La memoria digital de España no tiene quien la reglamente

Cada día aparecen nuevas páginas webs, blogs o foros y, cada día que acaba, desaparecen muestras incontables de la memoria digital. Para preservarla para las generaciones futuras hay iniciativas como la estadounidense Archive.org. En el Reino Unido, seis gran bibliotecas comenzaron en abril a copiar toda la Red británica. ¿En España? El Gobierno lleva meses de retraso en la tramitación de un reglamento que ponga en marcha el depósito legal de publicaciones electrónicas. Algunas instituciones ya están archivando el patrimonio digital por su cuenta.

“El patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital de las culturas de España es uno de los más ricos y representativos del mundo y debe ser preservado en beneficio de las generaciones presentes y futuras”. Así comienza el preámbulo de la Ley 23/2011, de 29 de julio, de depósito legal. La norma entró en vigor en enero de 2012 y daba un año al Gobierno para crear una herramienta para archivar la red española.

Esa herramienta ya tiene forma de borrador y los técnicos que llevan trabajando desde enero en el reglamento entregaron su última versión al Gobierno hace unos días. La Ley de 2011 establece que las páginas web están sujetas a depósito legal pero sus dueños no están obligados a realizarlo. El borrador del reglamento aclara este juego de palabras. Dada la particularidad de las publicaciones online, serán las bibliotecas las encargadas de hacer copias periódicas de las webs españolas.

“Podremos capturar de internet todo lo que queramos siempre que esté en abierto”, dice la jefa de depósito legal de la Biblioteca Nacional de España (BNE), Montse Oliván. En el caso de los sitios cerrados, como los periódicos de pago, “los editores tendrán la obligación de darnos las claves”, añade. Aquí también entran los libros electrónicos, las películas online o la música en streaming.

La figura del depósito legal en España se remonta a 1616, cuando al menos un ejemplar de las obras impresas en la Corona de Aragón tenía que ser entregado al Reino. Poco después, Felipe III concedía a la Real Biblioteca de El Escorial el privilegio de recibir un ejemplar de cuantos libros se imprimiesen en toda España. Puede que en algún momento de la historia fuera una herramienta de control de lo que se publicaba. Pero hoy, al menos en las sociedades democráticas, es un mecanismo para conservar el patrimonio cultural y legarlo a las futuras generaciones.

Con internet todo cambió. Su aparición dejó anticuada la legislación de depósito legal, que obligaba a los editores a remitir un número determinado de copias a las oficinas de depósito legal y, desde éstas, a los centros de conservación, como la Biblioteca Nacional de España. Con las publicaciones electrónicas en un soporte tangible, como un CD o un DVD, no había problema. Se les asimilaba a los libros o vinilos y ya está. Pero, ¿cómo mandar una web al depósito? ¿Haces una copia del día X y la mandas por correo electrónico?

“Dependerá del tipo de web”, explica Eugènia Serra, directora de la Biblioteca Nacional de Catalunya (BNC). La cultura es competencia autonómica, por eso en el reglamento que sentará las bases para la preservación de Internet, están participando expertos y técnicos de las CC.AA y sus respectivos centros de conservación. “Con las webs institucionales puede bastar capturarlas dos o tres veces al año, pero con los periódicos digitales, por ejemplo, igual tenemos que ajustar la periodicidad a un mínimo diario”, añade.

El único gran límite a la potestad de las grandes bibliotecas consideradas centros de conservación será la intimidad de las personas. Por eso, no podrán archivar ni correos personales, ni las comunidades de grupos cerrados o los mensajes privados. Aunque todavía es un borrador y habrá que establecer los mecanismos técnicos concretos, los perfiles o contenidos de Facebook si podrán ser recogidos. “En la recolección selectiva que hicimos sobre las pasadas elecciones generales se recolectaron perfiles en Facebook de partidos y de candidatos”, recuerda la jefa del servicio web de la BNE, Mar Pérez. Con Twitter debería pasar lo mismo, dado su carácter abierto. “Lo que no recolectaremos serán mensajes privados, pero todo lo que sea público en redes sociales o en plataformas 2.0 (como blogs) será objeto de recolección, porque es considerado patrimonio documental también”, añade.

