¿Quieres ser español? Si no eres un gran atleta, más vale que tengas paciencia

Nacer en España no implica ser español. A la hora de obtener el pasaporte entran en juego otros muchos factores como el país de origen de los padres, los antecedentes penales o los convenios internacionales. Si se cumplen todos los requisitos, el proceso demora entre tres y cinco años desde que se reclama la nacionalidad. Este es el proceso del común de los mortales; existe otro resorte, la carta de naturaleza, que permite al Gobierno españolizar por la vía rápida a cualquiera de forma arbitraria.

Desde 2013 estas dos tendencias se cruzan: como se puede comprobar en el gráfico inferior, España cada vez otorga menos pasaportes por las vías ortodoxas y más por decreto. En el último año, el país ha batido el récord de deportistas de elite nacionalizados, al tiempo que la cifra de inmigrantes regulares se ha despeñado un 50%. Entre los motivos podemos encontrar la crisis, que ha mellado la población extranjera en España, pero también la diferencia entre procesos. En un caso todo son problemas, en el otro, todo soluciones.

El caso del vallista Orlando Ortega, reciente medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río, es representativo de esta tendencia. Nacido y formado al más alto nivel en Cuba, con la que llegó a competir en los JJOO de Londres, el atleta desertó después de los Mundiales de atletismo de 2013 y se estableció en España. Si Ortega fuese un mortal cualquiera tendría que haber residido dos años completos en el país antes de iniciar los trámites, que le hubieran llevado al menos otros tres, más allá de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Sin embargo, el Consejo de Ministros le emitió el pasaporte en julio de 2015 en un procedimiento relámpago que descuadró a la federación internacional de atletismo, cuyos estatutos exigen que transcurran tres años desde que un atleta obtiene el permiso de residencia hasta que compita con el país. Ortega fue declarado apto in extremis, días antes del arranque de la competición en Río, y solo tras largas deliberaciones con el COI.

Las prisas por españolizar a Ortega recuerdan a la situación de Niurka Montalvo, que se quedó sin competir en Sydney 2000 por un veto de la federación cubana. En aquella ocasión el COI se acogió a la norma 46 de la Carta Olímpica, orientada a evitar que los países ricos roben el talento a los más pobres. "Esta es una forma de comprar medallas baratas que está muy de moda, pero que nadie se engañe: el atletismo español no está mejor por esta plata". La frase es de un atleta español que, junto a otros compañeros, firmó una carta de protesta dirigida a la federación española de atletismo ante la oleada de nacionalizaciones reciente.

Pasaportes por medallas

A los firmantes se les tachó de racistas y ahora, con una medalla de plata que todos quieren colgarse, prefieren no figurar en prensa. "No tenemos nada en contra de los nacionalizados, todo lo contrario. Lo que queríamos saber, y es lo que le preguntamos a la federación, es si este boom de nacionalizaciones va a continuar. Nos respondieron que eso no depende de ellos, sino de el Gobierno", explica un vallista. En teoría la federación de atletismo solo realiza un informe de los atletas a petición del Ejecutivo, que siempre tiene la última palabra en el proceso.

Nadie sabe qué criterios sigue el Consejo de Ministros a la hora de repartir pasaportes. Con la mayoría de atletas cumple los plazos, pero con otros se estrechan sin más explicaciones que la cercanía de un gran evento deportivo. No es una irregluridad, está recogido en el Código Civil. El artículo 21.1 reza así: "El Gobierno puede otorgar la carta de naturaleza por Real Decreto, de forma discrecional, por circunstancias excepcionales". Para los especialistas de vallas nacionales la llegada de Ortega y su compatriota Yidiel Contreras, ambos de alto perfil, ha supuesto un terremoto. Las becas que reciben, de las que viven, se reparten según las marcas y los títulos que consigan. De repente su tope es la tercera mejor marca nacional. Muchos aspiran a mejorar las marcas de Contreras a base de entrenamiento, pero a Ortega le consideran "de otra liga". "Mi sueño de toda la vida ha sido convertirme en campeón de España y, sinceramente, acabo de desecharlo", explica uno de ellos.

El sueño de mi vida era ser campeón de España en vallas, pero ya lo he desechado

Este fenómeno, que está en máximos con 17 deportistas nacionalizados en dos años, afecta también al desarrollo y la proyección internacional de los centros de alto rendimiento. Resulta sangrante el ejemplo de Javier López, doble campeón de España en vallas, que fue excluido días antes de la Copa de Europa de Selecciones al aprobarse la nacionalización de Yidiel Contreras, que finalmente ocupó su puesto. "Me siento decepcionado y muy poco valorado por la federación. Llevo muchos años representando a España y nunca le fallé", lamentó el cordobés al conocer la noticia.

Los atletas sienten que España, en lugar de mejorar la inversión en instalaciones y becas, está decantándose por el modelo de importación de talento, como hacen Baréin o Turquía. "En esos países es razonable, porque nunca han tenido un atleta de nivel, pero España es otro cantar. Aquí ha habido y hay grandes atletas, pero no se invierte en nosotros. Al revés, se toman atajos que hinchan una burbuja ficticia. ¿Están las vallas españolas mejor por haber ganado una plata? Yo creo que no, sino todo lo contrario. Solo espero que la carrera de Orlando, que es un superclase, sirva para inspirar a los niños españoles a hacer los 110 vallas", dice un atleta español desde Estados Unidos. De los atletas de pista que España ha presentado en Río, en torno a un 30% han nacido fuera de nuestras fronteras.

