Prisión por excluir de una mesa electoral a un ciudadano por llamarse Alí Mohamed

La Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a seis meses de cárcel a la secretaria circunstancial del Ayuntamiento de La Oliva en Fuerteventura por excluir de una mesa electoral a un ciudadano por llamarse Alí Mohamed. Aunque era español, como exige la ley electoral, la mujer, que responde al nombre de Rosa Delia C., consideró que no iba a entender bien la lengua y "podía dar problemas".

Dicho veredicto proviene de una sentencia de apelación, contra la que ya no cabe recurso, y que resulta favorable para la acusada, que ha visto cómo su condena inicial de 16 meses de cárcel, suspensión de su empleo público y 7.200 euros de multa se ha visto reducido a seis meses de cárcel, seis meses de suspensión para ejercer de secretaria o interventora municipal y 2.700 euros de multa, ya que el tribunal entiende que solo cometió un delito electoral.

La primera sentencia, dictada por el Juzgado de lo Penal de Puerto de Rosario, también en Las Palmas de Gran Canaria, y que juzgó los hechos en primera instancia, consideró que había incurrido en un segundo delito ilícito, al impedir a un ciudadano el legítimo ejercicio de sus derechos, lo que también está tipificado como un delito en el Código Penal.

Perturbó y adulteró el sorteo

Los hechos sucedieron el 27 de abril de 2015, cuando el pleno del Ayuntamiento de La Oliva se disponía a designar a los miembros de las diferentes mesas electorales, algo de lo que se ocupa, por sorteo, un programa informático, si bien bajo supervisión de un delegado de la Junta Electoral, función que desempeñaba ese día la procesada Rosa Delia C., la secretaria circunstancial del consistorio.

La Audiencia corrobora ahora el relato de hechos probados que se derivó del juicio: "Durante el sorteo, resultaron en principio elegidos por la aplicación informática potenciales electores de nacionalidad española, pero con nombre y apellidos de origen no español. La acusada (...), después de leer sus respectivos nombres y apellidos, proponía en voz alta su exclusión de la correspondiente mesa electoral, bajo el inconsistente y particular pretexto de que tales ciudadanos probablemente no conocieran bien la lengua española y podrían dar problemas en la celebración de las elecciones". En este sentido, el tribunal considera que la procesada sustituyó el método de selección prefijado, el azar, por su parecer "excluyente", lo que "perturbó y adulteró el sorteo", contaminándolo con "un caprichoso, subjetivo y no justificado criterio corrector".

La acusada ha sido, además, suspendida de empleo y deberá pagar una multa de 2.700 euros

La Audiencia discrepa de la primera sentencia en que lo ocurrido supusiera privar a un ciudadano del ejercicio de sus derechos cívicos, al menos tal y como contempla esa conducta el Código Penal y considera que estar incluido en el sorteo donde se designan las mesas electorales es "una facultad que tiene todo ciudadano que forma parte del censo electoral", pero también argumenta que "no admite paralelismo ni simetría" con los derechos electorales que consagra la Constitución. A ello añade que los ciudadanos perjudicados por esa acción no han sido "debidamente identificados", salvo en un caso de "nombre y apellidos muy usuales" (Alí Mohamed), ni se conoce "cómo ha podido repercutir en ellas tal exclusión".