Un juez da la incapacidad permanente a una mujer de 29 años por las secuelas psicológicas sufridas por su jefe

El Juzgado de lo Social número 4 de Santander ha concedido la incapacidad total y permanente para desempeñar cualquier trabajo a una mujer de 29 años, auxiliar de una clínica veterinaria, debido a las secuelas psicológicas que padece por el acoso laboral al que la sometía su jefe.

La mujer, que ha pedido preservar su anonimato a través de sus representantes legales (el servicio jurídico de CCOO de Cantabria), sufre "un transtorno de estrés postraumático por acoso laboral y un transtorno mixto ansioso-depresivo de intensidad grave secundario", conforme al dictamen del equipo de valoración de incapacidades.

La sentencia recuerda que otro fallo ya firme reconoció como "accidente de trabajo" los problemas psicológicos de esa mujer cuando fueron examinados a raíz de una baja temporal, que duró desde octubre de 2003 hasta marzo de 2005.

El juez entiende ahora que las secuelas que padece la mujer la incapacitan para desempeñar "todo tipo de trabajo, al no poder realizar ningún tipo de actividad por liviana o sedentaria que sea".

La Seguridad Social había denegado en principio la incapacidad permanente a esta mujer por considerar que sus problemas de salud no tenían "un grado suficiente" para otorgársela.

El Juzgado de lo Social número 4 de Santander corrige su decisión, porque considera que "la demandante se encuentra incapacitada para todo tipo de profesión u oficio, al no poder realizar ningún tipo de actividad con la continuidad, dedicación, eficacia y profesionalidad que exige el mercado laboral".

Acoso sexual y laboral

Hace dos años, la mujer también denunció a su jefe ante los Juzgados de lo Penal por delitos de acoso sexual y laboral.

En aquella ocasión, el Juzgado de lo Penal número 3 de Santander, con el apoyo del Ministerio Fiscal, que no secundó la acusación, absolvió a su jefe por considerar que no existían pruebas suficientes para acreditar los delitos que le imputaba.

La juez de lo Penal estimó que lo que relataba esta mujer en su denuncia, de ser cierto, podría calificarse de "torturas físicas verdaderamente refinadas (...), verdaderos actos de maltrato físico y psicológico que parecen propios de un relato de terror".

Sin embargo, la magistrada juzgó que existían una serie de circunstancias que ponían en duda la credibilidad de su testimonio: los problemas laborales que tenía con su jefe, la declaración de clientes de la clínica que aseguraron que era tratada "correctamente" o la falta de una explicación convincente a por qué "pudo soportar durante tres años" las vejaciones que relataba.

La mujer ha apelado esa sentencia absolutoria ante la Audiencia de Cantabria, que todavía no ha resuelto el recurso.