Multa por retuitear: qué podrás hacer (y qué no) en internet si se cambia la 'ley mordaza'

Golpe al Partido Popular con su polémica 'ley mordaza'. El Pleno del Congreso ha debatido hoy martes la modificación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, conocida como 'ley mordaza', y ha aprobado enviar a Comisión dos proposiciones de ley presentadas por PSOE y PNV que pretenden sustituir la norma actual. El PSOE propone un nuevo texto que recoge puntos de la legislación actual y de la Ley Corcuera mientras que la proposición del PNV propone cambiar 44 artículos. Sin embargo, ninguna de las dos elimina por completo los artículos más polémicos que afectan a lo que podemos hacer (y no) en internet.

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Alberto G. Luna

La entrada en vigor el 1 de julio de 2015 de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana arrancó con una fuerte polémica que la ha acompañado desde su nacimiento. El texto consideraba que era infracción grave la publicación sin autorización de imágenes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también el uso de las redes sociales para la convocatoria de protestas. Hoy el Congreso ha aprobado el inicio del proceso para modificar el reglamento. Es una buena noticia, pero a medias. Con las nuevas propuestas, retuitear la convocatoria de una manifestación, por ejemplo, todavía podría acarrear multas de hasta 600.000 euros.

En el primer frente, la publicación de fotos en internet de fuerzas y cuerpos de seguridad, sí hay avance. La proposición del PNV recoge la eliminación de la infracción al uso en la red de imágenes no autorizadas de miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Las fuentes consultadas por Teknautas consideran necesaria esta medida porque había desembocado en una extralimitación de las funciones de los agentes.

"La sanción se debía imponer cuando se colgaba la foto en la red, no cuando se tomaba", recuerda Carlos Almeida, abogado especializado en internet y propiedad intelectual. César Zárate, responsable penalista del bufete de abogados Écija, apunta en la misma línea: "Se hizo una norma que dejaba esa interpretación a la policía. Lo interpretaban como les daba la gana y decomisaban móviles y cámaras".

El artículo 36.23 de la ley recogía este supuesto dentro de las actividades que consideraba como infracciones graves de la siguiente manera: "El uso no autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respeto al derecho fundamental a la información."

Si dejamos la interpretación de esos derechos a la policía, no los van a respetar porque favorecerán lo que entienden por seguridad y protección

Tanto Almeida como Zárate apuntan que la infracción se producía en el momento de colgar esas imágenes en la red, no cuando se tomaban. El segundo señala la importancia de lograr un texto que equilibre la seguridad y la protección sin restringir las libertades fundamentales. "Si dejamos la interpretación de esos derechos a la policía, no los van a respetar porque favorecerán lo que entienden por seguridad y protección", asegura.

Ese artículo entra en conflicto con el 8.2 de la ley orgánica 1/1982 de protección civil del derecho al honor, en palabras de Almeida. Dicho texto recoge que "el derecho a la propia imagen no impedirá: a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, cuando se trate ,de personas que ejerzan un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público". Una vez derogado, un ciudadano podría tomar imágenes de agentes y colgarlas en la red siempre que se ajuste a los supuestos contemplados en ese artículo.

Hasta la fecha, las sanciones previstas por la ley estaban comprendidas en una horquilla que iba de los 600 a los 30.000 euros. Una de las razones que esgrime el PNV para modificar la ley está ligada a la cuantía de las sanciones, que pretende limitar, ya que "condenan a la pobreza a muchas familias", en palabras de Mikel Legarda, portavoz del partido en la comisión de Interior.

Un tuit que te puede costar 600.000 euros

Lo que ni PNV ni PSOE contemplan en sus escritos es la modificación del apartado 30.3 del texto, del que se desprende que que tuitear (o retuitear) una convocatoria de una manifestación en un lugar público también se considera una infracción. Tal y como señala Almeida, el problema del texto reside en el siguiente punto: "Si te consideran responsable de la manifestación te pueden multar por cualquier cosa, sea leve, grave o muy grave". Por ejemplo, "una protesta frente a una central nuclear", podría llevar asociada una multa de hasta 600.000 euros.

El citado artículo lo recoge así: "se considerarán organizadores o promotores de las reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones las personas físicas o jurídicas que hayan suscrito la preceptiva comunicación. Asimismo, aun no habiendo suscrito o presentado la comunicación, también se considerarán organizadores o promotores quienes de hecho las presidan, dirijan o ejerzan actos semejantes, o quienes por publicaciones o declaraciones de convocatoria de las mismas, por las manifestaciones orales o escritas que en ellas se difundan, por los lemas, banderas u otros signos que ostenten o por cualesquiera otros hechos pueda determinarse razonablemente que son directores de aquellas".

Ese último punto, en el que se dice de los infractores que "pueda determinarse razonablemente que son directores" es donde, a juicio de Almeida, se está cometiendo una incorrección. "Debería desaparecer porque establece una presunción. Imagina el 15-M. Se podría considerar organizador al primer tuitero que dijera que a las nueve de la noche había que estar en Sol", denuncia el abogado. Para Almeida, "chirría" que en una ley de orden público se establezca esa presunción, que sí tiene cabida "en el derecho civil".

Zárate también apunta que ese punto es polémico porque "presume que si alguien retuitea puede encajar en esa infracción". Esa "interpretación extensiva" evita, a ojos de este abogado, que una persona tenga "todos los derechos" en un juicio en el que se pueda valorar la autoría de una movilización de este estilo.

La sanción por colgar una foto de un policía podía llegar hasta 30.000 euros. Por convocar una manifestación, hasta los 600.000

Lo que hoy se ha aprobado en el Congreso es un primer paso para cambiar los artículos que más ruido han generado de la ley orgánica. Los grupos parlamentarios ya han adelantado que votarán a favor del inicio del trámite para que se debata, aunque no estén de acuerdo con el contenido de las modificaciones. "Es de suponer que habrá un pacto y algún grupo, como Podemos, se abstendrá", vaticina Almeida.

Según el abogado, el proceso va a ser lento y no prevé que la modificación entre en vigor "antes del verano". "No es lo mismo un gobierno con mayoría absoluta, que puede acortar los plazos, que cuando va a comisión", explica el abogado. Ahora la mesa del Congreso enviará el proyecto a una Comisión para que estudie las enmiendas. Ese texto irá al Congreso y, una vez aprobado, pasará al Senado: "Si se hace con todas las letras, y todo apunta que será así, será un proceso largo. Complicado que sea antes de final de año".