No toda la culpa es de Mónica García: ¿quién puede realmente mejorar las condiciones de los médicos?

Este lunes comienza una nueva semana de huelga de médicos en España. La protesta, convocada por sindicatos del gremio, vuelve a situar en el centro del debate el Estatuto Marco que está preparando Mónica García, la norma que regulará las condiciones laborales del personal sanitario del sistema público.

La principal reivindicación del colectivo es la creación de un estatuto específico para ellos, algo que el Ministerio de Sanidad ha rechazado en varias ocasiones. La ministra ha reiterado que no habrá una regulación diferenciada para este colectivo, defendiendo que el Estatuto Marco debe seguir siendo la norma común para todo el personal sanitario. De hecho, en enero ya llegó a un acuerdo sobre esta norma con los principales sindicatos, indicando que también estaban representados los doctores, y dio por cerrado el debate.

Con la demanda de un estatuto propio como telón de fondo, las movilizaciones agrupan otras reivindicaciones que afectan directamente al día a día de los facultativos: reducir las horas de guardia, mejorar los salarios o revisar el régimen de incompatibilidades con la sanidad privada.

En el debate público, la presión de los doctores suele dirigirse hacia Mónica García como principal responsable política. Pero la pregunta clave es otra: ¿quién tiene realmente la capacidad de mejorar las condiciones laborales de los médicos en el día a día?

Un sistema muy descentralizado

Para José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud en la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III, la respuesta pasa por entender cómo está organizado el sistema sanitario español.

Repullo recuerda a El Confidencial que la sanidad es una competencia altamente descentralizada, lo que significa que buena parte de las decisiones sobre las condiciones laborales de los profesionales dependen de las comunidades autónomas.

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“Tanto la administración central como las comunidades autónomas tienen capacidad de gestionar y mejorar las condiciones laborales de los profesionales”, explica. Sin embargo, matiza que el peso no está repartido por igual: “Una comunidad autónoma que haga bien su trabajo tiene un 75% de posibilidades de mejorar la situación de los profesionales, frente a lo que podría ser el marco regulatorio estatal de un 25%”.

Explica que el motivo es que el Estado fija principalmente el marco general del empleo estatutario, mientras que las autonomías gestionan la mayor parte del funcionamiento cotidiano del sistema sanitario.

Qué regula realmente el Estado

El Estatuto Marco regula la relación laboral del personal estatutario del sistema público de salud, una figura que se sitúa a medio camino entre el régimen funcionarial y el laboral. Sin embargo, Repullo subraya que la normativa estatal solo fija las retribuciones básicas, similares a las de los funcionarios. “En realidad, solo condiciona lo que llamamos retribuciones básicas: el sueldo base, el complemento de destino y la antigüedad”, desarrolla.

El resto de elementos que determinan el día a día profesional dependen en gran medida de las comunidades autónomas. Ejemplifica con que “las retribuciones complementarias son objeto de regulación por parte de la comunidad autónoma y ahí, por ejemplo, estaría el pago de las guardias”. Eso incluye aspectos clave de las reivindicaciones actuales de los médicos: cómo se pagan las guardias, los complementos salariales o la carrera profesional.

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Una prueba de la capacidad de los gobiernos regionales para mejorar las condiciones de los facultativos se vivió en Asturias en la anterior semana de huelga. Las presiones de las jornadas de parones llevaron a que la Consejería de Salud del Principado concediera mejoras retributivas a los médicos, redujera un 60% la penalización a los facultativos que compatibilizan la actividad en la sanidad pública con el ejercicio privado o contemplara una mayor flexibilidad en la organización de guardias de 24 horas. Un pacto que puso fin a la huelga.

Guardias largas y mal pagadas

Precisamente, las guardias son uno de los puntos más conflictivos del debate actual. El Ministerio ha planteado introducir límites a las jornadas y a los tiempos de descanso, pero el problema va más allá de la duración.

Repullo señala una anomalía que afecta directamente a las condiciones laborales de los médicos. “La hora de guardia, curiosamente, a diferencia de las horas extraordinarias en el mundo laboral, se cobra menos que la hora ordinaria”, explica. Sin embargo, recuerda que las comunidades autónomas podrían corregir esa situación si lo consideraran oportuno, ya que tienen capacidad para fijar esas retribuciones.

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Un ejemplo de cómo pueden las regiones mejorar estas condiciones lo encontramos en Galicia. La semana pasada la Xunta anunciaba que le subiría el sueldo a los doctores de urgencias hospitalarias y este miércoles el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, detallaba en el Parlamento que las mejoras retributivas ofertadas a estos facultativos suponen “un promedio de 3.560 euros más al año para cada profesional” y que se sumarían a los aumentos salariales “aprobados para los empleados públicos”.

Por todo ello, el experto en economía de la salud defiende que muchas de las mejoras que reclama el colectivo médico requieren acuerdos entre el Gobierno central y las autonomías, lo que denomina un modelo de “cogobernanza”.

Más allá del reparto de competencias

No todos los expertos ponen el foco únicamente en el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas. Juan José Bestard Perelló, director general de Organización y Planificación del Insalud entre 1996 y 1999, considera que el problema es más profundo y tiene que ver con el propio diseño del sistema sanitario.

Explica a este periódico que el Sistema Nacional de Salud está “mal configurado”, lo que provoca que nadie asuma realmente la responsabilidad sobre la planificación y las condiciones de los profesionales sanitarios. “¿Quién es el responsable de que en España no haya médicos?”, plantea. “Tendría que haber alguien que se responsabilizara de que mañana hubiera más médicos”, añade Bestard, que también es doctor en Derecho y médico especialista en Medicina Preventiva.

En su opinión, esa falta de un responsable claro lleva a que las reformas se limiten a soluciones parciales. “Nadie se responsabiliza del tema de los profesionales sanitarios y se ponen parches”, sostiene.

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Bestard también cree que el Ministerio de Sanidad debería asumir un papel más activo para resolver el conflicto actual con los facultativos. “El Ministerio debería hacer un esfuerzo adicional normativo para considerar algunas de las reclamaciones de los médicos”, afirma.

Sin ese cambio en el marco estatal, advierte, el margen de actuación de las comunidades autónomas también es limitado. “Las comunidades se ven muy cogidas por las manos”, considera.

Un estatuto que necesita actualizarse

Sea como fuere, Repullo sí que tiene claro que el Estatuto Marco necesita una reforma profunda. La norma actual data de 2003 y el sistema sanitario ha cambiado notablemente desde entonces. “El Estatuto Marco hay que retocarlo, eso está claro”, afirma, recordando que la organización sanitaria y el trabajo médico han evolucionado en las últimas décadas.

Tiene claro que la actualización debería servir para abordar cuestiones como los límites a las jornadas y las guardias, algo que afectaría tanto a la seguridad de los pacientes como a la calidad de vida de los profesionales. “Básicamente, habría que intentar conseguir limitaciones colectivas a lo que serían jornadas y tiempos de guardias”, plantea.

También cree que sería útil crear un espacio específico de negociación para los facultativos, dado que su trabajo tiene características particulares: “El profesional médico tiene una enorme responsabilidad en la toma de decisiones… por lo tanto, vendría bien que tuviera un ámbito específico para desarrollar su propia especificidad”.