ASOCIACIÓN DE PSICÓLOGOS FORENSES

“Hay personas que no pueden cambiar, son incapaces de sentir el sufrimiento del otro”

Los psicólogos forenses reconocen que hay delincuentes con conductas antisociales y sin empatía que siempre tendrán "el mismo comportamiento"

Foto: “Hay personas que no pueden cambiar, son incapaces de sentir el sufrimiento del otro”

Su informe puede ser crucial para la salida de un preso, para conocer si está rehabilitado y afrontar su vuelta a la sociedad, pero también tienen la responsabilidad de determinar la veracidad de un caso de violencia de género o abusos sexuales. Son los psicólogos forenses de la Administración de Justicia, un asesor más del juez de turno cuyo informe puede ser determinante.

Han pasado a ser de ser 17 personas en 1983, tras la aprobación de la Ley del Divorcio, a más de 400 en toda España. Pero no son suficientes, según Mª José Catalán, presidenta de la Asociación de Psicólogos Forenses de la Administración de Justicia. Denuncia en El Confidencial que sólo Madrid, Asturias y León cuentan con un profesional de estas características en los juzgados de vigilancia penitenciaria: 7 en la capital y uno en las otras dos regiones. Su dossier especifica si el preso puede reincidir, el cambio de grado penitenciario, permisos de salida, etc. Pero en el resto de los juzgados de España esa valoración “se queda sin respuesta”.

Mª José Catalán.
Mª José Catalán.
Su informe, diferente al que elabora desde instituciones penitenciarias el equipo que trata al preso en la cárcel, es más objetivo. “No intervenimos en el tratamiento ni le vemos de manera cotidiana: vemos su situación desde una perspectiva más amplia”, reivindica.

Los menores, el campo “más mimado”

Los psicólogos forenses son escasos también en el ámbito de la familia, donde la implantación de la custodia compartida hace imprescindible un informe que puede llegar a tardar 6 meses de media. “Están sobrecargados y eso hace que nuestra intervención no sea inmediata, provocando vicios en las visitas de los hijos que pueden ser perjudicial para los menores”.

Paradójicamente, Catalán reconoce que el campo “más mimado” es el de los menores gracias a la ley de 2004, pese a que esta normativa ha arrojado casos tan polémicos como los de El Rafita. La presidenta de la asociación defiende, sin embargo, que “se redactó muy bien esa obligatoriedad de que haya un informe del equipo técnico –psicólogos, educadores y trabajadores sociales– en casos de menores infractores”. Una especificidad que no aparece en otros ámbitos de la justicia.

Si es un campo tan vigilado, ¿qué ha ocurrido con los asesinos de Sandra Palo? Sin querer valorar casos tan mediáticos, la presidenta de la asociación reconoce que hay delincuentes en los que es muy difícil trabajar un cambio de personalidad.

“Hay personas donde no es posible el cambio, porque tienen conductas antisociales, falta de empatía e incapacidad para ponerse en el lugar del otro, para poder sentir el dolor que el otro sufre. Si no eres capaz de sentirlo, tampoco vas a poder cambiar tu forma de manejarte en la vida. Siempre vas a tener ese tipo de comportamientos”, apunta.

Un trastorno que podría extrapolarse a los violadores y expresos con delitos de sangre que han salido de la cárcel tras la anulación de la doctrina Parot por parte de Estrasburgo y que no se han rehabilitado. Sin embargo, esta psicóloga forense advierte de que la sociedad suele tener un sentimiento de mayor alarma social de lo que realmente es. “Sólo vemos la punta del iceberg, los casos de mayor trascendencia, pero somos una de las sociedades más seguras”.

Si se mira a la excarcelación de etarras, la también decana del colegio de psicólogos de Murcia reconoce que el dolor de las víctimas es mayor ante la crueldad por el alto número de víctimas, pero recuerda que uno de los principios básicos de la Constitución es la reinserción y que hay que ver “caso por caso”.

El momento más difícil

El asesinato de Asunta o la desaparición de los niños de Córdoba son sucesos en los que los psicólogos forenses también deben trabajar con la mayor objetividad posible, pese al foco mediático. “No nos sentimos presionados, pero sí algo incómodos, porque lo que decimos o hacemos se analiza desde muchos ámbitos, pero creo que la objetividad está por encima de cualquier situación”.

Sin embargo, para Catalán los informes más difíciles de redactar son los casos de agresión sexual a menores, donde su sufrimiento “te llega a afectar en lo personal”. Parte de su tarea es, además, determinar si el testimonio es cierto o no. No es raro encontrarse con falsas denuncias de los hijos tras conflictivos divorcios o con la intención de hacer daño a la nueva pareja del progenitor.

Conocer si el caso es real o no también debe ser minucioso en las denuncias de violencia de género. “Es un tema muy sensible en la sociedad y aún estamos trabajando en los protocolos para determinar la credibilidad de los testimonios de los adultos”, apunta la psicóloga forense.

Los retos

El traspaso de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas ha provocado que la situación de los trabajadores y sus recursos materiales dependan de la región donde trabajen. No cuentan con una normativa estatal que los aglutine ni determine su trabajo, a excepción del caso de los menores, lo que deriva en que cada comunidad decide en qué y dónde deben actuar.

Esta asociación demanda, además, mayor presencia en todos los ámbitos judiciales, entrar en algunos en los que no existen como en el laboral o reforzar su trabajo en juzgados de incapacidad, donde valoran al sujeto en cuestión y a la persona que se hará cargo de su tutela. 

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