El juez llama a declarar como imputados a los últimos presidentes de Adif

"Permitir la circulación de trenes por un tramo de línea carente de las medidas de seguridad suficientes". Es esta la razón última por la que el juez Luis Aláez, que investiga el descarrilamiento del Alvia en Santiago de Compostela del pasado 24 de julio,ha llamado a declarar en calidad de imputados a cinco representantes de Adif y a sus últimostres presidentes. Gonzalo Ferre, actual máximo responsable de la empresa pública, y sus dos antecesores, tendrán que comparecer el próximo 18 de septiembrejunto alos responsablesde seguridad de circulación:el director de Seguridad en la Circulación, el Gerente del Área de Seguridad en la Circulación Noroeste, el Jefe de Inspección de la Gerencia de Área de Seguridad en la Circulación y los dos inspectores encargados de supervisar esta zona.

Con elauto emitido hoy, el juez asegura que los responsables de la empresa "conocían o debían conocer aquella situación y con su capacidad y rango de situación podían haberla impedido". Además de los citados cargos, pide que declaren como imputadostodos los presidentes y vocales del Consejo de Administración de Adif desde el 10 dediciembre de 2011, día deentrada en vigor del tramo en el que se produjo el accidente,

El accidente de tren en el kilómetro 84.4 de la línea de tren que une Orense y Santiago costó la vida a 79 personas y causó 150 heridos. El conductor del tren, Francisco José Garzón, fue el primer imputado por homicidio imprudente, pero con la decisión de este martes el listado de alarga: las muertes y las lesiones son "imputables objetivamente" a todos los responsables de seguridad de Adif citados, asegura el auto del juez.

Mientras el auto no hace referencia a Renfe, se subrayan las omisiones previas al accidente de la empresa encargada de la infraestructura ferroviaria. "Sorprende", detalla el auto, "que el propio Adif considere al error humano, dada su alta probabilidad, como un aspecto importante a considerar para garantizar la seguridad en la circulación, y, sin embargo, en este caso haya omitido cualquier tipo de respuesta del sistema ante el previsible fallo humano".

Falta de prevención

El magistrado deja claro que en la zona no podían, por no encontrarse todas las medidas de seguridad necesaria, circular trenes con viajeros, por lo que los nuevos imputadosserían los “destinatarios de las normas de cuidado que tienenpor finla prevención de accidentes y de sus resultados dañinos”. Es decir, quienes tenían que velar para que el accidente no ocurriera.

El tren accidentado, un Talgo de la serie 730, viajaba equipado con los sistemas de seguridad ERTMS (sistema europeo y de frenado automático) y ASFA, sistema manual presenta en la mayoría de la red española. Sin embargo, a petición de Renfe y por problemas en su funcionamiento, desde junio de 2012 se autorizó que trenes como ese circularan entre Orense y Santiago con el primer sistema desconectado.

La situación, explica el juez, no podía ser desconocida a los responsables de la empresa. "Los directivos y gestores debían velar por el cumplimiento diligente de la actividad y (...) pudiendo conocer el riesgo para la vida de las personas, no han adoptado medidas para evitarlo", detalla el auto.