Sanidad apremia a Atrys y a la SEOM un año después del caso de las presiones a oncólogos

Se cumple un año del escándalo surgido en la sanidad privada por las limitaciones a la prescripción de los tratamientos oncológicos más caros, o la derivación de los enfermos a la sanidad pública, y la situación está lejos de resolverse. Además, la investigación abierta entonces por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) genera serias dudas en el sector y las versiones de los actores afectados no son coincidentes: Ministerio de Sanidad, grupos parlamentarios, asociaciones de pacientes, organizaciones médicas oncológicas y, lo más importante, la empresa señalada, Atrys Health Bienzobas, intermediaria entre las aseguradoras y las mutuas.

Asimismo, entre los profesionales del sector continúa el ruido ante unas prácticas que, según ha podido recabar El Confidencial, no han desaparecido. “La investigación de SEOM es una cortina de humo”, denuncian a este periódico oncólogos de distintos hospitales de toda España. Es más, el Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC) asegura que aún siguen registrando quejas de pacientes relacionadas con las dificultades para acceder al tratamiento más adecuado para su enfermedad, lo que refuerza la necesidad de máxima claridad y garantías en este ámbito.

GEPAC dice que sigue recibiendo quejas y oncólogos de toda España denuncian que "la investigación de SEOM es una cortina de humo"

En este sentido, preguntados por El Confidencial, desde el Ministerio de Sanidad afirman que ya han pedido a SEOM las conclusiones de su investigación, pues aseguran que aún no se las ha remitido. En este sentido, los pacientes de GEPAC revelan su “extrañeza” porque el entonces presidente de SEOM, César Rodríguez Sánchez, les dijo que serían incorporados a las reuniones con Atrys, y transcurrido un año, tan solo han sido convocados a una reunión posterior, y de carácter informativo. Por ello, manifiestan su “preocupación” por la “falta de transparencia” en torno al informe final de la investigación y a los déficits identificados. Del mismo modo, consideran imprescindible conocer estos elementos con el fin de valorar si las medidas adoptadas son suficientes para garantizar que las decisiones clínicas se tomen exclusivamente en base al mejor interés del paciente.

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Preguntados al respecto, desde SEOM aseguran que efectivamente en este tiempo se han mantenido reuniones con Atrys y que “se ha mejorado el proceso en cuatro puntos fundamentales”. Respecto a la transparencia, aseguran que “las valoraciones de los tratamientos están firmadas por profesionales”. Además, subrayan que se ha creado un canal de comunicación directa, de manera que se ha habilitado un número de teléfono para que los médicos prescriptores puedan contactar con los asesores cuando precisen información adicional sobre alguna solicitud en curso. En tercer lugar, en relación con los tiempos de respuesta de las aseguradoras, “se ha acordado el establecimiento de un protocolo específico para garantizar un diálogo ágil y eficaz, garantizando una respuesta en un tiempo no superior a 48 horas”. Y, por último, se exige una “referencia clara” a guías clínicas y evidencia científica: es decir, se ha acordado indicar las fuentes, referencias bibliográficas y la inclusión de la documentación respecto a la evidencia científica de otros tratamientos respecto al propuesto por el oncólogo prescriptor.

Según los oncólogos consultados por El Confidencial, las conclusiones de SEOM no son del todo ciertas. Por una parte, es verdad que "ahora firman sus documentos", aunque "antes muchas veces también lo hacían". Asimismo, explican que el tiempo de respuesta "nunca ha sido un problema", dado que siempre suelen hacerlo antes de 48 horas. "El problema no es cuándo se responde, sino qué se responde". Igualmente, niegan que exista un teléfono de contacto y aseguran que en los documentos que remiten no consta. Por último, respecto a las referencias, los oncólogos preguntados aseguran que "prácticamente nunca" hacen referencia a bibliografía de calidad y con nivel de evidencia "adecuado". "En ocasiones dicen que la guía NCCN, por ejemplo, admite como adecuadas tanto las opciones que ellos dicen como las que dice el prescriptor. Al 95% de las ocasiones esto es falso", subrayan.

Los pacientes denuncian que la SEOM los ha excluido de las reuniones con Atrys

Por su parte, Atrys explica que durante este tiempo se ha trabajado con "buenas relaciones con todos los organismos". Según aseguran, en el caso concreto de la SEOM, la última reunión tuvo lugar en marzo y siguen "trabajando conjuntamente con un enfoque de consenso y total transparencia en el proceso asistencial, garantizando la mejor atención posible a los pacientes".

Ante esta evidente discrepancia, GEPAC ha solicitado mantener reuniones al más alto nivel institucional, incluyendo una audiencia con la Reina. Además, recuerdan que siguen a la espera de que el presidente de la Comisión de Sanidad del Congreso, Agustín Santos Maraver (Sumar), cumpla su compromiso de citar a la compañía Atrys; tal y como se comprometió antes del verano en unas jornadas públicas celebradas en la Cámara Baja y a las que no acudió nadie en representación de SEOM. El entonces vicepresidente, Javier de Castro, que alegó causas personales para ausentarse, es hoy el presidente de la sociedad. El objetivo de GEPAC, asegura su presidenta, Begoña Barragán, es “avanzar en soluciones que refuercen la independencia clínica y la confianza de los pacientes”.

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El Confidencial ha preguntado también al Grupo Parlamentario de Sumar, coalición de partidos a la que, además, pertenece la ministra de Sanidad, Mónica García. Explican que este tema se empezó a hablar “antes del verano”, pero a la vuelta del mismo es “cuando los trabajos se empezaron como tal”. Aseguran que, tras hablar con la empresa afectada de las acusaciones, con las empresas privadas sobre los mecanismos de control y con los departamentos de oncología, “hay una idea compartida con asociaciones de pacientes de cáncer de dónde está el problema, que es de valoración del sector privado que funciona diferente al sector público”.

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“Ahora”, añaden, “lo siguiente es ver hasta qué punto es posible regular los mecanismos de control del sector privado, y eso forma parte de la reforma de la ley sobre la regulación del sector privado”. Así, Sumar apunta a la regulación y recuerda que esa norma está ya en trámite del Consejo de Estado, antes de llegar a la tramitación parlamentaria. Otra cuestión es si dará tiempo a hacerlo en esta legislatura, a la que le quedan un máximo de 15 meses y en la que el Gobierno no cuenta con mayoría parlamentaria. Aun así, desde Sumar se insiste en que el trabajo previo de focalización del problema, de hablar con pacientes, sociedades y la empresa, “está hecho” y, además, el Ministerio de Sanidad “ha hecho su parte al proponer una nueva ley de gestión”. Es, por tanto, el momento de las asociaciones y los partidos.

Menos de dos meses después de que el escándalo saltara a la luz pública, el Consejo de Administración de Atrys tomó la decisión de apartar a su CEO, Isabel Lozano, y a su presidente ejecutivo, Santiago Torres. En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía explicó que ambos habían sido destituidos de sus cargos, pero seguirían vinculados a la firma, aunque en puestos no ejecutivos. La nueva CEO es Marian Isach, hasta entonces directora de la división de Oncología.