Cuando los padres se juegan la cárcel por meter a sus hijos en el colegio que quieren

Quizás no son conscientes pero hay quienes, sin saberlo, se están jugando ir a la cárcel por intentar que sus hijos estudien en el colegio que desean. Son muchas las informaciones que hay sobre las trampas que hacen los padres para conseguir plaza en la escuela pero muy pocas sobre sus consecuencias. ¿Cuál es el precio que pagan si les sorprenden? ¿Qué sucede si la administración les coge con “las manos en la trampa”? ¿Sabía que algunos de esos fraudes pueden estar penados con hasta 3 años de cárcel? ¿O que los niños pueden ser expulsados del centro aún meses y hasta años después de haber comenzado el curso? Es más, ¿conoce que hay padres que llegan a contratar detectives para descubrir al tramposo?

 

La imaginación al poder. Los directores de algunos colegios ya ni se sorprenden con lo que están dispuestos a hacer algunos padres para conseguir plaza en sus centros. “Mire,  aunque éste es un tema muy serio a veces no tienes más remedio que reír  –apunta a El Confidencial una de las Jefas de Estudio de Enseñanza Primaria–. Hay niños que cuando se matriculan son celíacos y oye, en septiembre, cuando empieza el comedor ¡se han curado!”. Y es que por inventar que no quede, pero la argucia hay que demostrarla. Los padres tienen que acreditarla con documentación y es entonces cuando surge el fraude.

La trampa más frecuente es la de empadronar al niño/a con padres, familiares o amigos para conseguir los puntos por proximidad. Una vez conseguida la plaza, se acabó lo de vivir virtualmente con los abuelos o los primos. Vuelven a cambiar su domicilio en el Padrón Municipal y nunca más se supo. Otro de los trucos consiste en alquilar un piso durante meses junto al centro escolar y hacerlo constar como lugar habitual de domicilio.

Cuando lo que cuenta es la declaración de la renta (IRPF), hay quienes la falsifican aportando la de una persona que genera pocos ingresos pegando la etiqueta de identificación del padre o la madre del solicitante o interesado. En estos casos y según han confirmado a este diario, lo que más suelen utilizar es la declaración con la pensión del abuelo/a. Si la pareja o el matrimonio hacen declaraciones por separado, la que aportan es la que más les favorece para conseguir la ansiada plaza.   

Como las familias monoparentales suman más puntos, los hay que hasta se divorcian. Para tener la documentación que lo acredite presentan la demanda de divorcio -esta trampa es más habitual al conseguir plaza en las escuelas infantiles-. Milagrosamente, una vez conseguido el cometido, el matrimonio se “reconcilia”, “regresa el amor” y se retira la demanda en cuestión.

Hay también padres y madres que buscan cualquier leve malformación o problema físico o psíquico, intolerancias alimentarias, para argumentar problemas de salud y conseguir los puntos por minusvalía. Algunos recurren al mercado negro y llegan a pagar para conseguir falsos certificados médicos.

Hay artimañas, como ven, para todos los gustos y colores, pero ¿qué sucede cuando no salen bien?

Con trampa y sin catón

La repercusión menor que pueden sufrir los padres “tramposos o desesperados” es que el niño se quede sin plaza en el colegio donde se ha descubierto el engaño. En la mayor parte de España, si esto sucede, los padres están obligados a solicitar otra plaza en la convocatoria de septiembre, una convocatoria en la que ya sólo quedan huecos en aquellos centros que por unas u otras circunstancias o no se han cubierto las plazas o nadie las quiere.

Los responsables de los colegios reconocen que tienen muy limitada la capacidad para contrastar documentación y controlar los fraudes. Pero hay padres que tras ver cómo sus hijos se quedan sin plaza no dudan en denunciar a los “presuntos tramposos”. Existen hasta foros de Internet animando a dar este paso y organizando a quienes se proponen descubrir a los embusteros. “Todo lo hacen en secreto bajo absoluta confidencialidad  -nos confiesa la Directora de un colegio concertado de Madrid-. En nuestro centro, por ejemplo, hubo una madre que llegó a contratar detectives privados. Esto implica estar dispuesto a luchar hasta el final, gastarse dinero y pocos padres dan ese paso. Ya de por si muy pocos se animan a denunciar y meterse en el papeleo tras quedarse sin plaza, así que menos aún los que llegan a denunciar al tramposo”.

