La pesadilla de perder para siempre a tu hijo en el laberinto de los Servicios Sociales

A Begoña López le quitaron a su hija en el paritorio, a las tres horas de dar a luz. Se la llevaron los Servicios Sociales de León, aunque nadie había avisado a la madre de que eso iba a ocurrir. La mujer entró en una crisis de ansiedad al instante. Tardó cuatro meses en volver a ver su bebé, esta vez en brazos de una trabajadora social, vestida con ropa de prestado del centro de menores. Begoña denunció que la niña iba desabrigada en pleno invierno y no habían traído leche para alimentarla. La reacción de los Servicios Sociales fue suspender las visitas por su actitud poco constructiva.

Begoña no ha vuelto a ver a su hija desde entonces y es probable que nunca vaya a recuperarla, a pesar de que es una persona corriente que no acredita anomalías diagnosticadas. Su pecado es tener un hijo mayor con discapacidad cuya tutela está en manos de los Servicios Sociales de León. Estos consideraron que si Begoña no era capaz de criar a su primer hijo, tampoco iba a ser capaz de criar a la segunda. Un informe indica como prueba del peligro que Begoña reside en una vivienda insalubre en el Bierzo, pero en realidad ella está empadronada en Jaca (Huesca), donde trabaja desde hace años. Nadie le preguntó por este detalle.

La de Begoña es una más de los cientos de tragedias familiares provocadas por la intervención de los Servicios Sociales en la protección de menores. Ocurre en todas las comunidades autónomas. Padres, abogados, psicólogos, todos coinciden en que algo falla en el sistema cuando un funcionario puede declarar en desamparo y llevarse a un menor sin que lo autorice un juez. Es posiblemente la intervención administrativa más traumática para una persona y, sin embargo, en virtud del artículo 172 del Código Civil, una Consejería de Familia autonómica, en base a informes de trabajadores sociales, puede arrancar a un niño del hogar sin fecha de retorno.

El artículo 172 del Código Civil permite a un funcionario declarar en desamparo a un menor sin que lo autorice un juez

Cuando el Estado se hace con la tutela, recuperar al niño se convierte en una auténtica odisea para los padres, que en el mejor de los casos se demora dos años. No se trata de casos extremos de abusos de menores, agresiones físicas o cuadros de drogadicción en los progenitores, sino de familias corrientes que pasan por un mal momento, bien sea económico o de relación de pareja. Casi todas son familias humildes con pocos estudios, aunque existen casos de padres y madres con formación universitaria.

Se calcula que hay 50.000 niños tutelados por el estado en España. Centenares de esos expedientes de desamparo se basan en argumentos tan discutibles como "sospecha de enfermedad mental en ambos progenitores" sin que exista un informe psiquiátrico que lo avale, "vulnerabilidad de los menores" con la ambigüedad que ese concepto entraña, e inestabilidad económica de la familia que, si bien no es expresada de este modo porque sería ilegal, es reflejada en valoraciones del tipo "el niño no lleva material escolar", "va mal vestido" e incluso a veces porque "huele mal". Sobreproteger a los hijos también se valora de forma muy negativa por los técnicos.

Tras publicar el caso de una familia de Burgos que está a punto de perder a sus dos hijos para siempre por, entre otras valoraciones, el "machismo" y poca educación del padre, este diario ha accedido a expedientes de varias familias que llevan años padeciendo un tormento sin sus hijos, los cuales, en algunos casos, se encuentran ya en la lista de niños en preadopción o en familias de acogimiento con carácter permanente. Es decir, esos padres no verán nunca más a sus hijos a menos que estos, cuando cumplan 18 años, quieran recuperar el contacto con su familia biológica.

