El juez inicia los trámites para declarar muerta a Sonia Iglesias tras 10 años desaparecida

El juzgado de primera instancia número 5 de Pontevedra ha iniciado los trámites para declarar oficialmente muerta a Sonia Iglesias, la mujer desaparecida en la ciudad en agosto de 2010.

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que este trámite se ha iniciado a petición del hijo de Sonia Iglesias, que en la actualidad tiene 20 años, tras cumplirse el plazo de diez años que marca la ley para poder tramitar esta declaración como fallecida. Su abogado ha presentado la solicitud y, entre los documentos aportados, figura el auto judicial que confirma el archivo de la causa por la desaparición de la pontevedresa.

Este trámite coincide además con la reciente muerte de Julio Araújo, la expareja de Iglesias, el único sospechoso en su desaparición y que llegó a declarar como investigado ante instancias judiciales y policiales en dos ocasiones. La familia de Sonia Iglesias necesitaría esa declaración oficial como fallecida para tramitar una serie de cuestiones administrativas, entre ellas la herencia de la mujer o la posible solicitud de orfandad para su hijo.

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El siguiente paso en este proceso, antes de que haya una audiencia en los juzgados, será la publicación en el Boletín Oficial del Estado de este expediente "para los que tengan noticias de su existencia" puedan comunicarlas al juzgado. A principios de este año, efectivos de la Policía y los bomberos retomaron la búsqueda de la desaparecida y registraron un pozo ubicado en Pedra do Lagarto, sin encontrar ningún indicio.

Iglesias desapareció el 18 de agosto de 2010 cuando salía de su casa para ir a una zapatería. Su salida por la puerta de esa tienda fue lo último que se supo de ella, salvo que, sobe las 10:15 de ese mismo día se subió a un coche antes de entrar a trabajar. Casi una hora después de esa fugaz imagen, las autoridades hallaron la cartera de la mujer en la comarca de O Vao. Después, su pareja denunció su desaparición.

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EC

Diez días después, los investigadores dieron con lo que serían las últimas pruebas de la desaparecida, el resto de sus pertenencias en el mismo poblado. Después nada. Aunque en un principio sospecharon de Araújo y lo citaron a declarar en calidad de imputado, finalmente quedó libre de cargos al no recabar pruebas que lo vincularan con la desaparición de su pareja. El caso pasó entonces a manos del Juzgado de Violencia sobre la Mujer en septiembre de 2013 para reabrirlo.

La Audiencia de Pontevedra finalmente decidió dar carpetazo a la investigación y no volvió a abrirse hasta el 20 de febrero de 2018, cuando efectivos de bomberos probaron a inspeccionar de nuevo el domicilio y bombear el pozo propiedad del mismo.