ley al Tribunal Constitucional para tumbarlo. "Si los magistrados tenían pensado mantener el 1/30, no pasará nada. Bueno, Fomento hará el ridículo por haber corrido a aprobar una ley innecesaria, pero se quedará ahí". El problema vendrá si la sentencia del Supremo tumba el 1/30. "A los magistrados no les va a hacer ninguna gracia que el Gobierno haya hecho esta jugada antes, y podrían intentar impugnarlo", explican. Si no lo hace el propio Supremo de oficio, es altamente probable que la CNMC se persone para impugnarlo ante el Constitucional.

La otra incógnita es saber qué ocurrirá con las licencias VTC solicitadas desde noviembre de 2015 y hasta hoy. El nuevo decreto-ley deroga al anterior pero no es retroactivo, por lo que hay posibilidad jurídica de que la sentencia del Supremo dé luz verde a esos permiso en el aire. Se estima que pueden llegar hasta 30.000, y Uber va a luchar por todos y cada uno de ellos. "Si alguien pensaba que se ha acabado la batalla judicial, se equivoca", dice una fuente jurídica. "Esto no ha hecho más que empezar".