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Giro de última hora en el juicio de Confebús contra Blablacar
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Giro de última hora en el juicio de Confebús contra Blablacar

El juicio que enfrenta a la patronal de autobuses, Confebús, contra Blablacar ha quedado pospuesto después de una alegación de última hora que puede cambiar el signo del juicio

Foto: Frederic Mazzella, fundador y consejero delegado de Blablacar. (Foto: prophotonquantique, flickr - creative commons)
Frederic Mazzella, fundador y consejero delegado de Blablacar. (Foto: prophotonquantique, flickr - creative commons)

Las conclusiones de la demanda a la comunidad Blablacar por presunta competencia desleal han quedado pospuestas después de que la Confederación de Transporte por Autobús (Confebus) haya pedido al juez que considere un expediente administrativo de la Comunidad de Madrid contra la compañía.

[Blablacar ante el juez: estos son sus argumentos para no cerrar en España]

El titular del juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha atendido a la petición del letrado de la demandante aunque ha asegurado no estar al tanto de un proceso que, según ha explicado el representante de Blablacar en España y Portugal, Jaime Rodríguez, es "completamente ajeno" a este caso.

Según ha confirmado a Efe la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid, el organismo abrió tales diligencias después de que la compañía no aportase una documentación requerida por cuestiones administrativas.

La Comunidad abrió las diligencias después de que la compañía no aportase una documentación requerida por cuestiones administrativas

A la espera de las conclusiones, la plataforma, usada en España para compartir los gastos de trayectos en coche desde 2010, ha reiterado hoy que nunca han sido competidores de los servicios de autobús, ya que únicamente el 5% de sus rutas coincide con los principales recorridos de las empresas de transporte terrestre.

"Un servicio contrario a la normativa"

El secretario general de la patronal, Joaquín Tarazaga, ha asegurado que Blablacar realiza "un servicio público de transporte contrario a la normativa y que afecta a empresas legalmente establecidas".

La patronal presentó en mayo de 2015 una demanda al considerar que la plataforma actuaba como intermediaria de un servicio profesional sin licencia, lo que habría contribuido a una caída del tráfico en autobús estimada en un 20%. La acusación se centra en corredores ofertados por la red social como la ruta Madrid-Valencia que, según los datos aportados por Confebus, suponen el 50% de las plazas disponibles en autobús de viernes por la tarde a domingo.

Una versión refrendada por los cuatro detectives de la demandante, que han dicho que algunos de los usuarios con los que compartieron la experiencia de viaje para realizar su posterior informe pericial "reconocieron que usarían autobús de no existir Blablacar".

No hay lucro, según Blablacar

Por su parte, los autores de los dos peritajes encargados por la empresa con matriz en Francia, han ratificado el contenido de sus documentos y han destacado que ni los conductores se lucran de los pasajes ni los servicios prestados por las partes son totalmente sustitutivos.

Especialmente cuando "el número de pasajeros de Blablacar respecto de los usuarios de bus entre 2014 y 2015 es del 0,3%".

Blabacar argumenta que el número de pasajeros que utilizan la plataforma es menos del 1% de usuarios de autobús en España

Asimismo, han evidenciado los impactos positivos de esta actividad de economía colaborativa que "reduce el número de coches en circulación, mejora el aire y cubre áreas del territorio nacional sin conexión directa".

A la conclusión de la vista, Rodríguez ha apelado al "sentido común" ya que, en su opinión, Confebus "quiere prohibir algo que se ha hecho toda la vida", y ha puntualizado que Blablacar nunca ha sido una compañía de transportes sino "una red social, una empresa de internet".

Las conclusiones de la demanda a la comunidad Blablacar por presunta competencia desleal han quedado pospuestas después de que la Confederación de Transporte por Autobús (Confebus) haya pedido al juez que considere un expediente administrativo de la Comunidad de Madrid contra la compañía.

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