El juicio de los 1.900 millones de euros: por qué Polonia y Rumanía se van a comer las vacunas de Pfizer
El 1 de abril, un tribunal belga falló a favor de la farmacéutica, obligando a Polonia y Rumanía a cumplir con los contratos de compra de vacunas. Pfizer permitirá que reciban las dosis asignadas durante los próximos tres años
Una enfermera administra una dosis de la vacuna contra la COVID-19, en Polonia. (EFE/EPA Marek Zakrzewski)
Seis años después del inicio de la pandemia del covid-19, la compra y suministro de vacunas siguen llevando a personas ante los tribunales. El pasado 1 de abril, el Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, condenó a los gobiernos de Polonia y Rumanía a pagar 1.900 millones de euros a la farmacéutica Pfizer/BioNTech por las dosis de vacunas encargadas por contrato que ni adquirieron ni pagaron. En consecuencia, Polonia debe pagar 1.300 millones de euros a la farmacéutica y Rumanía, 600 millones. Ambos han manifestado su intención de apelar.
Para Pfizer, la decisión del tribunal "refleja la importancia de las obligaciones contractuales que sustentaron la exitosa respuesta europea a la pandemia, basada en el principio de solidaridad entre los Estados miembros", afirma un portavoz de Pfizer a El Confidencial. Dice que esperan que, ahora, los Estados miembros "acaten la sentencia del Tribunal".
"Lamentablemente, esto no es una broma del Día de los Inocentes," escribió el primer ministro polaco Donald Tusk, en su cuenta de X, tras conocerse el fallo. El 1 de abril se celebra el día de las inocentadas en algunos países. En el post, criticó al anterior gobierno, "que encargó vacunas contra el covid-19 que no recogió ni pagó".
El primer ministro polaco, Donald Tusk (derecha), durante una reunión del gobierno en marzo de 2026. (EFE/EPA Pawel Supernak)
La ministra de Sanidad polaca, Jolanta Sobierańska-Grenda, ha comparado el importe que deberán pagar a Pfizer con "el coste anual de los medicamentos para pacientes con cáncer" o "el gasto anual de la formación de los médicos residentes", como declaró en rueda de prensa. El mismo día en que se publicó la sentencia, el Ministerio de Salud polaco emitió un comunicado, en el que se expresaba la intención del gobierno del presentar una apelación y, si es necesario, un recurso de casación. El gobierno espera la notificación oficial de la sentencia. Entonces, tendrán 60 días para presentar una apelación.
Mientras que, en Rumanía, donde deberán pagar 3.000 millones de Lei (600 millones de euros) "sin incluir las penalizaciones", precisó el Ministro de Salud rumano, Alexandru Rogobete, en su cuenta de Facebook, "estamos hablando del equivalente a un nuevo gran hospital", lamentó. "Se está negociando para que la cantidad que Rumanía debe pagar se pueda transformar en otros productos útiles para nuestro sistema sanitario, pero los ministros proporcionarán más detalles al respecto", afirmó el presidente rumano, Nicusor Dan, el 7 de abril, citado por la agencia Agerpres.
Desde Pfizer especifican, por correo a El Confidencial, que la sentencia "no obliga a los Estados miembros a recibir las dosis de vacuna no deseadas" sino que "permite al gobierno recibir las dosis asignadas que desee durante los próximos tres años, según un calendario acordado", puntualizan. "Si el Gobierno polaco o rumano realiza un pedido, Pfizer suministrará las formulaciones actualmente autorizadas de la vacuna contra la covid-19 de Pfizer/BioNTech", añaden.
La compra en el punto álgido de la pandemia
El caso se remonta al contrato que la Comisión Europea firmó, en nombre de los estados miembros, con Pfizer, en mayo de 2021. Fue en el punto álgido de la pandemia y en un momento de incertidumbre.
En junio de 2020, la UE lanzó una estrategia de adquisición de vacunas y, Bruselas negoció y firmó los contratos con las farmacéuticas para la compra conjunta de vacunas para los 27 países de la UE. Así, la Comisión compró las dosis en nombre de los Estados miembros, a través de contratos, en los que, por tanto, los Estados eran las contrapartes de los fabricantes "en lo que respecta al pago, los formularios de pedido y la recepción de dosis", especifica el Tribunal de Cuentas Europeo, en un informe sobre la eficacia en la adquisición de vacunas.