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David Brunat

Uno de ellos es el caso de Raúl Ramírez en Bilbao. Un día, en el colegio, su hija de cinco años dijo que le dolía "el toto" y habló de su padre. El colegio inició el protocolo de protección y la niña no regresó ese día a casa. El padre y la madre explicaron que la niña padecía cistitis. El pediatra de cabecera exploró a la menor y confirmó que no había ninguna señal de abuso. Pero dio igual. Su hija fue internada en un centro de menores y la fiscalía, un año después, denunció a Raúl por abuso sexual. La niña estuvo ese primer año en un piso tutelado viendo a sus padres una hora a la semana, antes de ser entregada a sus tíos como familia de acogida. Raúl tiene dos procedimientos abiertos: la grave denuncia que pesa en su contra y la demanda civil que él presentó contra de la Diputación Foral de Vizcaya, la llamada Oposición de medidas en protección de menores, que es el primer recurso judicial (muchas veces el único) que tienen los padres para no perder a sus hijos.

"Lo estamos pasando muy mal, sobre todo mi mujer", dice Raúl. Su abogado, Gorka Pérez, no sale de su asombro: "No se ha tenido en cuenta el informe del pediatra y la Fiscalía de menores ha tardado un año en abrir expediente contra Raúl. Si tan grave era, ¿por qué no lo hizo el primer día? Cuando parecía que la niña iba a volver con sus padres, los Servicios Sociales alegaron de repente que la niña se ponía nerviosa y hacía movimientos masturbatorios y se lo imputaron al padre, cuando llevaba ya un año fuera de su hogar. De hecho, la Fiscalía denunció a Raúl justo cuando amenazamos con investigar qué había pasado en ese piso tutelado para que la niña reaccionara así. Esa denuncia lo complicó todo mucho más".

A estos casi dos años de separación familiar, se sumará por lo menos un año más: "La causa penal está todavía en fase de instrucción, el juicio tardará muchos meses en celebrarse. Los Servicios Sociales juegan con el desapego que se produce en los niños cuando están varios años alejados de sus padres. Es una táctica hasta lograr que llegue un día en que el niño se muestre menos cariñoso con sus padres o diga que no quiere verlos, de ese modo pueden justificar que el menor está mejor con la familia de acogimiento o yéndose en adopción que en casa con sus padres".

Un laberinto judicial

Perder a un hijo por una declaración de desamparo discutible "es mucho más traumático que un desahucio y nadie sabe que esto está pasando", afirma el abogado especializado Ramón Jiménez. Al dolor de ver como te arrancan a un hijo por valoraciones que no compartes, se suma la tremenda dificultad para salir del laberinto de centros de menores, informes negativos de los trabajadores sociales y desesperación por no ver a los hijos durante meses.

Jiménez lo tiene claro: "Dejar sin efecto una resolución de desamparo es lo más difícil de ganar de todo el sistema judicial. Diría que no más del 5% de padres que acuden a los tribunales para recuperar a sus hijos tienen éxito. Cuando los Servicios Sociales se llevan a un menor, los padres no son presuntos inocentes sino presuntos culpables. El juez da por hecho que esos funcionarios no tienen ningún interés oculto en retener al menor, y que si han tutelado a esos niños es porque existen motivos de peso. Los informes suelen estar llenos de valoraciones subjetivas muy negativas hacia los padres que son dificilísimas de desmontar por muchos testigos o informes contrarios que se aporten. Si los padres no reaccionan a tiempo, es casi imposible ganarles".

"Diría que no más del 5% de padres que acuden a los tribunales para recuperar a sus hijos tienen éxito", afirma el abogado Ramón Jiménez

Jiménez ha llevado más de 50 causas judiciales de padres desesperados y tiene un prometedor ratio de casos ganados. "Si uno se lee con espíritu crítico los más de mil folios de los expedientes, se encuentran con que el 80% contienen falsedad documental, y eso es delito", indica. Días atrás, Jiménez pudo recuperar para una familia de Castilla-La Mancha a sus tres hijos tras dos años en desamparo. Dos de los niños estaban a un paso de entrar en las listas de preadopción. La clave de la sentencia han sido precisamente las "deficiencias" en el expediente administrativo, que señalaba enfermedad mental de los progenitores, deambulación por las calles de ambos o maltrato en forma de mala alimentación y falta de límites y pautas. Todo sin informes periciales de especialistas que avalasen tales afirmaciones.

