España declara la guerra a la comida insana en los colegios (y quiere vetar su publicidad)
El Real Decreto que regula la oferta alimentaria en los centros escolares entra en vigor este 16 de abril y limita los productos con exceso de azúcares, grasas saturadas o sal
Una niña en la cafetería de su colegio en Louisville, Kentucky. (Getty Images/Jon Cherry)
Prohibir la apertura de nuevos establecimientos de comida rápida. Este era el objetivo de Jean-Paul Roseleux, alcalde de Fère-en-Tardenois, un municipio ubicado a unos 100 kilómetros de París.
Este hombre quería luchar por una alimentación equilibrada. “Pido que consideren la posibilidad de establecer regulaciones que limiten la apertura de restaurantes de comida rápida a uno por cada 1.000 habitantes, por ejemplo, dado que, desde principios de la década de 2000, el número de estos establecimientos ha aumentado de 13.000 a 52.000 en todo el territorio nacional”, decía en una carta publicada en septiembre de 2025. Sin embargo, el escrito no prosperó por un principio de valor constitucional: la libertad de comercio e industria.
Frente a ese intento fallido en Francia, España ha optado por otra vía con el Real Decreto de Comedores, cuyo nombre oficial es 315/2025, para regular qué alimentos pueden ofrecerse en el entorno escolar. La norma busca garantizar una alimentación saludabley sostenible en el ámbito escolar y contribuir a prevenir problemas como la obesidad.
En concreto, el decreto prohíbe o limita alimentos con perfiles nutricionales poco saludables: alto contenido en azúcares añadidos, grasas saturadas o sal en máquinas expendedoras y cafeterías. Además, destaca la prohibición de grasas trans (salvo las naturales) y el límite calórico en productos vendidos en estos lugares.
Aunque en la última línea del documento refleja lo siguiente: "El presente real decreto entrará en vigor a los doce meses de su publicación en el Boletín Oficial del Estado", y este jueves se cumple ese plazo, desde el Ministerio de Consumo aclaran que está en vigor desde el inicio de curso. "Los centros han contado con un periodo de adaptación para ajustarse a lo establecido en todo lo relativo al diseño y la configuración de los menús", aseguran.
Igualmente, cuando las administraciones liciten servicios de restauración escolar, deberán incluir en los pliegos requisitos para que la alimentación sea variada, equilibrada y adaptada a las necesidades nutricionales de los usuarios. El decreto establece que estos requerimientos deberán tener una especial consideración entre los criterios de adjudicación.
Se aplicará a los centros educativos públicos, concertados y privados que impartan las enseñanzas del sistema educativo incluidas en la norma. En definitiva, el decreto establece que en los centros se deben adoptar medidas para garantizar una oferta alimentaria saludable, favorecer hábitos nutricionales adecuados e integrar la alimentación dentro de las políticas educativas y de salud pública.
Para Juan José López Gómez, coordinador del Área de Nutrición de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN), el comedor escolar tiene una doble labor. "Por una parte, el aporte adecuado de nutrientes a los niños, que tienen una edad en la que las necesidades están incrementadas, pero que también es el momento donde se generan los hábitos futuros. En este punto se encuentra la segunda labor, que es la educación sobre los patrones de dieta saludables que el niño seguirá cuando sea adulto", expone a este periódico.
Por este motivo, la SEEN comparte que la regulación de la ingesta hacia un "patrón más cercano al mediterráneo en los centros educativos": "Una reducción del ultraprocesado es un avance en el adecuado manejo nutricional de los niños. No obstante, es importante aplicar la ley de una manera adecuada a través de un desarrollo por parte de especialistas en este aspecto".
"La implantación de menús saludables en los colegios puede ayudar de manera directa al control de la obesidad infantil y ayudar a la implantación de patrones saludables de ingesta. Esto se relaciona con la utilización del comedor como una herramienta educativa que es tremendamente importante por lo dicho previamente. Además, la prohibición de determinados alimentos poco saludables puede ayudar a controlar el consumo", añade.
También comenta que tener en cuenta los gustos de determinados colectivos puede ayudar a evitar situaciones de baja ingesta. "La inclusión de las alergias e intolerancias alimentarias es crítico para una mejoría de la seguridad alimentaria", manifiesta el doctor.
Por su parte, Mario Agudo, portavoz de Food Service España, que es la Federación Española de Restauración Colectiva, comenta que el Real Decreto refuerza su compromiso con la alimentación saludable y sostenible: “Reconoce el trabajo que venimos desarrollando desde hace años”.
Asimismo, la federación señala que sus empresas asociadas sirven diariamente más de 1,5 millones de menús escolares, diseñados por más de 2.000 dietistas-nutricionistas de acuerdo con la normativa vigente, siguiendo pautas relacionadas con la "calidad, la nutrición y la seguridad alimentaria". Entre un 10% y un 12% de esos menús corresponden a dietas especiales y adaptadas para alumnos con intolerancias, alergias, creencias religiosas y culturales o cualquier otra necesidad de adaptación. “Los comedores escolares son un servicio esencial para millones de familias y un espacio educativo donde se fomenta la nutrición responsable, la sostenibilidad y hábitos de vida saludables”, apunta Agudo.
Prohibir la publicidad de alimentos insanos
En consonancia con esta nueva pauta que deben seguir los comedores escolares, la cartera dirigida por Pablo Bustinduy presentaba el pasado mes de febrero un barómetro que revelaba que el 80% de la población está de acuerdo en prohibir la publicidad de alimentos insanos a menores.
El ministro Bustinduy insistía en la necesidad de actuar frente a la “presión publicitaria” de este tipo de alimentos, que son ultraprocesados, con un alto contenido en grasas, azúcares o sal, y que son calóricos y poco nutritivos. Y subrayaba que esto es algo que ya hacen otros países de nuestro entorno como Portugal, Noruega, Reino Unido, Suecia o Irlanda.
Precisamente, este último país es conocido por su Plan de Acción contra la Obesidad (OPAP) para 2016-2025. Igualmente, las normas introducidas por la Autoridad de Normas Publicitarias (ASA) de Irlanda en 2021 impiden a las empresas anunciar productos con alto contenido en grasas, azúcar o sal en plataformas donde el público es menor de 15 años.
Por otro lado, en 2018 la OPAP incluyó un impuesto a las bebidas azucaradas y se creó un grupo de trabajo de “reformulación alimentaria” destinado a impulsar cambios de ingredientes nocivos para la salud. En general, el Gobierno irlandés ha lanzado campañas específicas de alimentación saludable con el fin de aumentar la concienciación sobre los peligros del consumo de alimentos altamente procesados.
"La educación para la salud es una de las bases del tratamiento poblacional y de la medicina preventiva. Existen alimentos cuyo consumo de manera excesiva y mantenida en el tiempo puede ocasionar enfermedades a largo plazo, especialmente si se consumen desde edad temprana. Por esta razón, la regulación sobre la publicidad dirigida a colectivos más influenciables, como puede ser el infantil, se debe considerar positiva siempre que centre su motivación en un contexto con base científica", opina el experto de la SEEN.
Para finalizar, describe que la regulación de los anuncios debe plantear el consumo responsable de los ultraprocesados: "No utilizar una publicidad agresiva para considerar su consumo como una necesidad vital y se debe conocer el riesgo de un consumo desequilibrado de estos alimentos a largo plazo".
Prohibir la apertura de nuevos establecimientos de comida rápida. Este era el objetivo de Jean-Paul Roseleux, alcalde de Fère-en-Tardenois, un municipio ubicado a unos 100 kilómetros de París.