El frente anti Mónica García y su nueva ley contra la sanidad privada

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de ley de gestión pública sanitaria, al que ha tenido acceso El Confidencial, en el que ha incluido la derogación de las fórmulas de gestión privada en el sistema sanitario.

Una iniciativa del Ministerio de Sanidad que contempla la derogación de la normativa aprobada en 1997 durante el Gobierno de José María Aznar, que sirvió de marco para modelos de concesión y gestión indirecta implantados en algunas comunidades autónomas.

En concreto, el Gobierno prepara la Ley de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud, que introduce límites y condiciones más estrictas para que los hospitales públicos puedan ser gestionados por entidades privadas, y refuerza los mecanismos de control del gasto y la supervisión de los conciertos.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra del ramo, Mónica García, ha definido este texto como "un triunfo de la sociedad civil y las demandas ciudadanas desde hace años", que “va a proteger y blindar nuestro sistema de salud de las garras especuladoras y las garras privatizadoras". Una medida que ha explicado que se pone en marcha siguiendo el lema "la sanidad no se vende, la sanidad se defiende".

A pesar de los aires gloriosos de la ministra, que ha recordado también su época activista, la oposición a la medida no ha tardado en aparecer desde varios frentes.

El PP: "Quieren acabar con la sanidad”

Las regiones del Partido Popular no han tardado en revolverse contra la medida. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha valorado que el Gobierno actúa "amenazando, mintiendo e imponiendo". "Quieren ahora acabar con la sanidad en la Comunidad de Madrid llevándonos a la revolución prácticamente, a que nada funcione en una región que no deja crecer en habitantes y que tiene que afrontar un reto como el del envejecimiento", ha señalado este martes poco después de conocerse la noticia. Un día después, en la mañana de este miércoles, el gobierno regional ha anunciado que llevará a los tribunales esta ley.

Asimismo, Ayuso se ha preguntado si lo que quieren conseguir es "acabar" con la Fundación Jiménez Díaz y decirles a los pacientes que "se equivocan cuando eligen" estos hospitales. "¿Qué van a hacer en Cataluña, por ejemplo, donde, mucho más que en la Comunidad de Madrid, se trabaja con este modelo sanitario?", ha ejemplificado.

A pesar de sus palabras, cabe destacar que el anteproyecto de ley no tiene efecto retroactivo. El texto establece un criterio de aplicación temporal: la ley no afectará a los conciertos, concesiones, contratos u otras fórmulas anteriores a su entrada en vigor. Esos acuerdos seguirán rigiéndose por las normas vigentes en el momento en que fueron adjudicados.

Por su parte, el conseller valenciano de Sanidad, Marciano Gómez, ha defendido este martes la colaboración público-privada para "poder satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos": "En Sanidad hay que huir de ideologías".

"Estamos obligados los responsables públicos sanitarios a dar una calidad asistencial, una sanidad pública con alto nivel de eficacia, eficiencia y efectividad, pero si aún así es necesario para poder satisfacer todas las necesidades de los ciudadanos, hay que ir a la colaboración público-privada sin ningún problema", ha señalado el valenciano ante los medios.

La privada: “Una ley contraria a Europa”

La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) ha manifestado su rechazo frontal: “Una iniciativa que constituye un ataque dogmático a la libertad de gestión de las competencias sanitarias de las comunidades autónomas y que nace con el declarado objetivo de prohibir, limitar y/o condicionar los distintos modelos de colaboración público-privada que el ordenamiento jurídico desde hace tres décadas ha puesto legítimamente a su alcance”.

Desde ASPE resumen que “el Gobierno lanza la ‘ley anti-sanidad privada’, contraria al acervo europeo en gestión sanitaria y que invade competencias autonómicas”.

“En sanidad, las decisiones ideológicas siempre se traducen en consecuencias reales para las personas”, ha subrayado la presidenta de la Alianza, Herminia Rodríguez.

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Por su parte, el Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (Fundación IDIS), entidad constituida por las principales empresas e instituciones del sector sanitario y sociosanitario de España, ha reiterado “la aportación del sector a la propia sostenibilidad del sistema de salud, así como su firme compromiso con una colaboración público-privada transparente y eficiente, con el objetivo de garantizar la accesibilidad, la calidad y la mejor atención sanitaria posible en beneficio del paciente”.

Ellos mismos resumen que consideran “que es importante y necesario contar con prácticas de gestión de los recursos de la administración pública que permitan incrementar la productividad y la eficiencia, con el objetivo de cumplir con los desafíos sanitarios y los objetivos de salud de nuestra sociedad. A medida que crecen las demandas asistenciales y la complejidad clínica, resulta fundamental aprovechar todos los recursos disponibles, tanto públicos como privados, para garantizar un sistema sanitario robusto y sostenible, en beneficio de los pacientes”.