Un salón de juegos, condenado por no proteger al encargado, al que disparó un ludópata

El Tribunal Supremo ha condenado a los responsables de un salón de juegos de Barcelona a indemnizar al encargado del establecimiento ante las múltiples amenazas de muerte vertidas por un cliente, que llegó a dispararle con un arma. El atacante pretendía que le pusiera en contacto con los responsables del salón para reclamarle el 10% de lo que había jugado y perdido —entre 3.000 y 7.000 euros, a diario— y, al no ser atendidas sus reclamaciones, acabó disparándole varias veces con un arma y amenazando a otras dos personas dentro del local. La Fiscalía había solicitado para el autor de las agresiones 15 años de prisión, pero finalmente fue condenado finalmente a once años, seis meses y siete días de cárcel por tentativa de asesinato, tenencia ilícita de armas y dos delitos de amenazas.

El salón, Sport 333 S.A., ubicado en Santa Coloma de Gramanet, ha sido condenado como responsable civil subsidiario y a una aseguradora como responsable civil directo a pagar 307.429 euros al encargado del salón, por las lesiones sufridas como consecuencia de los disparos. La Justicia ha considerado que el salón no tomó medidas para protegerlo y que no dio "especial importancia" a las amenazas de muerte y a las reclamaciones que el agredido había trasladado.

TE PUEDE INTERESAR

Psiquiatra pide que la ludopatía esté en la cartera de servicios sanitarios

El Confidencial

“Evidentemente, nunca será posible conocer, con plena certeza, lo que hubiera ocurrido si aquellas normas se hubieran aplicado y si, con tan sólo ellas, se hubiera impedido absolutamente el acaecimiento ilícito. Pero lo que sí se puede afirmar es que la inobservancia de lo legalmente previsto, indudablemente, facilitó la comisión delictiva, circunstancia que, sin duda, en este caso concurrió", señalaron los magistrados de la sala. Tal y como señala el tribunal, existieron advertencias previas y previsibilidad de lo que podría ocurrir (amenazas de muerte) y necesidad de adoptar medidas de protección, no adoptadas por los responsables de la empresa donde trabajaba el encargado víctima, según la sentencia.

La Sala asegura que surgió también en este caso la culpa 'in vigilando' y la omisión de las medidas de protección hacia los empleados, como el recurrente, que por su carácter de encargado ya había advertido de la amenaza, y, sin embargo, no se adoptan medidas de protección “por no considerar seria la amenaza”, que 'ex post' se ejecutó.

Y, además, “creó un estado de riesgo que conllevó el ataque, por lo que la fijación del riesgo consumado por el ataque determina el arco de la responsabilidad por la constatación objetivable de la infracción de la creación del estado de riesgo, cuando existían datos objetivos por los que la empresa debió adoptar medidas, tales como la no entrada del sujeto, o similares, como la fiscalización de su acceso, o control de armas, en su caso, y, pese a ello, nada se adoptó, pudiendo acceder tranquilamente al local y, además, con un arma de fuego, cuando un mero registro del vigilante de seguridad, una vez identificado, y con los antecedentes que existían de la amenaza, hubiera evitado el desenlace grave que posteriormente se produce”. Todo ello, -aclara la sentencia- “con el grave resultado lesional que le queda al recurrente perjudicado, cuando con la precaución necesaria podría no haber ocurrido. Dados los antecedentes, el ejercicio del derecho de admisión, o una vigilancia y registro en el acceso hubiera sido una medida mínima de control que hubiera evitado el hecho”.