El Gobierno ultima una ley para saltarse al Supremo y salvar al taxi de Uber y Cabify

Jugada del Gobierno para evitar que el conflicto del taxi le estalle (aún más) en las manos. El Consejo de Ministros se prepara para aprobar un proyecto de real decreto-ley para establecer las condiciones que regulan la actividad de alquiler de coches con licencias VTC de Uber y Cabify. No es una normativa cualquiera. Llega justo cuando el Tribunal Supremo se dispone a emitir la sentencia en el caso que enfrenta a la CNMC y a Fomento para liberalizar el sector. Se espera que el alto tribunal dé la razón a la CNMC y elimine todas las trabas a Uber y Cabify, algo que el Gobierno no se puede permitir si quiere evitar un conflicto social de primer orden. ¿Solución? Elevar a rango de ley las limitaciones existentes a las VTC para dejar fuera de juego al Supremo. Una medida que algunas fuentes jurídicas y políticas, incluso dentro del Partido Popular, han querido calificar de "cacicada".

El Gobierno de Mariano Rajoy se prepara para aprobar en el Consejo de Ministros del próximo viernes día 20 o 27 un proyecto de real decreto-ley por tramitación de urgencia que pretende adelantarse a la sentencia del Tribunal Supremo, según fuentes conocedoras del documento. El director general de Transportes, Joaquín del Moral, ya ha informado en varias reuniones tanto a los directores generales de transportes de cada comunidad como al sector del taxi de la aprobación inminente de la normativa.

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El Ministerio de Fomento ha elaborado un borrador del decreto-ley de tres páginas, al que ha tenido acceso Teknautas, en el que describe dos de las limitaciones clave que seguirá imponiendo a los coches VTC que operan con Uber y Cabify: el cumplimiento del ratio 1/30 (un vehículo VTC por cada 30 taxis) y la obligación de realizar menos del 20% de los servicios en otra comunidad autónoma, algo que en el sector se conoce como 'habitualidad'.

Estas dos limitaciones llevan en activo desde noviembre de 2015 en el Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (ROTT) y son justo las que el Tribunal Supremo puede tumbar en los próximos días en su sentencia del caso que enfrenta a la CNMC con Fomento. De hacerlo, el alto tribunal liberalizaría de un plumazo el sector. "Sería la muerte definitiva del taxi. Se cargarían el sustento de 100.000 familias", explica a Teknautas Miguel Ángel Leal, presidente de la Federación Española del Taxi (Fedetaxi).

El Gobierno quiere evitar a toda costa que esto ocurra y la forma más directa es elevando esas dos limitaciones al rango de ley para 'blindarlas' contra la inminente sentencia del Supremo. Sin embargo, la coincidencia de su decisión con el fallo del alto tribunal ha despertado todo tipo de recelos, incluso entre sus propias filas. "Están creando una norma a medida para paralizar algo a sabiendas de que se iba a producir. En este sentido, es una auténtica cacicada", explica un alto cargo político del Partido Popular conocedor del borrador de la normativa.

"El Gobierno está elaborando una norma para proteger a unos, el sector del taxi, en detrimento de otros. Es un claro abuso del poder ejecutivo, se cargan la separación de poderes al intentar saltarse la sentencia del Supremo tramitando de urgencia algo que no cumple este requisito en absoluto. No es un asunto de interés público, por mucho que nos quieran convencer de lo contrario, por lo que no puede ser tramitado de urgencia", señala una fuente del sector del transporte conocedora de los planes de Fomento.

