Marbella responderá penalmente si no derriba las vivienda ilegales

La batalla judicial por las demoliciones pendientes en Marbella parece no tener fin. Uno de los máximos orgullos de la gestión de Ángeles Muñoz es la normalización urbanística de la ciudad. Así lo resalta cada vez que puede en sus  comparencias públicas. La última vez, esta semana en el balance del año actual, donde ha esgrimido argumentos de proyectos que ha denominado "vitales" y que "garantizan el futuro de la ciudad".

Pero estas palabras no parecen convencer del todo al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que ha citado a la regidora costasoleña  para declarar en los próximos meses por la no ejecución de los derribos pendientes, esgrimiendo que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) no implica la imposibilidad de ejecutar los fallos.

La ley por encima del PGOU

En la providencia del alto tribunal andaluz se solicita al Ayuntamiento y a la alcaldesa, como su máxima responsable, de cumplir la ejecución de una (del más de un centenar) de estas sentencias pendientes de ejecución. El magistrado le advierte, a través de este apercibimiento, de que por primera vez «puede incurrir en multas de hasta 1.502 euros y en la responsabilidad penal que le pueda corresponder». En este caso podría tratarse de un posible delito de desobediencia judicial.

Hasta el momento el consistorio ha argumentado todo tipo de estratagemas legales para evitar los derribos, pero en la sentencia emitida por el TSJA invalida estos argumentos. La Sala acuerda desestimar «el incidente de imposibilidad legal de ejecución de sentencia» promovido hasta ahora por el Ayuntamiento marbellí, que se ha acogido a la existencia de un nuevo planeamiento que regulariza 16.500 del total de 18.000 viviendas que se construyeron durante la etapa de mandato del Grupo Independiente Liberal. Sin embargo, el auto recuerda a la regidora que «el derecho a la ejecución de sentencia no puede concebirse únicamente como un derecho del particular interesado en la ejecución sino que es también un esencial interés público el que está implicado en ello». En este mismo orden de cosas insiste la providencia en que el cumplimiento de las sentencias u órdenes judiciales es un «fundamento básico» del Estado de Derecho recogido en la Constitución.

Caballo de batalla

El TSJA tiene claro que no todo vale y que la razón que da el Ayuntamiento de que la existencia de un nuevo PGOU no implica «una automática legalización ex post facto de todas las edificaciones que resulten conformes con el nuevo, aunque no lo fueron con el anterior». A este respecto, le recuerda a la institución que si opta por no demoler, deberá «sustituir la ejecución de la sentencia en sus propios términos por una indemnización de daños y perjuicios derivados de la inejecución».

Con esta sentencia, si el Ayuntamiento no demuele tendrá que indemnizar a quienes se sientan afectados por los edificios ilegales que queden en pie. El principal caballo de batalla es la comunidad de propietarios de Los Monteros.

La sentencia referida por el TSJA en este auto, suponía la demolición de tres bloques de casas, los números 19, 20 y 21, de la calle del Ciervo de la urbanización Monteros Park. Pero los vecinos de esta urbanización denunciaron a la promotora (la sociedad limitada Kabdale) y al Ayuntamiento de Marbella por edificarlos y autorizarlos, respectivamente, sobre tres parcelas unifamiliares. Ahora los bloques están ocupados pero carecen de licencia de ocupación.