Un cura y un empresario por la dación en pago

El jueves pasado, el mismo día que José Coy, activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de 47 años, empezó en Murcia su segunda huelga de hambre, ésta de diez días, para reclamar que no le quiten el bajo de su vivienda y lo dejen de por vida con una deuda de casi cien mil euros, el PSOE anunció su intención de pedir en el Congreso que la dación en pago sea posible para las familias con ingresos de menos de 18.600 euros anuales.

Coy era autónomo del comercio textil mayorista, lleva tres años en paro y sin subsidio, y ayuna en la parroquia de Santa Rosa de Lima en El Palmar (Murcia) donde Joaquín Sánchez, cura diocesano ordenado en 1987, está comprometido hasta la médula en la PAH y en otras muchas guerras sociales desde hace casi tantos años como tiene (48), y se acuerda de que el PSOE “echó atrás todas las propuestas en ese sentido” cuando gobernaba.

“Cualquier avance tiene que ser retroactivo”, dice Coy, “porque el daño que han causado los desahucios de los bancos ha sido y es inasumible para miles de familias que han quedado en situación de total exclusión social: son más de 500.000 las que han perdido o van a perder su vivienda entre 2006 y 2015 según deduce de los datos del Consejo General del Poder Judicial” (CGPJ). Y no cree exagerar cuando asegura que “van a ser más de ese medio millón, porque la pobreza extrema va más rápido de lo que ellos se creen”.

José Coy y Joaquín Sánchez, ex autónomo del textil y sacerdote diocesano, son los dos pivotes sobre los que gira públicamente la PAH en Murcia, integrada por unos cincuenta activistas y cientos de familias afectadas en una región de las que más sufre, si no la que más, por el problema de los desahucios por impagos de hipotecas, consecuencia directa de la fuerza con que allí estalló la burbuja inmobiliaria, proporcional a su tamaño y peso en la estructura económica regional.

La historia de ambos, recién llegados de Madrid de la protesta del 25-S  Rodea el Congreso, está intrínsecamente unida a las luchas sociales y sindicales en las últimas décadas y la actividad frenética de la PAH por parar los desahucios. El jueves, el día que Coy empezó su segunda huelga de hambre, la plataforma había conseguido detener en la Región 83 “lanzamientos”, eufemismo jurídico con el que se describe la expulsión de alguien de su vivienda por no poder pagar la hipoteca.

Reconocen, en cualquier caso, que esos resultados, de los que por otra parte están orgullosos, no dejan de ser una gota en un mar de 1.700 desahucios en la Región de Murcia sólo en el primer trimestre de 2012, según los últimos datos disponibles del CGPJ. “Van a un ritmo de trece diarios”, afirma Coy que se basa en los datos que llegan a la PAH directamente de familias afectadas.

De esas familias de parados con problemas de vivienda nació la PAH murciana hace poco más de dos años en Molina de Segura, localidad industrial al norte de Murcia donde Coy desarrolló buena parte de su actividad sindical y Sánchez llevó una parroquia durante algunos años. “Tras las primeras reuniones informales, nos pusimos en contacto con la gente de Barcelona y organizamos la plataforma”, cuenta el primero.

Un cura comprometido

Joaquín estuvo junto a ellos desde el primer momento, convencido de que ese es su sitio como transmisor del mensaje cristiano y al margen de lo que opine la jerarquía eclesiástica. “No me han dicho nunca nada directamente, porque no me lo pueden decir: si cogen el Evangelio lo saben”, dice Joaquín. Algún “comentario de advertencia” indirecto sí le ha llegado, reconoce, de parte del actual obispo Juan Manuel Reig Pla, destacado representante de la facción más conservadora del episcopado español.

Pero la militancia y el ejemplo del cura de la PAHha cundido entre algunos religiosos, para sorpresa del propio Joaquín. En mayo pasado, cien curas, frailes y monjas firmaron un documento en contra de los desahucios y pidiendo que acabaran. El título era suficientemente revelador de su contenido: “En el nombre de Dios ¡Basta ya de desahuciar a las familias!”. Algunos de los firmantes son conocidos por sus posiciones conservadoras, incluyendo uno del Opus Dei. También le sorprendió a Joaquín la reacción oficial en boca de algún jerarca de la Iglesia local “que dijo en público que era muy fácil firmar un papel”.

Este episodio reafirma al cura de la PAH: “mi postura no es única” dentro de la Iglesia, comenta mientras José y tres jóvenes que le acompañan en sus primera horas de su segunda huelga de hambre bromean y colocan entre todos pequeños carteles en la fachada con mensajes como “Rescatad a las personas, no a los bancos”, “Huelga de hambre por la dación en pago”, “Plan de rescate ciudadano”, “Stop desahucios” o “Sí se puede”.

La ruina de una empresa textil

Porque la huelga de hambre de José se debe a que el bajo de su vivienda, donde tenía su almacén mayorista de textil, va a salir a subasta el 31 de octubre por 161.535 euros según la carta de notificación que le ha llegado. La hipoteca inicial era de 83.000 euros, de los que quedan por devolver 25.000 euros porque lleva tres años sin pagar las cuotas, desde que se quedó “en paro sin subsidio como autónomo” y en la ruina pues había avalado con la casa su microempresa del textil que se fue al garete. Pide que o bien se le acepte la dación en pago o que se le conceda una moratoria en la subasta.

José, casado y con un hijo, ya consiguió una moratoria tras una primera huelga de hambre de cinco días. “Hace cuatro meses planteamosla dación en pago u otra moratoria y Cajamar nos han contestado con la carta de notificación de la subasta”.

Huelga decir que su caso no es único ni tampoco el más dramático. Joaquín recuerda otro de tres generaciones desahuciadas sucesivamente de dos viviendas: “Los padres, que acogían a los abuelos en su casa, avalaron la nueva vivienda de los hijos y, cuando los embargaron y desahuciaron, se fueron a vivir todos juntos en la primera casa. Al final, las tres generaciones a la calle para cobrar la deuda de los hijos”.

Lo peor, para José, es que no puede comenzar de nuevo. “Tengo proyectos de trabajo como autónomo, pero con esa deuda de por vida no puedo tener nada a mi nombre y estoy condenado a vivir en una semiclandestinidad económica”, explica. “Mi deuda, si esto no cambia, pasará a mis herederos”.

No es su caso, por tanto, uno de los que periódicamente se publican de daciones en pago aceptadas por tal o cual entidad bancaria. Pero Joaquín piensa que esas son las aisladas excepciones que confirman la norma. “Lo hacen, creo, porque se trata de inmigrantes que se vuelven a su país y son poquísimos casos. Pero los bancos le dan publicidad y lo usan como propaganda como si fuera lo habitual”.

Interrumpe la conversación a la puerta de la iglesa la plomiza tarde del jueves una joven de la PAH. “Me llama una mujer: que murió su marido en febrero y ahora el banco la quiere echar de la casa”, le dice a Joaquín. “Hay que estar a muerte con ella”, responde el cura.