Aun ganando el caso, los Servicios Sociales tienen posibilidad de recurso y pueden revocar el fallo. La mallorquina Cristina López lo sabe bien. Lleva seis años sin apenas ver a su hijo debido al expediente abierto por el Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que la considera sin aptitudes parentales por, entre otras cosas, cambiar constantemente de domicilio y "sobreproteger" a su hijo. Como suele ocurrir, los trabajadores sociales cargaron sobre ella trastornos psiquiátricos y malos hábitos alimentarios como ser vegetariana y aplicar esa alimentación sobre su hijo. Cristina ganó en primera instancia la oposición de desamparo, pero el IMAS recurrió y ganó el caso, haciendo que el juez diera totalmente la vuelta a la sentencia.

La historia de Cristina es realmente rocambolesca. Piloto de avión de profesión, la mujer residía con su hijo en Escocia desde el año 2010 y visitaba Mallorca solo en vacaciones. Una denuncia de sus padres ante el IMAS, con quienes tiene una relación nefasta, desató la tormenta en enero de 2014. El ente emitió la resolución de desamparo en tan solo tres días sin dar audiencia a la madre y la hizo efectiva dos días antes de que Cristina regresara junto a su hijo a Escocia. Nunca le preguntaron si lo que denunciaban sus padres era cierto o se interesaron por sus aptitudes parentales.

"Mis padres me amenazaron con que no iba a salir de la isla y lo cumplieron", recuerda la afectada. La policía local de Esporles echó la puerta de su domicilio abajo y se llevó a su pequeño, de entonces seis años. Todavía guarda el pedazo de jersey con el que se quedó una vez los agentes lograron arrancarle al niño.

Cristina había tratado con los Servicios Sociales en Escocia, pero allí nunca se le había discutido la tutela sobre su hijo ni su capacidad parental. Aunque su relación con su hijo era muy estrecha, los Servicios Sociales de Mallorca consideraron que el niño estaría mejor en un centro de menores. Uno de los primeros informes reconoce lo siguiente: "La entrada del menor en el centro fue extremadamente traumática para este. Relata que sintió mucho miedo, le tiraron del pelo y hasta le rompieron la camiseta. (…) Lloraba muchísimo y anhelaba a su madre y todo le resultaba raro y complicado". El informe también relata dificultad para relacionarse con otros niños y "rasgos patológicos" derivados del fuerte vínculo con su madre. "La idealización de la figura materna es absoluta y no alcanzaba a poder decir nada sobre ella que sea mínimamente negativo", decía el informe como algo que no está bien. Posteriormente, los técnicos celebraban como un avance que el niño fuera perdiendo la dependencia de su madre.

Desde que le apartaron de su hijo en 2014, Cristina ha tenido empleo estable la mayoría del tiempo e informes psicológicos independientes y de la Seguridad Social le son favorables. El IMAS, sin embargo, considera que su actitud beligerante en contra del desamparo impide el retorno del niño. En las últimas ocasiones, pasados ya más de cuatro años separados y con el niño harto de la situación, los técnicos advirtieron que el hijo empieza a sentir desapego hacia la madre y que, por lo tanto, es recomendable que permanezca con carácter permanente con su familia de acogimiento, que no es otra que sus abuelos, con quien Cristina tiene la relación rota (sobre el abuelo pesa una condena por violencia doméstica sobre ella) y fueron quienes instigaron el calvario.

Cristina lleva más de un año sin ver a su hijo porque los Servicios Sociales la han suspendido sin visitas. La Audiencia provincial le otorgó el derecho de visitas y comunicaciones con su hijo en 2017, pero los técnicos del IMAS se niegan aparentemente a acatar la sentencia.

Los técnicos niegan mala praxis

Los trabajadores sociales entienden el enfado de muchos padres pero niegan las acusaciones y no entienden que se ponga en duda su profesionalidad. Aseguran que su único interés es la protección y bienestar de los menores, que siguen unos indicadores muy claros respetando siempre la Ley de Protección del Menor, y que su fin último es que los padres puedan recuperar a sus hijos una vez cumplan una serie de requisitos, principalmente superar con éxito un programa de intervención familiar. Les parece absurdo que alguien pueda sugerir una conspiración a gran escala.

