no saben si volverán a operar

Así se posiciona Uber ante sus conflictos abiertos en España

Seis meses después de ser bloqueada en nuestro país, la empresa norteamericana sigue lidiando con sus sombras mientras mira a Europa para tratar de retomar su actividad en España

Foto: Así se posiciona Uber ante sus conflictos abiertos en España

Bloqueada y con un dictamen oficial que pone en jaque su actual relación laboral con los conductores. Este es el campo de juego en el que se encuentra la norteamericana Uber en España ocho meses después de la prohibición por vía judicial, con la que inauguró su particular via crucis. La compañía, valorada en más de 50.000 millones de euros, mira ahora hacia Europa donde tiene depositadas sus esperanzas para regresar a la actividad.

En España tiene dos procesos judiciales abiertos en sendos juzgados de lo Mercantil en Madrid y Barcelona. Se enfrenta a ello confiando en que la mediación de las instituciones en Bruselas le permita avanzar. ¿Su objetivo? Volver a la carretera de nuevo con un marco regulatorio “consensuado y flexible”. Unas reglas del juego con las que su servicio Uber Pop, según confirman desde la empresa, “no sería igual” al prestado hasta ahora.

Dos frentes judiciales

El 9 de diciembre está marcado en rojo en el calendario de la firma tecnológica. Fue la fecha elegida por Andrés Sánchez, juez de lo Mercantil de Madrid, para decretar la suspensión cautelar de la actividad tras las quejas por competencia desleal que planteó el sector del taxi. La medida se completó con el bloqueo de las plataformas de pago que colaboraban con ellos y del acceso a las aplicaciones móviles y la web. Casi cuatro meses después la firma decidió denunciar la decisión ante la Comisión Europea.

La institución sigue guardando silencio y desde la empresa no tienen una previsión temporal de cuando lo romperá. Sí ha habido, según confirma el director de comunicación de la compañía en España, Yuri Fernández, un cambio: el juez español confirmó el pasado mes de mayo su resolución manteniendo el bloqueo de las operadoras de telecomunicaciones y de las plataformas de pago a la aplicación UberPop, pero levantándolo para el resto de servicios de la compañía.

En la otra gran capital española, Barcelona, también se mantiene abierto un juicio que está pendiente de una gestión. El juez ha reclamado a la Justicia europea que determine si la compañía, realmente, ejerce competencia desleal respecto al resto de operadores del sector del transporte. Y lo hace en una providencia en la que defiende la necesidad de enmarcar la actividad de Uber como un servicio de transporte o como uno propio de la sociedad de la información. “Ha entendido que la cuestión está relacionada con la sociedad de la información que, al final, se basa en la legislación europea”, defiende el directivo.

¿Cambios en su modelo?

En paralelo, la compañía confía en que el debate abierto en el Parlamento catalán sobre la llamada economía colaborativa sea una puerta para encontrar su encaje en una futurible regulación. La comisión creada ad hoc ya está activa. El fin último es elaborar un informe que contenga recomendaciones con las que ordenar la actividad de firmas como Uber o Airbnb. Desde la primera, esperan que a lo largo del verano se dé algún paso. Y aguardan mientras reivindican ahora, tras haber implantado su servicio más polémico, la intención de dialogar. “Tenemos interés en colaborar con las autoridades para encontrar un marco jurídico consensuado y flexible que dé cabida a la economía colaborativa”, recuerdan.

Quienes se ponen frente al volante no son colaboradores sino trabajadores de pleno derecho

Para cumplir con esas reglas del juego, la compañía está dispuesta a modificar Uber Pop, la modalidad con la que aterrizó en España. Un servicio que fue justificado, en un principio, como una forma de compartir gastos de los viajes pero que, con el tiempo, ha tenido en el empleo uno de sus argumentos de defensa (el día de la Mujer Trabajadora prometió un millón de empleos para mujeres en cinco años). “Queremos un marco regulatorio que nos permita operar con un servicio que no será exactamente igual que el presentado en España”, reconoce el directivo. No dan más detalles sobre estas modificaciones. En la actualidad Pop permite a un particular ofrecer su vehículo para transportar a personas sin una licencia VTC ni los permisos administrativos, indispensables para el resto de profesionales del taxi.

Hasta ahora, sólo mantienen activo un proyecto: UberEATS. Con él se adentraron en el segmento de la entrega a domicilio de comida en la ciudad de Barcelona. De acuerdo con los datos de la propia empresa, cuentan con un “muy buen nivel de demanda” pero se niegan a ofrecer cifras que lo demuestren. Sí apuntan que ya hay “decenas” de restaurantes que utilizan su plataforma para repartir menús, con lo que cubren entre el 80 y el 85 por ciento de toda la capital. Sin embargo, en su página web informan de que sólo pueden dar servicio a los barrios de la zona centro.

¿Empleados o colaboradores?

 

Mientras los procesos judiciales siguen su curso, la compañía ha de lidiar con otro escollo en el camino: su relación con los conductores de la empresa. No se trata de un obstáculo nuevo, pero se ha hecho mucho más patente en los últimos meses, con los dictámenes de la Comisión de Trabajo de California (Estados Unidos) y de la Inspección de Trabajo de Barcelona. Ambos concluyen lo mismo: quienes se ponen frente al volante no son colaboradores sino trabajadores de pleno derecho.

El juez español revisó el pasado mes de mayo su resolución levantando el bloqueo de las operadoras de telecomunicaciones y de las plataformas de pago

¿Cómo afecta a la empresa? “No entramos a valorar la implicación que tienen porque nosotros nos ceñimos a los dictámenes [favorables] que se han dado en el país más avanzado que es Estados Unidos”, recuerda el responsable de Comunicación. Pese a que no pocas voces señalan al efecto negativo sobre este y otros servicios de la llamada economía del alquiler (los gastos de personal se incrementarían notablemente), se limitan a incidir en que el pronunciamiento en California no es vinculante, afecta a uno solo conductor y es contrario a otros que se han producido en el pasado. “Los conductores que colaboran con nosotros lo hacen porque tienen flexibilidad y control absoluto sobre su actividad... De hecho muchos de ellos combinan otras fuentes de ingresos, incluyendo empresas de la competencia, por lo que difícilmente se puede ver como un trabajador”, arguye Fernández.

Pero las dudas se acrecientan aún más cuando esta posición respecto a sus colaboradores se completa con la referida al empleo. ¿Puestos de trabajo o colaboraciones? ¿No se trata de un contrasentido? “Una cosa es la generación de oportunidades económicas y otra que se consideren colaboradores de la compañía”, se limita a decir el directivo. Su posición: el trabajo en Uber “es una manera de paliar la situación en la que se encuentran muchos trabajadores”. Por tanto, desde la filial española ya no se habla de puestos de trabajo, sino de generación de oportunidades. Al contrario de lo que hacía tan sólo seis meses atrás su propio consejero delegado, Travis Kalanick, quien prometía la creación de 50.000 nuevos empleos en el viejo continente.

Con todo, la empresa se enfrenta a un futuro con gran incertidumbre. No hay fechas para la resolución de sus conflictos. Ni desde la firma, con sede en Barcelona, quieren fijarlas. “Dependemos de muchas decisiones, no tenemos elementos suficientes para saber si para otoño o invierno podremos estar funcionando de nuevo”, advierten. Sólo tienen claro que Europa tendrá mucho que decir.

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