Demanda por descargar porno a los 60

La factura del gas, la del teléfono, los impuestos... y entre todas estas misivas, una demanda judicial por descargar porno gay por un importe de 600 euros. Con este panorama se encontró un matrimonio que rondaba los sesenta de la localidad británica de Hertfordshire. El documento provenía de un despacho de abogados londinense y ocupaba la friolera de 20 páginas en las que se solicitaba dicho importe por la violación de la propiedad intelectual al descargar, al parecer, la película de porno duro gay 'Army Fuckers'.

Asustados e indefensos contactaron con el diario británico Guardian explicando que ellos no consumían porno y que eran incapaces de descargar contenido por Internet (por desconocimiento, se entiende). Sin embargo, no fueron los únicos en recibir una demanda similar, y de hecho se estima que fueron cerca de 25.000 las cartas similares enviadas en lo que parece tratarse de una estafa a gran escala un tanto ramplona pero con tintes de salir adelante en los juzgados y que nos recuerda inevitablemente a las constantes advertencias a usuarios individuales por parte de la SGAE.

Con todo, este asunto ha salido a la luz porque buena parte de los receptores de la misiva apenas saben encender un ordenador y entre los ejemplos sangrantes se encuentra una pareja de jubilados y una madre que tuvo que pasar por el mal trago de preguntar a su hijo de 14 años si se dedicaba a descargar porno gay a mansalva. Está también en tela de juicio la identificación del demandado, y es que al parecer, los propietarios del porno se dedican a registrar las IP y contactar con los proveedores de Internet de los demandados solicitando sus datos personales. No obstante ¿qué ocurre cuando la red del afectado ha sido pirateada y es el vecino el consumidor del porno?

La cuestión es que entre el susto y el desconocimiento, muchos de los presuntos consumidores de porno ilegal están pagando la cantidad demandada para evitar males mayores, eso y también la incapacidad económica de costearse un simple abogado que ponga las cosas en su sitio y ampare a los demandados ante esta evidente situación de desprotección. La versión del demandante no calma los ánimos precisamente: "Enviamos una carta inicial a los sospechosos de tener material protegido por la ley y esperamos su respuesta. Si el demandado no ha hecho nada mal, no tiene por qué preocuparse". Es decir, disparar primero y preguntar después.