Uber: Cuenta atrás para el Gobierno: Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC
Expectación ante la sentencia del supremo

Cuenta atrás para el Gobierno: Uber se prepara para barrer al taxi con 30.000 VTC

Fomento ha esperado tanto a resolver el conflicto del taxi que ahora se encuentra con un problema: 30.000 licencias VTC que podrían entrar en vigor por una carambola judicial

Foto: Foto: madrid.org.
Foto: madrid.org.

El futuro del taxi, Uber y Cabify se decide ahora mismo mientras usted lee estas líneas. Unos y otros viven pendientes de dos acontecimientos clave: la inminente sentencia del Tribunal Supremo sobre la liberalización o no del sector, y el real decreto que el Gobierno planea aprobar este viernes o el viernes 27 para dejar sin efecto ese mismo fallo del Supremo. Es una jugada 'in extremis': saltarse al alto tribunal para seguir imponiendo barreras a la actividad de Uber y Cabify. Sin embargo, Fomento ha esperado tanto a hacerlo que se va a encontrar con un serio problema de última hora: alrededor de 30.000 licencias VTC solicitadas desde 2015 hasta hoy que, por una carambola jurídica, podrían entrar en vigor para acabar de reventar por completo al taxi.

Se trata de las licencias que se han ido solicitando en toda España desde el 20 de noviembre de 2015. En esa fecha, el Gobierno cerró el grifo de los permisos VTC con la aprobación del Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT), y estableció el famoso tope de 1/30 (una VTC por cada 30 taxis). En teoría, todas las licencias solicitadas con posterioridad serían denegadas. Pero muchas empresas de transporte las fueron pidiendo en previsión de un posible cambio legislativo en el futuro. Ese cambio puede llegar ahora en forma de liberalización por parte del Supremo. Y las peticiones se han disparado.

Los datos de los tres últimos años en Madrid sirven de ejemplo. En 2016, apenas se solicitaron 1.800 licencias VTC; en 2017, 1.600; pero en lo que va de año esa cifra ha volado a las 6.000 peticiones, con picos de 1.000 por día, según datos de la comunidad. Se estima que en toda España la bolsa total de licencias a la espera de luz verde ronda las 30.000. Esas son justo las que ahora pueden quedar aprobadas dependiendo de cómo y cuándo llegue la sentencia del Supremo y cómo y cuándo aterrice el real decreto del Gobierno.

"Es muy sencillo. Si el Supremo mueve ficha antes que el Gobierno, anuncia su sentencia y liberaliza el sector, esas 30.000 licencias VTC quedarían aprobadas y se podrían pedir miles más antes del real decreto de Fomento. Si ocurre al revés, y llega primero el real decreto y luego la sentencia del Supremo liberalizando el sector, las 30.000 licencias quedarían aprobadas pero no se podrían pedir más", explican fuentes del sector. La razón, según apuntan especialistas jurídicos, es que la nueva ley del Gobierno no tendría efecto retroactivo, pero la sentencia del Supremo sí.

El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)
El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna. (EFE)

Su puesta en marcha efectiva no sería tan directa y sencilla. "Es muy probable que la administración bloquease todas esas licencias en caso de que se diera este supuesto. Hablaríamos entonces de procesos judiciales que podrían durar de dos a cuatro años hasta dirimir la aprobación final o no de las licencias. Pero es una ventana legal que podría darse dadas las circunstancias actuales", explica una fuente del sector.

En otras palabras: Fomento llega tarde a taponar una inundación para salvar al taxi y se le pueden colar 30.000 permisos más. Teniendo en cuenta que hoy en día hay alrededor de 7.000 VTC activas en España (frente a 69.000 del taxi), solo esas 30.000 adicionales supondrían ya un golpe de muerte al sector. Y hay una empresa que está al acecho y sería la única y gran beneficiada de todo este galimatías judicial: Uber.

Directivos de la multinacional estadounidense están de hecho contactando a las grandes empresas VTC españolas para animarlas a pujar por las 30.000 licencias en el aire. Una de esas empresas es Moove Cars, gigante que cuenta con casi 8.000 licencias en su poder y que ha firmado un acuerdo con Uber para operar casi 5.000 en su plataforma. Sin embargo, ni Moove ni el resto de sus competidores están de momento por la labor. El motivo: quieren proteger su inversión.

Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)
Protesta de taxistas en Madrid el pasado verano. (EFE)

Curiosamente, estos 'amos' de las licencias VTC en España (Moove Cars, Gesstaxi, Vector...) se están uniendo al taxi para empujar al Gobierno a aprobar un real decreto 'in extremis' saltándose al Supremo (y la separación de poderes). Todos menos Uber desean que se apruebe la nueva ley. Una liberalización del sector, como pretende la CNMC, supondría una avalancha de nuevas VTC y la caída del precio de los permisos. Las millonarias inversiones de decenas de empresarios, de repente, no valdrían casi nada.

Cabify es el otro 'bicho raro': ahora mismo prefiere que las cosas se queden como están a optar por una liberalización completa. "Lo dijo su propio abogado en la vista previa en el Supremo esta semana. Ellos quieren mantener el ratio actual real de VTC y taxis, un 1/9 o 1/7, no el 1/30. ¿Por qué? Han hecho una inversión brutal y quieren rentabilizarla. Además, son dueños de licencias a través de participaciones accionariales en empresas. Si hay una avalancha de nuevas VTC, ellos también perderían mucho dinero", explica una fuente del sector.

Si hay una liberalización, Uber se come el pastel. Y si no la hay, a corto plazo habría tablas, pero a largo, Uber barrerá a Cabify

Una liberalización total o parcial supondría encima algo todavía más preocupante: la victoria del más fuerte, de la compañía con más dinero en los bolsillos. Y solo hay una en España que gana en ese frente: Uber. Sus 21.000 millones de dólares de financiación frente a los 400 millones de Cabify hacen que la batalla entre ambos sea ridículamente desigual.

Es quizás la mayor paradoja del puzle legal que se avecina: ver a enemigos máximos (taxi, Cabify e inversores y empresas de VTC) unidos ahora para apoyar al Gobierno en su real decreto antiliberalizador solo por puro interés económico. Unos y otros contienen la respiración ante la sentencia del Supremo, que tal vez no llegue hasta la semana que viene, ya que aún no se ha producido el señalamiento de votación y fallo. Si esto ocurre, el Gobierno tendrá la ventaja de mover primero. Pero la partida no ha hecho más que empezar.

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