EL IVA DE CAJA, en la ley de emprendedores

La ley abocada al fracaso con la que el Gobierno se ahorró 900 millones de euros

¿Qué probabilidades hay de que un Gobierno diseñe una ley con la que sabe que va a perder dinero pero que sea tan mala que al final acabe ganándolo?

Foto: El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Fotografía: Reuters).
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (Fotografía: Reuters).

Por norma general, cuando un Gobierno aprueba una ley económica parte de su objetivo principal pasa por aumentar la recaudación de dinero público. En otras ocasiones no obstante, prefiere perder recaudación porque entiende que es mejor que el dinero siga en los bolsillos de los ciudadanos, las grandes empresas, las pymes o incluso los bancos.

Sin embargo, ¿qué probabilidades hay de que un Gobierno diseñe una ley con la que sabe que va a perder dinero pero que sea tan mala que al final incluso acabe ganándolo? Las probabilidades son casi nulas, pero eso es exactamente lo que acaba de ocurrirle al Gobierno español.

Todo viene a raíz de la aprobación (dentro de la Ley de Emprendedores) del llamado "IVA de caja", un régimen fiscal gracias al que las empresas que facturan menos de 2 millones de euros anuales pueden declarar el IVA de una factura solo cuando esta haya sido cobrada. Una modificación que muchas pymes venían reclamando desde hace tiempo ante la situación de perder ingresos tras liquidar el IVA de facturas que no sabían cuándo iban a cobrar.

El 'fracaso' del IVA de caja

Tras varios años de debate, el Gobierno finalmente aprobó esta modificación (aplicada desde el 1 de enero de 2014), que suponía una gran noticia para las empresas, pero no tanto para el propio Ejecutivo: según las cuentas del equipo de Mariano Rajoy las arcas públicas perderían 983 millones de euros con la aplicación de esta reforma, pero se entendía que no era momento de engrosar el cofre del Estado, sino el de las pymes.

Sin embargo, las cuentas no le han salido en absoluto. Y es que, de los 1,3 millones de autónomos y un millón de pymes que podían acogerse al sistema de IVA de caja, solo lo han hecho algo más de 20.000. Por ello, la pérdida de recaudación, en vez de ser de 983 millones de euros, apenas ha sido de 32 millones de acuerdo con el Informe Mensual de Recaudación Tributaria del pasado mes de junio.

De este modo, el Gobierno ha acabado ahorrándose algo más de 900 millones de euros que le ayudarán de cara a mejorar las cifras de déficit.

Pero, ¿por qué casi nadie se ha acogido a este nuevo sistema fiscal? Las razones parecían adivinarse desde el principio: en primer lugar, la posible mala imagen que podría darle a una empresa adoptar esta medida. Si un emprendedor tiene que declarar el IVA de una factura que no se le ha abonado, la empresa que le adeuda la cantidad tampoco podrá deducirse ese IVA, algo que no le hará ninguna gracia, con lo que el emprendedor correrá el riesgo de dejar de ser su proveedor.

Por otro lado, el sistema de IVA de caja, al no ser obligatorio, obliga a las empresas a llevar una especie de doble contabilidad. Un obstáculo más en la ya intrincada gestión de la contabilidad de una compañía.

¿Hizo mal el Gobierno en aprobar el IVA de caja?

Llegado este punto cabría preguntarse: entonces, ¿es esta ley un fiasco? ¿Hizo mal el Gobierno en aprobarla? Con las cifras en la mano, está claro que podríamos decir que este nuevo sistema que el Gobierno de Rajoy vendió como una de sus grandes medidas ha sido un total y absoluto fracaso

Sin embargo, conviene tener en cuenta algunas consideraciones. Para empezar esta medida no es un innovadora iniciativa del Gobierno, ni mucho menos. De hecho fue el 28 de noviembre de 2006 cuando la Unión Europea aprobó la directiva comunitaria 2006/112/CE, en la que ya instó a todos los países miembros a que el IVA pudiese ser declarado cuando las facturas se cobrasen, y no antes.

Si una empresa tiene que pagar por el IVA de una factura, lo lógico es que lo pague cuando haya cobrado dicha facturaEl problema residía en que un sistema así, en principio, reduciría el volumen de las arcas públicas, con lo que Zapatero no se atrevió a llevarlo a cabo y Rajoy tardó dos años en hacerlo.

Por otra parte, desde algunos sectores se apunta a un culpable distinto del Gobierno. Si el problema es que las empresas grandes se van a enfadar con una pyme porque no les deja que se deduzcan el IVA de una factura que no le han pagado... ¿el problema no debería ser de las empresas que deben dinero a la pyme? Además de que no le pagan, ¿la culpa es suya por no querer perder dinero? ¿No sería más lógico imponer (a medio-largo plazo) este sistema para que las grandes empresas no puedan amenazar a las pequeñas con dejar de encargarles trabajos si se acogen al IVA de caja?

Así las cosas habría que plantearse si hay que prescindir del IVA de caja o si, por el contrario, se trata de un modelo justo, con una adaptabilidad previsiblemente lenta y basado en un axioma básico: si una empresa tiene que pagar por el IVA de una factura, lo lógico es que lo pague cuando haya cobrado dicha factura.

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