"El desamparo es aprobado por comisiones de tutela conformadas por varios profesionales. Nunca se separa a un niño de sus padres por motivos subjetivos. Nos basamos en indicadores bien definidos y que son públicos para quien quiera consultarlos. Visitamos a los padres, los entrevistamos y hacemos seguimientos para tratar de que puedan volver a estar con sus hijos", afirma Carmen Sánchez, asesora del Consejo General del Trabajo Social. "Es una experiencia muy dura para los padres y trabajamos desde el primer momento para evitar que los niños terminen en acogimientos preadoptivos. Todos podemos tener fallos a la hora de valorar un caso, pero para eso está la vía judicial. Ojalá tuviéramos más recursos públicos para sacar a las familias del pozo trabajando desde dentro de la unidad familiar".

Los abogados se están encontrando cada vez con más casos de mujeres maltratadas que terminan perdiendo la tutela de sus hijos. Relatan lo siguiente: una mujer acude a los Servicios Sociales a denunciar violencia machista, los técnicos abren expediente y visitan el hogar familiar, y finalmente dictaminan que es mejor para la protección de los hijos que estén fuera del hogar. La mujer entra en una espiral de depresión y cada día que pasa da más razón a los informes que indican que la mujer no tiene estabilidad emocional para cuidar de sus hijos. Lo mismo ocurre cuando la mujer se traslada con su hijo a un piso protegido.

Jiménez recuerda un caso sorprendente: "Un padre cogió una noche a su hijo, lo metió en el coche y tuvieron un accidente. El hombre estaba borracho. La policía cogió al menor, fue declarado en desamparo y lo ingresaron en un centro de menores. Eso estaría bien si el niño no tuviera madre, una mujer que había estado toda la vida cuidando además de un hermano con síndrome de Down. Pero los técnicos dictaminaron que la madre no tenía capacidad para asumir la tutela del niño. Nadie le preguntó ni se interesó por ella". La portavoz del CGTS niega rotundamente que se retiren tutelas a las víctimas de violencia de género, si bien reconoce que "a veces se produce la guarda y custodia de un año más otro prorrogable" si saltan varios indicadores de alerta.

Consuelo García del Cid es investigadora, autora del libro "El desmadre de los servicios sociales" y una de las voces más críticas en contra de los Servicios Sociales. "Es un escándalo que un funcionario pueda retirar a un hijo sin que intervenga un juez. Por un lado, están tratando de imponer un modelo de familia tradicional, y por el otro hay un componente económico: el Estado paga dinero por cada niño tutelado, cifra que oscila entre 3.000 y 9.000 euros según los problemas que presente el menor. A la madre se le pregunta cuántas parejas ha tenido, si todos los hijos son del mismo padre, su alimentación, si lleva tatuajes, es algo terrible". Y sentencia: "Esto es una extensión de los niños robados del franquismo, con la diferencia de que ahora no hay que engañar con que tu hijo ha nacido muerto en el hospital, te dicen 'despídete de tu hijo porque no lo vuelves a ver'. Si en el franquismo se robaron 300.000 niños y ahora hay 50.000 niños tutelados, en diez o quince años estaremos en cifras similares".

Paloma Álvarez, sin ir más lejos, ya ha asumido que hasta que cumplan 18 años es posible que no pueda ver más a sus dos mellizos. Funcionaria de carrera, vio como perdía la custodia de sus hijos tras el divorcio. "Expliqué que la situación en casa era insostenible. No sabía que eso lo usarían para llevárselos a un centro de menores por incapacidad mía y de mi exmarido para criarlos. Estuvieron en el centro de menores casi dos años, se quedaron esqueléticos, y luego le dieron la custodia a mi hermana, que tiene una relación más que cercana con mi exmarido y con la que me llevo fatal. Mi exmarido ve a los niños cuando quiere a pesar de tener una incapacidad permanente diagnosticada por un trastorno de agresividad. Yo estoy desesperada, no sé qué hacer".

García del Cid, como el resto de profesionales y padres afectados, es muy pesimista: "La sociedad tiene que conocer el negocio de las adopciones y de los centros de menores privatizados. Las madres han de saber que no están solas. Si se reunieran 2.000 personas en una protesta tal vez la gente empezaría a darse cuenta de la tragedia silenciada que viven miles de familias".