El Gobierno acelera el acceso a la sanidad pública para inmigrantes en situación irregular

El Gobierno ha dado luz verde al real decreto con el que busca blindar la atención sanitaria pública para las personas extranjeras que viven en España sin residencia legal. La norma, aprobada este martes por el Consejo de Ministros, fija un procedimiento común en todo el país para reconocer el derecho a la asistencia con cargo a fondos públicos y pretende reducir las diferencias de acceso entre comunidades autónomas.

El nuevo marco simplifica los trámites: bastará con una declaración responsable en la que el solicitante indique que no dispone de cobertura sanitaria por otra vía, que no puede exportar ese derecho desde su país de origen y que no existe un tercero obligado al pago de la asistencia. Además, la residencia habitual podrá acreditarse no solo con el empadronamiento, sino también con documentos alternativos, como certificados de escolarización, informes de servicios sociales o facturas de suministros.

Uno de los cambios más relevantes es que la solicitud activará desde el primer momento un documento provisional con validez en cualquier comunidad autónoma, lo que permitirá acceder de forma inmediata a la asistencia sanitaria mientras se resuelve el expediente. La Administración tendrá un plazo máximo de tres meses para dictar resolución, y si no responde en ese tiempo, la petición se entenderá estimada por silencio administrativo.

El decreto refuerza también la cobertura de los colectivos especialmente vulnerables. Mantiene el acceso garantizado para menores y embarazadas, incorpora protección específica para víctimas de violencia de género, violencia sexual y trata, y extiende el derecho a personas solicitantes de protección internacional o temporal. El texto incluye, además, medidas de accesibilidad para personas con discapacidad y regula un informe social para acreditar situaciones de especial vulnerabilidad.

TE PUEDE INTERESAR

El sistema sanitario madrileño soporta 60.000 inmigrantes ilegales más en un año: de 134.000 a 190.000

Borja Negrete

La norma amplía asimismo la asistencia sanitaria a los españoles de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante estancias temporales en España, siempre que no tengan cobertura por otras vías. Junto a ello, establece mecanismos de control para evitar usos indebidos de fondos públicos: si la solicitud acaba siendo denegada, podrá reclamarse el coste de la asistencia prestada, y si se detectan falsedades en la declaración responsable, la Administración podrá anular el documento provisional y exigir el reintegro de las prestaciones.

Como medida adicional de equidad, el real decreto equipara la exención de copago farmacéutico con la prestación ortoprotésica, de manera que quienes no deban pagar medicamentos tampoco tendrán que asumir aportaciones por productos de ortopedia o prótesis financiados por el Sistema Nacional de Salud. Según el Ministerio, el objetivo final es consolidar la universalidad del sistema y garantizar la atención en condiciones de igualdad territorial.