Golpe de Airbnb en Cataluña: la Generalitat no podrá multarla por "ilegal"

Airbnb se acaba de apuntar una importante victoria en la eterna batalla legal que mantiene en Cataluña contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona. El Juzgado de lo contencioso-administrativo nº 11 de Barcelona ha anulado la multa de 30.000 euros impuesta por el Govern en julio de 2014 por ofrecer apartamentos turísticos de forma "ilegal". La sanción fue sonada no tanto por la cantidad (la máxima posible), sino por el precedente que suponía, ya que abría la puerta a nuevas sanciones similares. Sin embargo, la Generalitat ha perdido ahora la batalla: un juez de lo contencioso-administrativo ha estimado el recurso de Airbnb argumentando que no hay base para considerar la web "ilegal".

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C. Otto

La sentencia, a la que ha tenido acceso Teknautas y que ha sido emitida por el Juzgado nº 11 de Barcelona de lo contencioso-administrativo (tras estimar el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, que la competencia estaba en los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo), desgrana en seis páginas los motivos por los que el magistrado anula la sanción y estima el recurso presentado por Airbnb. Y el principal es el limbo legal en el que se encuentra la economía colaborativa en Cataluña y en España en general.

En sus alegaciones en 2014, la Generalitat sancionó a Airbnb por intermediar entre turistas y propietarios de apartamentos sin estar estos inscritos en el Registro de Turismo de Cataluña. Además, técnicos del Gobierno catalán detectaron que la web ofrecía habitaciones en domicilios particulares, algo prohibido por la normativa. Tras presentar la sanción, el Govern, a través de la Dirección General de Turismo, fue más allá: advirtió a Airbnb que impediría el acceso al portal desde Cataluña si no retiraba las viviendas ilegales. Airbnb pagó la multa pero presentó un recurso y la jugada le ha salido redonda.

En la sentencia emitida ahora por el Juzgado nº 11 de lo contencioso-administrativo, el magistrado asegura que Airbnb Online Services (la filial española de la compañía, ahora Airbnb Marketing Services), "no es meramente un tablón de anuncios electrónico en el que operan los usuarios negociando y cerrando sus transacciones", ya que Airbnb cobra una comisión por su servicio de intermediación. Sin embargo, "la gestión de las reservas, la fijación de precios y especificaciones concretas del uso de las viviendas alquiladas se establece por sus titulares". Traducido: Airbnb sí intermedia, pero no como servicio turístico, sino con la realización de un "proceso tecnológico o informático de aproximación entre cliente (usuario) y persona dispuesta a ceder por precio el uso temporal [de su vivienda]."

Existe un "vacío normativo"

La sentencia incide en detalle sobre uno de los puntos más polémicos que rodea a Airbnb y al resto de webs de economía colaborativa: ¿son servicios de alojamiento (o transporte, en el caso de Blablacar) o meras plataformas tecnológicas? "La Ley 13/2002 de Turismo de Cataluña descansa sobre la ordenación del turismo sobre la base de intervenir activamente con organización, personas o bienes. Y ofrecer el sistema de comunicación virtual o digital a través de Internet no es propiamente el manejo, gestión o utilización de elementos, personas o bienes afectos a la explotación turística", argumenta el documento.

Lo que está haciendo Ada Colau es populismo. Aunque el juez le diera la razón, nunca podría cobrar esos 600.000 € ni cambiar nada

Y va más allá al poner el foco en la fuente de toda la guerra legal que enfrenta a los sectores tradicionales con la economía colaborativa: la ausencia de regulación actualizada. "Ofrecer intermediación no está anudado a la exigencia de una habilitación turística específica que haya sido identificada por la Administración. Falta un precepto en la Ley que diga expresamente algo similar a 'queda reservada esta actividad también a autorización de la Administración'".

En base a todo esto, el magistrado concluye que "la recurrente [Airbnb] realiza una actividad económica específica no regulada en términos tales que pueda afirmarse que se infringe la normativa de modo flagrante, como se exige cuando se están imponiendo sanciones". Y es aún más directo en otro punto de la sentencia: "La economía colaborativa ha sido objeto de atención por parte de la Unión Europea, para facilitar su desarrollo, como motor de la economía moderna, pero el Derecho Penal y el Derecho Administrativo sancionador no pueden ser utilizados como medios alternativos de regulación".

La Generalitat de Cataluña, a través de un portavoz de la Dirección General de Turismo, ha confirmado a Teknautas que van a recurrir la sentencia. "De momento no vamos a ofrecer ninguna valoración, pero por supuesto recurriremos". "Airbnb es parte de la solución en Barcelona y deseamos colaborar en la elaboración de una normativa clara que permita compartir el propio hogar. Esperamos que esta decisión inicie una nueva conversación sobre cómo poder trabajar de manera conjunta con las administraciones", ha dicho un portavoz de Airbnb tras publicar este periódico la sentencia.

Fuentes jurídicas consultadas señalan el error del Gobierno catalán al tratar de tumbar a Airbnb por la vía de la sanción administrativa sin concretar cuáles son los preceptos legales que se infringen. "El juez no entra a valorar si la actividad de Airbnb es legal o no, valora si hay algún artículo en la ley que soporte la sanción exigida. Y no existe. Entiende que la sanción no está tipificada, por lo que no hay caso".

Al igual que la sanción de la Generalitat en 2014 sentó un precedente y abrió la puerta a nuevas multas, esta sentencia puede causar justo el efecto contrario. El Ayuntamiento de Barcelona impuso recientemente una sanción a Airbnb y HomeAway de 600.000 euros a cada una por anunciar pisos sin licencias. "El planteamiento jurídico es muy similar, y por ahí ni la Generalitat ni el Ayuntamiento van a sacar nada. Y menos ahora con esta nueva sentencia, la mayoría de jueces hace caso de dictámenes previos", explican fuentes jurídicas. Y añaden: "Lo que está haciendo Ada Colau es puro populismo. Aunque el juez le diera la razón, nunca podría cobrar esos 600.000 euros ni cambiar nada. La ley española no regula la economía colaborativa. Y, encima, Airbnb opera en Europa desde Irlanda y su sede mundial está en California. ¿Qué va a hacer, enviar a los Mossos a San Francisco?".