¿Y a mí qué me importa la ciencia?

“Una mujer mató a su bebé porque no podía alimentarle, y nosotros estamos mandando gente a la Luna”. Esta estrofa de una vieja canción de Prince muestra lo que gran parte de la ciudadanía piensa cuando se le pregunta si le importa que, en esta grave crisis en la que estamos sumergidos, se recorten los presupuestos de I+D+i. En un país con 5,9 millones de parados, donde se cierran centros de urgencias o donde se cuentan por miles los desahucios, ¿qué más da que España se salga del plan europeo para cazar asteroides, que se recorte el presupuesto del mayor laboratorio de materia oscura o que se frenen investigaciones en las universidades? 

No es políticamente correcto decirlo en voz alta, pero probablemente usted también lo piense. Si tuviera que decidir entre poner dinero en un laboratorio de neutrones o en un hospital al que supuestamente le faltan agua y mantas, ¿dónde invertiría ese dinero? Con la que está cayendo, ¿qué demonios importa la ciencia?

Prescindamos por un momento del cambio que supondría para la marca España poder exhibir un premio Nobel o una vacuna contra el vih además de un Mundial de fútbol y un bochornoso récord de casos de corrupción política. Prescindamos también de las razones estéticas, que mostrarían un país más moderno, sostenible y fiable para la inversión exterior a largo plazo si hubiéramos gastado más dinero en investigación que en ladrillos.

Un simple vistazo a los números nos indica que hay, además, razones prácticas, y muy reales, por las que sabemos que invertir en ciencia es económicamente rentable.

Una política económica basada en el I+D es como un depósito fijo a largo plazo: lento, discreto, poco dado a retornos espectaculares, pero muy seguro, siempre que mantengas una inversión constante durante decenas de años. En España invertimos un 1,3% de nuestra economía en ciencia, pero a saltos y borbotones, según la coyuntura económica. La media de los países de la OCDE ronda un estable 2,4%. 

Si España hubiera invertido anualmente en I+D el mismo porcentaje que sus compañeros de organización desde 1970, nuestro país habría tenido, en 2005, un 20% más de renta per cápita, según muestra un reciente informe del Círculo Cívico de Opinión.

La ciencia es, además, un sostén anti-crisis cíclicas. Habríamos vivido la crisis, claro, pero la habríamos soportado mejor: no hay más que echar un vistazo a este gráfico que relaciona la inversión en ciencia con el PIB para hacerse una idea de en qué lado del cuadro podría estar España si hubiera apostado antes, y mejor, por la I+D.  

La ciencia no solo es una apuesta rentable en el campo macro. En España, hay centenares de pequeñas empresas, particularmente en el campo de la biotecnología o la ingeniería aeroespacial, que están aguantando la crisis e, incluso, aumentando inversiones y empleo. De nuevo, es una apuesta a largo plazo: los crecimientos son lentos y pequeños, pero estables. En EEUU, por ejemplo, se calcula que por por cada dólar invertido en I+D en la industria química, la sociedad recupera hasta un máximo de dos al cabo de siete años.

El gran problema al que se enfrenta la defensa del mantenimiento de las inversiones públicas en I+D es, por tanto, el tiempo: la ciencia obtiene retornos a muy largo plazo, mientras que las decisiones políticas se toman en el corto. Los responsables institucionales saben, además, que es más complicado remover las conciencias de la ciudadanía cuando se trata de defender inversiones en física de partículas o investigación en genómica que cuando se trata de hacerlo en sanidad, justicia o educación. 

Por eso, el ministro de Economía puede permitirse el lujo de decir en un Consejo de Ministros, sin apenas despeinarse, que las inversiones en ciencia han aumentado un 5% este año, cuando en realidad han descendido un 30% desde que gobierna su partido.

Esta columna no defenderá el mantenimiento de las inversiones en ciencia como un todo, ni solo porque sí. Hay presupuestos ridículamente inflados, centros de investigación pésimamente gestionados y proyectos mal diseñados que deben ser recortados, y más en tiempos de durísimos sacrificios que afectan a todos los ciudadanos y todas las políticas de un país. También existen dudas muy razonables sobre los verdaderos efectos en la competitividad de las empresas al invertir en la ciencia más básica.

Sin embargo, tampoco es admisible la política del caldo gordo que transforma recortes en inexplicables aumentos, que no explica con qué dinero se van a llevar a cabo los planes para inyectar valor a la economía digital, o que supedita todos los planes de crecimiento en I+D a una improbable colaboración del Ministerio de Hacienda. También es importante que la ciudadanía sepa que los recortes en ciencia tienen consecuencias prácticas e irreversibles. 

El hecho de que el Gobierno haya decidido sacar a España del plan europeo para cazar asteroides, por ejemplo, significa que las empresas españolas se quedan fuera también de cualquier posibilidad de conseguir un contrato que puede significar millones de euros.

Es la hora, por tanto, de que las administraciones, universidades y empresas españolas empiecen a tomarse en serio la inversión en investigación y desarrollo. En estos momentos en que estamos redefiniendo la política económica española de las próximas décadas, invertir en I+D es la única garantía de que, cuando llegue la próxima crisis, nuestros hijos nunca se pregunten “y a mí qué me importa la ciencia”.