Este decreto-ley va sobre cómo el Gobierno quiere favorecer a los suyos: Fedetaxi, 'lobbies', inversores y especuladores de VTC

Esta misma fuente va más allá sobre el verdadero motivo por el cual el Gobierno se plantea desmarcarse con un decreto-ley a estas alturas. "Lo de las 100.000 familias y el conflicto social es una cortina de humo. En el fondo hacen más fuerza los grandes 'lobbies' propietarios de licencias VTC, que están tributando una millonada en comparación con el taxi. Si se liberaliza de repente el sector, se derrumbaría el valor de las licencias VTC, y eso a los inversores que han metido millones y millones en ellas no les interesa. Prefieren que las cosas sigan como están", explica. "Este decreto-ley no va sobre las familias, va sobre cómo el Gobierno quiere favorecer a los suyos: a Fedetaxi, afín al PP, y a los grandes 'lobbies', inversores y especuladores de licencias VTC, que prefieren que todo siga igual por mero interés económico".

Una vista previa de "paripé"

Está por ver cuándo se aprobará el nuevo decreto-ley en Consejo de Ministros, pero todo apunta a que será este viernes o el día 27. "Cabe la posibilidad de que se echen atrás, de que no se atrevan a hacerle la cama al Supremo de forma tan flagrante, pero ahora mismo está todo cerrado. Solo falta dar el paso y aprobarlo", explica una fuente conocedora del borrador.

Desde el Gobierno, y prácticamente desde casi todas las partes involucradas, incluido el taxi, se da por hecho que la sentencia del Supremo dará la razón a la CNMC y liberalizará de forma casi total el sector, por lo que a Fomento no le queda más remedio que mover ficha para evitar una escalada del conflicto. La vista previa de tres horas que tuvo lugar ayer en el Supremo, en la que las 14 partes involucradas presentaron sus alegaciones finales, fue, según varias de esas partes consultadas, una mera escenificación. "Somos pesimistas respecto a la sentencia. Esto era un paripé, es la primera vez que se juzga en el Supremo una causa en base a la Ley de Garantía de Unidad de Mercado y tenían que juntarnos a todos, pero estoy convencido de que ya tienen fijado el signo de la sentencia", explica Leal.

En la decisión de aprobar este proyecto de real decreto-ley para adelantarse al Supremo no solo ha estado involucrado el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, también la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. El Ministerio de Economía ha sido consultado pero, según fuentes conocedoras de las negociaciones, se oponía a la aprobación del mismo por considerarlo una "aberración jurídica" al interferir con la doctrina del Supremo. Consultado por este diario, al cierre del artículo el Ministerio de Fomento no había confirmado ni desmentido el plan para presentar la nueva normativa.

¿Qué tiene más coste político, asumir que se saltan al Supremo o lidiar con huelgas? Prefieren asumir un riesgo jurídico que social

¿Qué ocurrirá cuando se apruebe este real decreto-ley en Consejo de Ministros para salvar al taxi? Tendrá validez jurídica desde el momento que se indique en el documento, que generalmente suele ser al día siguiente. En los 30 días posteriores, tendrá que aprobarse también en el Congreso de los Diputados. Pero el problema se le puede presentar más tarde al Gobierno.

Si los magistrados del Supremo entienden que el decreto-ley se ha creado a mala fe para evitar la sentencia, pueden pedir su suspensión y recurrirlo ante el Tribunal Constitucional. "Habría bastantes posibilidades de que el Constitucional lo tumbara en base al incumplimiento del artículo 86 de la Constitución. Es muy difícil argumentar que existe 'extraordinaria y urgente necesidad' para aprobarlo, cuando podrían haberlo hecho desde 2015 o incluso 2011. Qué casualidad que lo hagan justo ahora, a las puertas de la sentencia del Supremo, ¿no?", explican fuentes del sector.

La normativa 'in extremis' del Gobierno supondrá un pulso inédito al Supremo. Para el sector del taxi, se trata de una cuestión de vida o muerte. Para el Gobierno, se trata de escoger entre lo malo y lo peor. Qué tiene más coste político, ¿quedar en evidencia por saltarse al alto tribunal o lidiar con huelgas, enfrentamientos violentos, carreteras colapsadas e inversores millonarios cabreados? Según una fuente conocedora de los planes del Gobierno, "les ha podido el miedo a que el conflicto del taxi les pase factura electoral. Prefieren asumir un riesgo jurídico que social. Es pura política".