El juez imputa al presidente de Adif y a 21 altos cargos por el accidente del Alvia

El juez que investiga las causas del descarrilamiento del Alvia del pasado 24 de julio ha imputado a Gonzalo Ferre,presidente del Administrados de Infraestructuras Ferroviarias, Adif, y a sus dos antecesores.Conun auto emitido hoy, el magistrado Luis Aláez llama a declarar también a otras 21 personas de esta empresa pública dependiente de Fomento, en su mayoría representantes de sus últimosconsejos de administración.La principal razón de la acusación es la de haber autorizado un proyecto con un sistema de seguridad que no teníaen cuenta un posibleerror humano.

En este auto el juez incorpora además una delas peticiones de la defensa, la imputación del exdirector de Seguridad de Adif,Andrés María Cortabitarte López. Bajo su mandato se ordenódesconectar el sistema de frenado automático del tren Alvia serie 730, el modelo del que descarriló entre Orense y Santiago. Antes, como perito,había realizado los informes para el juzgado que instruyó el accidente del Metro de Valencia del año 2006.

Estas nuevas imputaciones siguen así coherentes con la línea del juez Aláez, que está interrogando a todos los posibles responsables de la cadena de errores que desencadenó el accidente. La Fiscalía, por su parte, insistió en cargar la responsabilidad sólo sobre José Garzón, el maquinista del Alvia, que admitió estar hablando por teléfono segundos antes del descarrilamiento.

"Podía hacerse"

El magistrado justifica su decisión haciendo referencia al desarrollo del proyecto de alta velocidad entre Orense y Santiago: "En el proyecto constructivo inicial (...) se preveía la ejecución del sistema de protección ERTMS. Posteriormente, el proyecto se modifica", llevando así al maquinista a utilizar el sistema de frenado ASFA. Este sistema, recuerda el juez, "a pesar de estar homologado", no da respuesta ante el previsible fallo humano. Por ello, imputóa los responsables de Adif "que autorizaron dicho cambio sin exigir acondicionamiento alguno", es decir, sin mejorar la seguridad en la vía con otras medidas.

Según el juez, los responsables de la empresa tenían que conocer la situación de la curva de A Grandeira, a la altura del barrio de Angrois. Tanto los actuales como los anteriores directivos de Adif sabían que "normativa y tecnológicamente, podía hacerse" una mejora en la seguridad. Y "parece que sin un elevado coste", añade el juez. Un ulterior desarrollo de la seguridad en el tramo del accidente, como adelantó este periódico, fue aparcado por razones presupuestarias.

En el descarrilamiento que originó este proceso judicialfallecieron 79 personas y 134 resultaron heridas. Las 63 de ellas que se han personado en la causa podrán escuchar a los nuevos imputados entre octubre y diciembre.