La Audiencia Nacional condena al Estado y a Aragón por la tragedia de Biescas

La Audiencia Nacional declaró el miércoles la responsabilidad patrimonial del Estado y de la Diputación General de Aragón en relación con la tragedia de Biescas, en la que murieron 87 personas a causa de una riada en 1996, al condenarles a indemnizar con casi 12 millones de euros a las familias de las víctimas. En una sentencia notificada por la Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional, el tribunal eximió de responsabilidad a los otros dos codemandados: el ayuntamiento de Biescas y el propietario del cámping de Las Nieves, Luis Bardají.

La Audiencia condenó a las administraciones porque o bien autorizaron o bien consintieron la instalación del cámping en un lugar donde la "previsibilidad del riesgo" había sido advertida, por escrito y con carácter previo, por los técnicos.

El Gobierno de Aragón acató el miércoles la sentencia y estudiará cómo se reparte la indemnización impuesta, según señalaron fuentes del Ejecutivo aragonés, que indicaron que harán público un comunicado con la valoración de la sentencia, cuyo contenido estudian actualmente4 sus servicios jurídicos.

Los familiares de los fallecidos acogieron con frialdad una sentencia que llega nueve años después del suceso. Pedro Espinosa, marido de una de las víctimas de la riada, aseguró el miércoles tras conocer el fallo de la Audiencia Nacional, que "no quiero buscar culpables nueve años después, pero está claro que el dinero es el que manda y que por eso murió mi esposa".

Espinosa, que actualmente vive en Granollers (Barcelona), comentó que "casi diez años después, lo que menos me importa es la sentencia porque mi vida cambió. He continuado viviendo con mis dos hijos, con salud y trabajo, pero me sigue faltando mi esposa, a la que quería mucho".

Tras insistir en que la desgracia pudo ser evitable porque varios técnicos habían advertido del riesgo de ubicar un cámping en aquel lugar, lo que corroboró la Audiencia Nacional, Espinosa repitió que "lo que está claro es que quien manda es el dinero y por eso el cámping estaba en aquel lugar".

Permisos mal otorgados

"Por fin han reconocido que hay culpables. No fue culpa nuestra estar allí, los permisos estaban mal dados. Yo estuve allí y no pueden hacernos creer que fue por una causa natural", destacó María José González, que perdió también a uno de sus hijos en el cámping de Biescas.

Conmocionada todavía por el recuerdo de aquella tragedia, María José González denunció que lo que ocurrió "no ha servido para nada" porque casi diez años después "la normativa no ha cambiado y el gobierno de Aragón ha sido declarado culpable pero el dueño del cámping se sigue paseando por ahí".

La sentencia recoge la previsibilidad de ese riesgo había sido advertida por escrito y con carácter previo en el expediente administrativo necesario para autorizar la instalación del cámping por un funcionario de la Diputación General de Aragón (DGA), dado que ocupaba la parte más activa del cono de deyección (desagüe) de un barranco de fuerte torrencialidad.

"Sin la intervención de la DGA el citado cámping no podría existir", señaló el fallo, que añadió que "además, la intervención de esta Administración fue decisiva", ya que primero autorizó la ocupación del monte en el que se situó -pese a la existencia de un informe desfavorable y "sin que siquiera se hubiera emitido otro que lo contradijera"- y luego la apertura de las instalaciones.

El informe al que alude el tribunal es el del ingeniero Emilio Pérez Bujarrabal, jefe de la sección de Comunidades Vegetales de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Montes de la DGA, que ya diez años antes de la tragedia se había opuesto a la ocupación de esa zona de monte.