La BNE lleva ya un tiempo tomando instantáneas de la internet hispana, aunque, a falta del reglamento que les habilite legalmente, sólo de lo que está en abierto. Cada recolección masiva de los dominios con sufijo .es alcanza los 25 terabytes (TB, 1.000 gigabytes). En los discos duros de la BNE ya tienen 85 TB que subirán hasta los 120-130 TB antes del verano, cuando realicen una nueva recolección masiva. Cuando llegue el reglamento, las cifras crecerán casi exponencialmente. Ahora se hacen capturas completas con carácter anual y algunas específicas coincidiendo con acontecimientos relevantes como unas elecciones generales.

Archivar toda la red de España superará las capacidades de cualquier biblioteca nacional por grande que sea. Por eso, se está trabajando en un acuerdo entre la BNE y la entidad pública Red.es para encontrar o habilitar una infraestructura de servidores que pueda con todo ello. Tan importante como la capacidad de almacenamiento será la conectividad. La idea es que se cree una web desde la que todo el mundo pueda acceder al patrimonio digital de todos. Aquí, la única limitación será la propiedad intelectual de los contenidos cerrados.

Pero el gran problema es el tiempo. La velocidad de internet no es la de los políticos. Aunque los técnicos han hecho la mayor parte del trabajo, cada día que pasa sin aprobar el reglamento de depósito legal de publicaciones electrónicas, parte del legado digital se pierde para siempre. La Ley de 2011 ya venía con retraso. En la anterior Ley de la lectura, del libro y de las bibliotecas, de 2007, se le daba al Gobierno de entonces un año para que remitiera a las Cortes una nueva norma sobre depósito legal que recogiera la realidad autonómica y los cambios provocados por la aparición de los nuevos soportes. Es decir, se retrasaron cuatro años.

Con el reglamento, el retraso es ya de varios meses. Aprobada la Ley de Depósito Legal en julio de 2011, entró en vigor en enero de 2012. Una de sus disposiciones daba un plazo de otro año para que el Gobierno tramitara el reglamento que desarrolla sus artículos sobre publicaciones electrónicas. El Ejecutivo salvó la cara ante los plazos del derecho administrativo empezando a moverse en enero pasado. Fuentes consultadas estiman que harán falta otros seis u ocho meses para que llegue al Consejo de Ministros. Mientras tanto, varias comunidades autónomas, como Aragón, Castilla La Mancha y Catalunya han aprobado sus propios decretos de depósito legal. El apartado de las publicaciones electrónicas lo dejan en suspenso a la espera del reglamento del Gobierno.

Algunos no han querido esperar. Además del proyecto de la BNE, que ha contado con la ayuda de Archive.org, Catalunya y el País Vasco llevan años preservando su patrimonio digital. Éste último tiene en marcha Ondarenet (en euskera, ondare significa patrimonio, legado). Pero el pionero en España es el Archivo Web de Catalunya o Padicat. Desde 2005, su repositorio ha crecido hasta las casi 60.000 webs, con 373 millones de ficheros y un espacio ocupado en disco de 13 TB. Siendo enorme, no deja de ser una gota en el océano de páginas, blogs o redes.

“Hasta que no salga el reglamento, capturamos de forma selectiva”, recuerda Serra, de la BNC. “La legislación es la que debe garantizar el acceso a todos los recursos, también los restringidos”, añade. Por su parte Oliván, de la BNE, reconoce que vamos con retraso. “Podríamos haberlo hecho hace tres años o así, pero no antes. El mundo ha avanzado a tal velocidad que es imposible”, comenta. Ambas coinciden en que habrá cosas que se perderán para siempre.