Comisión Sinde: doce meses de chapuzas, papeleo y opacidad

La Comisión de la Propiedad Intelectual cumplió el pasado viernes su primer año de vida. Trescientos sesenta y cinco días en los que se ha arrastrado a través de un infierno mediático y social, haciendo gala de un silencio elocuente. Primero, dejándose llevar -desde la opacidad de los despachos ministeriales- por la inercia burocrática de un fracaso anunciado cuya única contribución a la lucha contra la piratería ha sido el establecimiento de un nuevo diálogo de sordos entre las partes implicadas. Un coloquio simbolizado por montañas de solicitudes, alegaciones y resoluciones que ni siquiera abarcan el 1% -y nos quedamos cortos- de los contenidos ilegales de la red. Después, parapetando su deriva e inoperancia administrativa -por falta de base jurídica- detrás de ese ceremonioso título que recuerda a la Policía del Pensamiento de George Orwell, escondiendo los nombres propios de sus miembros elegidos a dedo sin pasar ni siquiera por las que dicen que son las escrituras sagradas del Estado, el BOE.

Los recién nacidos comienzan a articular sus primeras palabras con sentido tras su primer año de vida. La Comisión Sinde ha sido fiel a esa ley natural. Acosada por las cifras arrojadas a la opinión pública por la Coalición de Creadores, el jueves emitió sus primeros balbuceos a través de su propia presidenta, Teresa Lizaranzu. Después de sufrir en silencio un año entero, las declaraciones debieron resultar un alivio. “No es eficaz”, admitieron. Los medios de comunicación ya hemos repetido como loros los datos. 

En un año se han tramitado 363 solicitudes, entre las que de momento sólo han prosperado 30 expedientes, 19 de ellos con retirada voluntaria de contenidos y sólo 4 con resoluciones de la Comisión. Estas cifras representan, más que un fracaso, un esperpento, si las contraponemos al problema de la piratería en España, con 3.049 millones de contenidos ilegales en 2012, según el Observatorio de la Piratería. Los pequeños autores no están satisfechos. La gran industria tampoco. Los proveedores de acceso a internet pasan palabra, de momento. Sólo Kim Dotcom está contento con España. Si la lucha contra la piratería es una cuestión de Estado, se está disimulando muy bien.

La piratería ocupa hoy los cuatro carriles de "las autopistas de la información", símil con el que bautizó a internet Al Gore en los 90. No hace falta ser un experto para comprender que solventar un problema dentro del sistema de transmisión de información más rápido que jamás ha existido requiere soluciones alejadas de la burocracia tradicional. Sin embargo, la Comisión Sinde ha avanzado por cauces que se parecen más a un camino de cabras que a una autopista, empezando por el propio sistema informático a través del que se procesan las denuncias.

Al músico Eme Navarro lo conocimos en los primeros días de funcionamiento de la Comisión Sinde. Él solo fue capaz de colapsarla, presentando 200 denuncias reales donde se vulneraban los derechos de autor de sus canciones. Sólo trataba de demostrar la ineficacia del sistema. Y lo logró.

“Mis denuncias se archivaron. En un principio se me respondió por vía electrónica y me pidieron una subsanación de deficiencias para cada una de las denuncias. Cuando intenté subir los archivos al sistema, adjuntando los ficheros de texto que me pedían, con los certificados de autoría y la justificación de daños económicos, me di cuenta de que sólo dejaban adjuntar un archivo, pero además el sistema no funcionaba. Así que tuve que hacer la subsanación a través del registro, en persona”, explica a Teknautas Eme Navarro.

“Adjunté ficheros, fotocopias compulsadas, los enlaces a mi obra… pero también me pedían las IP’s de las webs donde podían descargarse mis canciones. Los autores individuales es imposible que podamos hacer nada, sólo las grandes discográficas con gabinetes de abogados pueden aportar cierta información, como las IP´s de las webs. Los pequeños no tenemos esa capacidad”, agrega el músico.

Sobre los daños económicos, Eme Navarro hizo un cálculo basado en el número de descargas ilegales y el valor de su obra 'online'. “Me dijeron que esa argumentación no servía. Es decir, que tenían que existir copias reales. ¿En la era digital tenemos que tener un soporte del mundo analógico para demostrar una pérdida económica?”, se pregunta el músico.

Con los mismos problemas logísticos se ha encontrado el abogado David Bravo, en su caso desde el otro lado de la barrera, el de las alegaciones. Desesperados porque eran incapaces de presentarlas a través de los canales telemáticos establecidos en el plazo de 48 horas, alrededor de 15 denunciados han decidido nombrar al letrado sevillano su apoderado.