Detectives, policías, expulsiones…

Son pocos sí, pero organizados. Suelen formar un grupo y se produce sobre todo en colegios donde se han detectado varios casos sospechosos. Pagan a medias las tarifas de un detective privado -entre 60 y 80 euros por hora de trabajo-. Javier Iglesias, ex presidente de la Asociación Profesional de Detectives Privados de España, nos comenta que “en este tipo de denuncias el seguimiento es sencillo. Pepito vive en la calle “x” y se comprueba sin más si esto es así. Normalmente quienes nos contratan para este tipo de servicios suelen estar muy enfadados. Son ciudadanos que están hartos de ver cómo pagan sus impuestos y las plazas se las llevan los inmigrantes, o vecinos que no viven en su calle y sin embargo logran entrar. Claro que ver que su hijo se ha quedado en la calle les duele tanto que son capaces de ir hasta donde haga falta por demostrar la injusticia”.

El detective vigila a la familia denunciada y comprueba durante varios días y sin despertar sospechas si duermen o no realmente en el domicilio, saca fotografías, se fija en si desayunan, comen, salen o entran del inmueble a primera y última hora de la mañana, llega a enviar cartas o paquetes certificados para corroborar si le firman el “recibí” o si todo lo contrario, que el paquete jamás llega a su destino porque el piso está siempre vacío.

Al final de las pesquisas, de probarse y acreditarse la falsedad documental, los padres que modificaron el padrón con un domicilio falso o empadronaron a su hijo en una vivienda en la que jamás ha vivido pueden estar incurriendo en un delito que según artículo 392 del Código Penal “será castigado con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses”.

Las sanciones llegan además de forma inesperada. Miren sino lo que le sucedió a Ángela, una niña sevillana de 11 años. Sus padres no daban crédito cuando la Delegación Provincial de Educación en Sevilla expulsó del colegio concertado Antonio Machado a su hija cuando sólo faltaban dos semanas para terminar el curso y con los  exámenes finales hechos. Fue el año pasado, en 2009, la pequeña llevaba cuatro años estudiando en el centro. El motivo de la expulsión fue la falsificación de los datos de su domicilio para conseguir plaza en el centro escolar.

Cada vez son más las comunidades y ayuntamientos que ponen medios para combatir este tipo de fraudes. En algunos municipios de España los policías tienen la potestad de comprobar el domicilio. Sin ir más lejos, el Ayuntamiento de Reus ha conseguido reducir en más del 84% el número de engaños tras permitir que su Guardia Urbana, ante la más mínima sospecha, acude a corroborar los datos del alumno sobre su domicilio o residencia.

Este año, en la Comunidad de Madrid y como novedad, la Consejera de Educación, Lucía Figar, ha anunciado que “los padres no tendrán que presentar certificado de la declaración de la renta ya que será la propia administración educativa la que verificará los datos fiscales de las familias directamente con la Agencia Tributaria para evitar fraudes”.

Todo por mi hijo…

Pero ¿son los padres unos tahúres? No todos actúan así. Según los datos de Federación que agrupa a los colegios religiosos FERE, uno de cada dos padres que solicita la educación en colegios religiosos o concertados no lo consigue, esto es, el 50% de las solicitudes se quedan en el aire. No existe una estadística real al respecto porque cada comunidad hace sus propias cuentas.

La situación al final es tal que el presidente de la CONCAPA, Luis Carbonel, no lo justifica pero sí indica a El Confidencial que “partiendo de que la ilegalidad es incorrecta la haga quien la haga, hay que ir mucho más lejos. Si un Estado no provee a los padres de plazas, el ciudadano pierde gran parte de su libertad”. Para la CONCAPA, la solución pasaría por la puesta en marcha del cheque escolar, un sistema de financiación con el que el Estado entrega a los padres un bono o cheque canjeable por dinero para cada uno de los hijos en edad escolar. Con él se pagan los gatos del centro en el que deciden matricularlo y se acaba con la dependencia de la escuela pública.

Si miramos a nuestro alrededor, otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania y Reino Unido sufren el mismo problema, el derecho a la libertad de elección reconocido tanto en la Declaración Universal de los Derechos Humanos como en nuestra Constitución queda, hoy por hoy, en papel mojado. La oferta pública de centros adaptados a criterios pedagógicos, morales o  religiosos es insuficiente, y la necesidad de ofrecer una escolaridad obligatoria se ha visto sustituida por un reto que va más allá, el de conseguir una educación libre y personal. Y en este sentido, ya lo dejó escrito el gran filósofo italiano del S.XX Norberto Bobbio, “la historia reciente nos ha ofrecido el dramático testimonio de un sistema social donde la persecución de la igualdad se ha conseguido en detrimento de la libertad”.