La (exasperante) vía clásica

Si no se dispone de marca olímpica, convertirse en español se complica. Especialmente si no se procede de un país latino, de la Unión Europea o de ex colonia española. Anton Vorobiov, 42 años, nació en Ucrania, entonces parte de la URSS, y se trasladó a Madrid en 2001. Lo hizo junto a su esposa Natalya. Anton es un maestro de la reforma doméstica; Natalya de la limpieza. Después de quince años en España, hace tres se plantearon obtener la nacionalidad. En su caso se les pedía que acreditasen diez años de residencia legal y un certificado de penales limpio en Ucrania. Acudieron al Registro Civil sin abogados, porque no podían pagarlos, y se metieron en una ratonera. "Nos dieron cita para presentar la documentación en dos meses, pero la documentación tardó tres meses en llegar desde Kiev, así que tuvimos que pedir otra cita, que fue otros tres meses después. ¿Y sabes lo que descubrimos? Que los certificados expiran a los tres meses de expedirlo, así que tuvimos que empezar de nuevo", dice Anton.

La mitad de los inmigrantes desiste durante el proceso, que demora una media de diez años

No era la primera batalla de esta guerra. Antes, Anton y Natalya habían tenido que emplearse a fondo para ser contratados, ya que demostrar una tributación fiscal continuada es un requisito sine qua non no solo para obtener la nacionalidad, sino para renovar el permiso de residencia. "Trabajaba en seis casas a la vez y a todas les pedí que me regularizasen. Me despidieron de cinco, solo una señora me hizo contrato. A partir de ahí pude ir recuperándome, pero la mayoría de los españoles no quieren oír hablar de contratos con el personal doméstico", denuncia Natalya.

Una vez tuvo los papeles en regla, el matrimonio descubrió que tenía que pasar un examen, instaurado en octubre de 2015. Cuesta 100 euros e incluye preguntas que muchos españoles no sabrían responder, como a quién le rinde cuentas el Defensor del Pueblo, qué ocurrió en España en 1804 o cuántas formaciones políticas están registradas. Anton y Natalya no tienen tiempo para estudiar ni pueden permitirse suspensos de 200 euros, de modo que han postergado su españolidad: "Algún día seremos españoles porque nos hace mucha ilusión, pero ya no es una prioridad", zanja Anton.

Para otros la situación se complica hasta límites insospechados. Yuni Telahun, etíope, lleva casi veinte años tratando conseguir su pasaporte español sin éxito. Llegó a España en 1998 de la mano de su marido, un periodista español, y esperó los diez años que entonces se requerían para obtener la documentación. Inició el trámite y el Registro Civil le dio cita con un año y medio de demora. En ese lapso a su marido le trasladaron a China y ella se fue con él, del mismo modo que años atrás había abandonado su país. La relación se deterioró en Asia, se divorciaron y, cuando Telahun regresó a España en 2011, se encontró con una pesadilla. "Al haber residido fuera más de seis meses tuve que empezar de nuevo el proceso, fue desesperante", explica.

No fue lo peor. Al haber roto sus lazos con España, el Estado receló de su situación y le impuso todas las trabas administrativas que encontró: "Me acusaron de estar casada con mi ex marido por conveniencia, me hacían preguntas que en realidad eran acusaciones... fue horrible, aún no me había recuperado del divorcio y estuve a punto de perder incluso el permiso de residencia", lamenta. Fueron meses angustiosos: Yuni no tenía dinero para costear un abogado ni encontraba quién la informase. "Se hicieron cargo de mi situación la gente de Asuntos Sociales y les tengo que agradecer mucho su ayuda, han sido mis salvadores". Ahora Telahun cuenta de nuevo los días hasta que se cumplan cinco años de su nueva llegada, por su estatus de refugiada, y poder solicitar la nacionalidad mientras alterna sus dos trabajos: camarera en un restaurante y monitora de spinning y boxeo en un gimnasio.

1.200 euros y diez años

"Más o menos la mitad de los inmigrantes que solicitan la naturalización desisten durante el proceso", afirma Diana Paz, abogada especialista en extranjería del bufete legal Sánchez-Bermejo. Paz lo resume fácilmente: "Los latinos lo consiguen relativamente rápido, pero las personas de los países del Este o los marroquíes... se les ponen todo tipo de zancadillas. Les piden papeles que son difíciles de conseguir, porque algunos de sus países no colaboran". La abogada denuncia que la táctica de la administración pasa siempre por inundar de papeleo al inmigrante, normalmente falto de información, hasta que se canse y lo olvide. "Investigan si estás casado en tu país de origen, si tus hijos están escolarizados, si en algún momento se te caducó la tarjeta de residencia... y cualquier fallo significa el final del proceso. Últimamente hay un repunte de peticiones y hemos comenzado a ver que se deniegan solicitudes sin más", dice Paz.

El Estado no ofrece abogados de oficio para gestionar las nacionalidades, de modo que si un inmigrante necesita asesoramiento legal tiene que enfrentarse a una minuta legal a partir de 1.200 euros más los gastos del examen. Si el proceso se tuerce en algún momento, y es lo más habitual, toca rascarse de nuevo el bolsillo. "Nosotros, que somos especialistas, tardamos entre 3 y 5 años en gestionar este tipo de papeleos, cuando en 2013 no solía pasar de dos años. Es obvio que se están poniendo impedimentos a las nacionalizaciones, pero no a todos, porque los atletas, o los militares, que es un fenómeno muy habitual últimamente, lo consiguen en tiempo récord", sentencia Paz.