Crónicas de un pueblo independizado

Un laberinto de calles cuadriculadas e hileras de casas iguales recibe al visitante en Guadiana del Caudillo, en la provincia de Badajoz. Salvo algunos rótulos luminosos, un par de cajeros automáticos y otros detalles que delatan modernidad, esta pequeña localidad no es hoy muy distinta en sus formas de la que el Instituto Nacional de Colonización de Francisco Franco levantó allí, literalmente de la nada, a finales de los años cuarenta. En aquel entonces 276 colonos respondieron a la llamada del llamado Plan Badajoz para explotar los regadíos de la comarca, recibiendo a cambio una modesta vivienda recién construida y una pequeña parcela de cultivo. Seis décadas más tarde el pueblo de colonos conserva la advocación al Caudillo y las cicatrices de la escuadra y el cartabón en su callejero, pero las cosas han cambiado. Tiene más de 2.500 vecinos y sirve de suelo a una pujante industria especializada en cartón yeso que le reservó el título –al menos hasta que estalló la crisis inmobiliaria y, con ella, su prosperidad– de capital del pladur.

Tanto han cambiado las cosas que Guadiana del Caudillo se ha emancipado de Badajoz, de la que empezó siendo su pedanía, y es ahora un municipio independiente, el último de los 8.117 de España y el más joven de todos. Aunque se constituyó como tal en febrero del año pasado, ha empezado a funcionar administrativamente con la llegada de 2013, escenificando el incesante goteo de nuevos ayuntamientos –6 más en España desde 2007, la mitad de ellos en Extremadura– en pleno debate sobre la necesidad de reducir su número. Guadiana del Caudillo está ahora bajo la lupa de quienes critican el volumen de las administraciones, en particular aquellas que proliferan sin contención a ras del suelo local.

Cuestión de eficacia

Pero Antonio Pitel, su alcalde y timonel durante el proceso de segregación, no se da por aludido. Tanto así que el popular se muestra incluso partidario de la fusión de ayuntamientos –"siempre con un estudio de viabilidad previo, como hemos hecho aquí para la segregación"–. Empezando, llegado el caso, por su recién estrenado municipio.

"Si Guadiana del Caudillo se fusionase ahora con los pueblos vecinos, Valdelacalzada y Pueblo Nuevo, sumaría 7.500 habitantes", especula el regidor. "Podría tener un servicio de Policía Local permanente, rentabilizar el transporte público, no mantener tres campos de fútbol, tres colegios, tres centros de salud... Es indudable que sería más rentable para todos". Lo que carece de sentido, argumenta, es perpetuar situaciones como la suya, “con 2.500 habitantes y perteneciendo a Badajoz, que está a 35 kilómetros".

Pitel, que llevaba la emancipación en su programa electoral y cosechó mayoría absoluta en las pasadas elecciones municipales, se justifica en que la cuestión de fondo no está en la independencia o la fusión de municipios, sino en “la optimización de los recursos locales”, especialmente cuando la situación financiera aprieta. Aunque los trámites de la secesión se hayan retrasado "más de 17 años" –hasta desbloquear la negociación del reparto de hectáreas–, la irrupción de la crisis económica ha acabado por ser no un argumento en contra, sino a favor de la independencia.

"Las entidades locales menores, como éramos nosotros, no pudieron entrar en el programa del pago a proveedores, que es solo para municipios", ejemplifica Pitel. "El anticipo del pago de la liquidación de 2010, que los ayuntamientos pudieron devolver inicialmente en 60 mensualidades, nosotros hemos tenido que devolvérselo a Badajoz en seis. Y tampoco hemos podido acceder al Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) ni a ningún otro, como sí han hecho los municipios de la comarca".

La financiación también favorece al nuevo municipio, que hasta hoy recibía de la capital pacense 52.000 euros mensuales y al que a partir de ahora le corresponden 32.000 de la participación en los ingresos del Estado y 37.500 en anticipos a cuenta de la recaudación de impuestos locales. “Unos 70.000 mensuales, casi 20.000 más que antes”, calcula Pitel, gracias a la asunción de competencias fiscales. El presupuesto anual –cercano al 1.400.000 euros– se eleva así hasta el 1.600.000, lo que permitirá al equipo de gobierno ejecutar sus nuevas competencias, como la elaboración del padrón, pero también cumplir con la que asegura que es su prioridad: acabar con el déficit de la corporación, de unos 200.000 euros, antes de las municipales de 2015.

Cuestión de nombre

El optimismo, no obstante, es solo institucional, y las certezas sobre el futuro empiezan y acaban en las puertas del ayuntamiento. En las calles rectilíneas de Guadiana del Caudillo una vecina advierte de que, entre los vecinos, no hay consenso alguno "ni sobre la independencia del pueblo, ni sobre su nombre, ni sobre nada". Y para darle la razón, otra mantiene unos metros después la tesis contraria: "La voluntad del pueblo quedó clara en las elecciones municipales. El partido que llevaba la independencia en su programa arrasó, y los que no la llevaban y se dieron un batacazo".

Por eso la mayoría de los guadianeros prefiere esquivar las preguntas de los periodistas –una tarea en la que parecen haber adquirido cierta práctica– alegando uno tras otro no entender de política. Por eso y porque hablar de política en Guadiana es hacerlo necesariamente en términos gruesos. El nombre de la localidad y su consagración al Caudillo fueron el último escollo en su carrera independentista, truncada temporalmente por el anterior Ejecutivo regional –del socialista Guillermo Fernández Vara– con el argumento de que el nombre vulneraría la Ley de Memoria Histórica. También el ya extinto Ministerio de Política Territorial de Rodríguez Zapatero advirtió de que "podría impedir la inscripción del nuevo municipio en el Registro de Entidades Locales" si conservaba al dictador en su topónimo. 

Aunque otros pueblos de colonos de la zona comparten el mismo título –como Villafranco del Guadiana o Gévora del Caudillo, hoy rebautizada como Gévora–, no son municipios, sino pedanías la capital, y su suelo, por lo tanto, se sigue denominado oficialmente Badajoz. Pero Guadiana del Caudillo ya no es pedanía ni entidad local menor. En marzo del 2012, obtenida ya la declaración de municipio por parte del nuevo Ejecutivo autonómico popular, el consistorio celebró una consulta vecinal –en papel, una encuesta de opinión no vinculante– para decidir si debía conservar al Caudillo en su nombre. Con 495 votos a favor –el 60% de todos los emitidos–, ganó la primera opción, patrocinada por el Partido Popular local y por su alcalde. Tanto el Partido Socialista como Izquierda Unida rechazaron conservar la denominación pero no pidieron el "no" en el referéndum, sino la abstención. Esta alcanzó el 67% del censo pero, lógicamente, no contó en el recuento final.

Lo hicieron así por una razón que sigue en boca de un guadianero que, como la mayoría de sus paisanos, prefiere permanecer en el anonimato. "Lo legal no es hacer un referéndum porque no te guste la ley: lo legal es respetar la ley". Y también con el argumento de que el pueblo, como la provincia, la autonomía y el propio país, tiene prioridades distintas de las toponímicas. Con una tasa de paro que ronda en la zona el 30%, la crisis económica y del sector inmobiliario son particularmente violentas en esta localidad cuyos jóvenes "dejaron los estudios para irse al pladur, donde ganaban 2.000 y 3.000 euros al mes”, según el mismo vecino. “Ahora, aquí no tienen futuro”.