“El sistema es un caos total, tanto para denunciar como para defender. He tenido que configurar un ordenador específicamente para presentar las alegaciones, y no sé ni cómo lo he hecho. Me he encontrado hasta con un limitador de caracteres a la hora de aportar documentación”, cuenta a Teknautas David Bravo.

“Lo que yo detecto es que todo esto no deja de ser un mero simulacro, donde todas las respuestas son conocidas de antemano y todos los asuntos se resuelven de la misma manera, en un continuo copia y pega. Nos estamos mandando información de mero formulario. Y cuando se ven contra la espada y la pared dejan caducar el expediente, y no me dan la razón ni me la quitan. A los tres meses caduca, y así se acaba el asunto”, agrega el abogado, quien afirma que todas las comunicaciones de la Comisión no las firma nadie en concreto, sino “la Secretaría”.

“Hemos tenido alguna reunión con la Comisión. Podemos decir que no nos han puesto impedimentos, pero tampoco nos están poniendo muchas facilidades, sobre todo al principio, cuando nos pidieron que subsanáramos algunos requisitos”, cuenta a Teknautas José Manuel Torné, presidente de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual (FAP), otra de las organizaciones que ha probado la burocracia de la Comisión de la Propiedad Intelectual en sus propias carnes.

El pasado viernes, el Ministerio de Cultura no supo concretar vía telefónica a este periódico el número de funcionarios que trabajan detrás de la Comisión de la Propiedad Intelectual sin iniciar un trámite de consulta previo. Más allá de las cabezas visibles y sus suplentes, sólo confirmaron que existen técnicos de distintos Ministerios detrás de los trámites de las denuncias y las alegaciones. 

“Yo creo que probablemente hay una carencia de medios. Por ejemplo, yo veo que la Comisión del Juego, que también es administrativa, ya ha cerrado varias páginas. Si las cosas se quieren hacer, se hacen. Hay falta de voluntad política, en bloque, por parte del Gobierno. La Secretaría de Cultura quiere resolverlo, pero no cuentan con los apoyos necesarios”, dice José Manuel Torné. La propia Teresa Lizaranzu aclaró el jueves que tratarían de sumar a la Comisión personal adscrito para mejorar la eficacia en la tramitación de las denuncias.

“Nosotros vamos a seguir presentando denuncias, aunque cada vez con menos fe. No es cuestión de desechar la Comisión, hay que seguir utilizándola, y confiamos en que mejore la legislación, pero realmente la situación es dramática”, agrega el presidente de la FAP. “De las declaraciones de los Gobiernos estoy satisfecho, pero con declaraciones no se resuelve nada. Las empresas van desapareciendo y me preocupa que la oferta digital en red no crezca”.

“Puede ser que no tengan personal, pero yo creo que el sistema no es arbitrario. Ahora parece que lo que pretenden es cambiar las normas de juego. Están en una encrucijada. Los funcionarios están entre la espada y la pared. Por una parte, les piden que cierren páginas y, por otra, los jueces les dicen que no es legal, y entonces ya estarían entrando en un delito de prevaricación”, apunta David Bravo.

En ese sentido, Teresa Lizaranzu también anunció el jueves la intención de modificar puntualmente la Ley de Propiedad Intelectual para mejorar la eficacia de la Comisión, confirmando las filtraciones que hizo públicas la semana pasada el presidente de la Asociación de Internautas, Víctor Domingo. 

“Nosotros creemos que la ley no protege la propiedad intelectual, y que su aplicación ha sido decepcionante. Creemos que la Comisión puede funcionar, que puede ser una buena herramienta, pero nosotros hemos presentado 39 escritos de iniciación, y los resultados son muy pobres. Hay decisiones que nos dejan perplejos. Y en muchos casos ni siquiera se ha iniciado la investigación”, continúa José Manuel Navarro.

"Esta ley se ha quedado sin efecto porque la mayoría de denuncias eran las mías. Ahora quieren modificar las constituciones nacionales para poder controlar la red, ya que los protocolos son libres. Esto se tenía que hacer por los compromisos con Estados Unidos, pero ni siquiera la SGAE ha mostrado algún interés, en parte porque tienen su patio muy revuelto", piensa el músico Eme Navarro.

“Yo creo que el primer paso a seguir será cambiar la ley. Entonces, la industria se dará palmas en la espalda diciendo que todo irá mejor, que los cines se llenarán. Después se darán cuenta de que no, y perseguirán al usuario. Creo que es el siguiente paso, cambiar la ley para perseguir al usuario”, apunta David Bravo. "Puede ser algo parecido a lo que han hecho en Francia, con el sistema de los tres avisos. Ahí es cuando se enfrentan los dos monstruos, los proveedores de acceso a internet y la industria. En España, por ahora las telefónicas han podido parapetarse tras los usuarios, pero llegará un momento en que les pidan dinero o les corten el grifo".