"La compra conjunta de vacunas por parte de la Comisión Europea fue lo indicado; lo que había que hacer", matiza a El Confidencial, Daniel López Acuña, exdirector de Acción Sanitaria en Situaciones de Crisis de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Admite que la Comisión no tenía experiencia en ello y, "pudo haberlo hecho mejor, pero hizo lo correcto" para activar una iniciativa multipaís que eliminase "la competencia egoísta de países europeos individuales tratando de darse codazos para quedarse con las pocas vacunas disponibles". Por ejemplo, explica que "hay experiencias muy positivas de la OMS y de la Organización Panamericana de la Salud de Fondos Rotatorios para la compra conjunta de vacunas y de medicamentos e insumos para la lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la Malaria.
Así, a finales de 2021, Bruselas había firmado contratos por valor de 71.000 millones de euros, asegurando la prioridad en la compra de hasta 4.600 millones de dosis. Y, pese a cierta escasez de suministros en la primera mitad de 2021, a finales de ese año se habían entregado casi 952 millones de dosis de vacunas a los Estados miembros de la UE y el 80% de los adultos de la UE se habían vacunado, según el Tribunal de Cuentas.
En virtud del acuerdo, Polonia y Rumanía, al igual que el resto de países, se comprometieron a adquirir un determinado número de dosis. El problema es que, en estos países, la población se vacunó muy poco, pero se encargaron muchas dosis.
A finales de 2021, en Rumanía, apenas se habían vacunado contra el covid-19 la mitad de los adultos (un 48,9%).Fue uno de los países de la UE que menos se vacunó, solo superado por Bulgaria (33,2%). En Polonia, en esa fecha, los adultos vacunados apenas llegaban al 64,6% comparado al 84,9% de España, el 86,7% de Francia o el 93,6% de Portugal.
Así, en 2022, Polonia y Rumanía se negaron a cumplir con partes del acuerdo de compra, justificando "la naturaleza cambiante de la pandemia y el impacto económico de la guerra en Ucrania". Y, en septiembre de 2023, Pfizer inició acciones legales contra Polonia, Rumanía y Hungría por incumplimiento de contrato. El juicio entre Pfizer y Hungría está previsto para el 16 de abril.
"Tras prolongados incumplimientos contractuales, Pfizer tomó la difícil decisión de iniciar acciones legales ante el Tribunal belga en 2023 contra Rumanía y Polonia, respectivamente", afirma el portavoz de Pfizer. Asegura que la farmacéutica buscaba que Rumanía y Polonia cumplieran sus compromisos con respecto a los pedidos, en el marco del contrato de suministro a la Unión Europea, "en el que Pfizer asumió compromisos sin precedentes en cuanto a garantías de volumen, producción en Europa y otros aspectos".
López Acuña cree que, para evitar el despilfarro, "los países europeos deberían haberse atenido a los términos de los contratos". Dice que, si no utilizaban algunas dosis por falta de respuesta de la población o por ineficiencia de sus programas, deberían haberlas guardado como parte de su reserva estratégica o podían haberlas donado o vendido a países que no podían acceder a ellas en el mercado o al mecanismo mundial COVAX.
"Si algo mostró la pandemia del Covid-19 fue la insuficiencia de los mecanismos europeos y mundiales para garantizar una seguridad sanitaria común, más allá de las fronteras nacionales, para responder con eficacia y de modo coordinado", lamenta López Acuña. "Igual de preocupante ha sido, continúa, "la cortedad de miras y dispositivos eficaces para lograr un acceso universal equitativo a las vacunas que, son "el medio más importante con el que contamos".
"Almacenes llenos de millones de dosis caducadas"
Desde el gobierno rumano, para Alexandru Rafila, el exministro de Sanidad que tomó la decisión de suspender la compra de vacunas a Pfizer,la decisión de dejar de adquirir 29 millones de dosis de la vacuna contra el covid-19 "fue la correcta", argumentó, en un post en Facebook, en el que detalla que hubo numerosas rondas de negociaciones con Pfizer y la Comisión Europea para encontrar "una solución equilibrada".
"Hubiera sido un grave error destinar el presupuesto sanitario a reservas innecesarias, que posteriormente se habrían destruido, solo para encubrir errores del pasado", agregó. "Almacenes llenos de millones de dosis caducadas, un compromiso de compra adicional de 39 millones de dosis firmado en mayo de 2021 y, al mismo tiempo, un interés decreciente de la población por la vacunación", expuso.
