Entre rejas y sin apoyo: los presos que llevan al límite a los trabajadores sociales de las cárceles

Que en las cárceles españolas faltan médicos no es ninguna novedad. A finales de 2024, los centros dependientes del Ministerio del Interior contaban con 158 médicos en activo para atender a 48.947 internos.

Ese balance no incluye ni a Cataluña ni al País Vasco, que quedan fuera de la estadística estatal porque gestionan sus propias prisiones. Cataluña cerró 2024 con 8.594 internos y, si se añade también la red vasca (1.400–1.600), la población reclusa en España supera con holgura las 57.500 personas. Además, en Navarra, que tiene transferida la sanidad penitenciaria, la plantilla es de cuatro médicos para su única cárcel.

Precisamente, en ese Centro Penitenciario de Pamplona, un facultativo puso problemas a los técnicos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) para acceder al contenido de las historias clínicas de los reclusos.

En su informe anual de supervisión de lugares de privación de libertad en España, publicado hace unas semanas, relatan que fue la primera vez que esto sucedió en un centro penitenciario. Añaden que en el envío posterior de documentación médica se adjuntaron documentos con información asistencial “desorganizada y fragmentaria”, así como el historial completo de los pacientes en el ámbito extrapenitenciario, “con datos ajenos y no pertinentes para los fines de la visita”.

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Lola García-Ajofrín. Villanubla Fotografía: Sergio Beleña Francesco Berto (OBCT. Italia) Giota Tessi (Efsyn. Grecia) Laszlo Arató. (EUrologus/Hungría) Francesca Barca (Voxeurope. París)

“No se facilitó información sobre la medicación específica que cada paciente tenía prescrita en el momento de la visita, ni su pauta actual, y los listados generales de medicación enviados se encontraban en formato pseudoanonimizado y organizados por año natural, impidiendo establecer relaciones clínicas individualizadas ni realizar un análisis cualitativo o longitudinal de los tratamientos”, explica el documento.

Ese desorden en la atención sanitaria y en el seguimiento clínico tiene un impacto directo en el día a día de los centros penitenciarios. Especialmente en el caso de los internos con problemas de salud mental o discapacidad intelectual, donde la falta de coordinación y recursos complica su atención y acompañamiento.

Lo cuenta Juan Jesús Merino Serrano, coordinador de Trabajo Social del Centro Penitenciario de Albolote (Granada), con casi tres décadas de experiencia en Instituciones Penitenciarias. En dicho centro hay un módulo especializado en enfermedad mental y discapacidad intelectual. “Estos dos colectivos, por su especial vulnerabilidad, son los que más estrés nos provocan. Te vas a casa y te sigues acordando de que esa persona no tiene dónde ir cuando salga”, asegura a este periódico.

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Serrano, que también es miembro de la Asociación de Trabajo Social Penitenciario, comenta que el problema empieza antes del ingreso en prisión. Según describe, muchos internos con discapacidad intelectual o problemas de salud mental llegan sin que en el juicio “se hayan valorado sus peculiaridades”. De hecho, continúa diciendo que a veces ingresan sin un diagnóstico previo claro, de modo que es ya dentro del centro cuando se realiza.

A eso se suma que, en la mayoría de los casos, estos presos cumplen condenas cortas y arrastran una situación de fuerte aislamiento: “En el caso de la enfermedad mental, incluso tienen orden de alejamiento de sus familias”.

Por ese motivo, recalca el papel de los programas específicos de intervención y acompañamiento social dirigidos a este colectivo. En Albolote, además del módulo especializado, se trabaja con herramientas concretas como el Programa Puente Extendido, orientado a facilitar la integración fuera de prisión. También destaca el Programa Alianzas: una guía de intervención de trabajo social en programas de tratamiento de instituciones penitenciarias. Es decir, busca tejer vínculos con la comunidad cuando no existe apoyo familiar.

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“Aquí lo llevamos los trabajadores sociales, junto con más personas, como podemos, pero no está extendido en todas las prisiones y, francamente, es fundamental”, declara. Según expone, estos recursos permiten preparar la salida, acompañar a la persona y tratar de anclarla a una red social o comunitaria.

Acerca de cómo actúan cuando detectan indicios de discapacidad intelectual al ingreso, se encuentran con una dificultad añadida respecto a la salud mental. Mientras que en este segundo caso sí cuentan con un psiquiatra que emite informes para derivarlos a los equipos de valoración, en discapacidad intelectual no disponen de personal específicamente formado para hacerlo.

Antes, añade, contaban con el apoyo de Plena Inclusión (movimiento asociativo que lucha en España por los derechos de las personas con discapacidad intelectual) para esa misión y, aunque actualmente les ofrecen “cierto soporte”, ya no tienen un programa específico en su prisión. “Ha ido menguando el apoyo. Antes todo fluía mucho más”, dice. Tal como detalla, el resultado es que tardan más en conseguir esos informes y la tramitación de la discapacidad se retrasa. Serrano habla de esperas de casi dos años o más y menciona que, por consiguiente, también se demoran los recursos externos y la preparación de la salida.

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Cruza esta información con la corta duración de las condenas que ha mencionado unas líneas más arriba: “Los plazos, tanto del equipo de valoración de minusvalía como los de dependencia, son bastante largos. Esto es un problema”.

Por su parte, Plena Inclusión afirma a El Confidencial que la cuantía global que reciben a través de la asignación tributaria del 0,7% de la cuota íntegra del IRPF, “no ha disminuido”. “Se ha incrementado cada año. No obstante, se hace a través de una subvención, algo que es graciable y, por tanto, no hay una cantidad fija ni asegurada; podría bajar o subir cada año", apuntan.

Por otro lado, sostienen que han atendido el año pasado a 1.537 personas con discapacidad, y han trabajado en 14 comunidades y 50 centros penitenciarios. Asimismo, comentan que desde su experiencia y viendo la realidad de las prisiones españolas, así como el volumen de personas con discapacidad intelectual a las que atienden y la intensidad de los apoyos que necesitan, “no reciben suficiente financiación”.

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En este aspecto, el trabajador social subraya que, tras 29 años en Instituciones Penitenciarias, el avance en este ámbito ha sido “abismal”. Señala que ahora se están adaptando programas a la discapacidad intelectual, algo que antes no ocurría, que ya existen módulos específicos y que también se ha empezado a abrir la puerta a que personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental accedan a puestos remunerados dentro de prisión. Aun así, considera que esa evolución debería haber llegado “mucho antes”: “La mirada del trabajo social no está presente, pese a que aporta a una visión más global”.

En todo caso, concluye con una idea de principio: las personas presas son ciudadanos de pleno derecho y, aunque atender adecuadamente a quienes tienen necesidades específicas exija más inversión, ese derecho “está ahí y hay que cumplirlo”.