Las cuentas del gobierno rumano
En noviembre de 2020, Rumania firmó el primer contrato, para recibir 12.780.000 dosis de la vacuna y, en febrero de 2021, un segundo contrato, para otras 12.315.000 dosis. En total, Rumania realizó 4 pedidos: dos en diciembre de 2020, uno en marzo y otro en abril de 2021, "todos pagados en su totalidad", puntualiza Robogete, por unos 1.200 millones de lei (unos 230 millones de euros). Posteriormente, un tercer contrato se firmó en mayo de 2021, para 39.000.000 de dosis, "aunque no se habían utilizaron todas las dosis de los dos primeros contratos", continúa. Y, "si bien es cierto que en mayo de 2021 desconocíamos la evolución de la pandemia, era evidente que, en mayo de 2021, sabíamos con certeza que la población del país no se duplicaría", ironiza.
Una niña rumana, Laura-Maria, se vacuna del Covid-19 en un centro de vacunación de Bucarest, en el lanzamiento de la campaña de vacunación para niños entre 5 y 11 años con Comirnaty-Pfizer BioNTech (EFE/EPA Robert Ghement)
Así, en enero de 2022, Rumanía transfirió dosis a otros países: a Alemania (5.000.000) y a Hungría (1.500.000). Y, de la cantidad restante, Rumanía encargó 3.700.000 dosis. Sin embargo, por contrato, aún quedaban vacunas que Rumanía debía recibir: "29.000.000 de dosis que no se encargaron ni se entregaron", matiza el exministro. Esas vacunas son las que no se recibieron ni pagaron y el origen de la disputa por un monto de 3.000 millones de lei (unos 600 millones de euros).
En Rumanía, la adquisición de vacunas durante la pandemia también está siendo investigada por la Dirección Nacional Anticorrupción (DNA). El exprimer ministro Florin Cîţu, los exministros de Salud Vlad Voiculescu e Ioana Mihăilă, y el exsecretario de Estado del Ministerio de Salud, Andrei Baciu, enfrentan cargos penales por abuso de poder. La investigación comenzó a finales de 2023 y, desde entonces, la fiscalía no ha divulgado información sobre el estado del caso.
En Polonia, el debate sobre el fallo también coincide con una disputa política, ya que las vacunas de Pfizer fueron encargadas por el gobierno de Mateusz Morawiecki –del partido ultraconservador Ley y Justicia, PiS–, ahora en la oposición. El ministro Domański acusó a sus predecesores de negligencia: "La decisión de rescindir el contrato para el suministro de vacunas a Polonia no la tomó la Comisión Europea ni Bruselas, sino el gobierno de PiS". El primer ministro Donald Tusk hizo declaraciones similares.
Konrad Korbiński, director general del Ministerio de Salud, señaló que en 2021 Polonia ya había contratado aproximadamente 109 millones de dosis de vacunas, y aun así el gobierno firmó tres contratos adicionales para comprar 92 millones de dosis. Según él, Polonia podría haberse retirado del contrato posterior, pero el Ministerio de Salud no aprovechó esta oportunidad. Un informe de la Oficina Suprema de Auditoría indicaba una sobreestimación del número de vacunas necesarias en Polonia y se ha presentado una denuncia ante la fiscalía. La investigación comenzó en enero de 2026. Mientras, los políticos del PiS acusan al gobierno actual de hipocresía y señalan que, durante la pandemia, el partido de Tusk impulsó la compra rápida de vacunas.
Para, López Acuña parte de los problemas de abastecimiento experimentados han sido enfrentados en los últimos años con la aprobación del Tratado Pandémico de la OMS y con las transformaciones en el seno de la Comisión Europea, pero "estamos muy lejos" de alcanzar lo que deberíamos haber construido a lo largo de las últimas décadas: "Bienes públicos europeos y mundiales en materia de salud pública que permitan trascender los limites egoístas de una lógica de Estado-Nación cuando nos enfrentamos a una amenaza que trasciende fronteras".
Independientemente del resultado de la apelación, los gobiernos polaco y rumano deberán reservar fondos para cubrir la sentencia, puesto que es ejecutable de inmediato y la apelación solo puede presentarse después. Además, Polonia debe prepararse para recibir 64 millones de dosis de vacunas en los próximos tres años. Lo más probable es que estas se destruyan. En Polonia, solo se vacunan contra la covid-19 unos cientos de miles de personas al año.
Seis años después del inicio de la pandemia del covid-19, la compra y suministro de vacunas siguen llevando a personas ante los tribunales. El pasado 1 de abril, el Tribunal de Primera Instancia Francófono de Bruselas, condenó a los gobiernos de Polonia y Rumanía a pagar 1.900 millones de euros a la farmacéutica Pfizer/BioNTech por las dosis de vacunas encargadas por contrato que ni adquirieron ni pagaron. En consecuencia, Polonia debe pagar 1.300 millones de euros a la farmacéutica y Rumanía, 600 millones. Ambos han manifestado su intención de apelar.